El Vaticano es especialista en mirar para otro lado, cuando no le interesa complicarse la vida

Cuando hablamos del Vaticano no nos referimos, necesariamente, al Papa. Hay tantos intrínculis y recovecos en el Vaticano, tanto en el sentido Físico, como, sobre todo, de Institución, que no podemos ni imaginar que el Papa esté ocupado en todas y cada una de las aventuras, que son centenas al día, que suceden en toda la Iglesia. Además, el Vaticano tiene varias facetas. Si nos fijamos en dos de ellas, ambas importantes, pero bien delimitadas y definidas, diremos que el Vaticano es, al mismo tiempo, uno de los casi doscientos Estados, como unidades políticas, que hay en el mundo, y, por otra parte, es el centro desde donde se dirige y gobierna, veces con mano de hierro, el conjunto de la Iglesia que, para entendernos, depende de Roma. Pues bien, hace unos días, el cinco de este mes de enero, el recientemente nombrado portavoz del Vaticano, Alessandro Gisotti, afirmó: “Sobre el traslado de los restos de Franco no tengo nada que agregar con respecto a lo ya afirmado por la Santa Sede, o sea, que el asunto concierne a su familia, al Gobierno español y a la Iglesia local”. Sobre el asunto se había pronunciado, con motivo de la visita de la vicepresidenta  Carmen Calvo Poyato , El secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, que había sido lo suficientemente ambiguo como para entender lo que interesaba a cada uno de los comentaristas, algo, por otra parte, muy común en el Vaticano.

A mí, desde luego, no me convence esta explicación, no me parece acertada la apreciación de la Santa Sede. Ésta, como sabemos, firmó el famoso concordato con el Gobierno de Francisco Franco, allá por el  año 1953, que dio el respaldo internacional que Franco  buscaba desde el fin de la guerra civil para su régimen dictatorial. No se trata, pues, de un ciudadano cualquiera e inexpresivo de un  país mayoritariamente católico, sino de un dictador que pretendió, y lo consiguió, por lo menos a nivel interno de España, que su golpe militar, que causó una tremenda guerra entre hermanos, fuese considerado una Cruzada de salvación de las “esencias cristianas patrias”, y así lo presentaron nuestros obispos, hasta llegar al demencial comportamiento, verdaderamente sacrílego, de conducir bajo palio al Dictador a la entrada del templo, para la participar de una celebración sacramental. El referido Concordato ayudó a Franco, y a sus admiradores obispos, a montar esa Cruzada redentora, que durante el pontificado de Pío XII tuvo carta de ciudadanía.

Gracias a Dios, por lo menos en el sentir de muchos creyentes, que tanto Juan XXIII, como Paulo VI, se negaron a aceptar el que ya era un hecho consumado, e hicieron ver de manera directa e indirecta, como, por ejemplo, frenando las causas de beatificación-canonización, que recaían siempre en miembros que, no por casualidad, pertenecían siempre a la misma parte contendiente. El régimen franquista no se entendió bien con estos dos grandes papas del siglo XX, y hasta puso obstáculos a la publicación de la encíclica “Populorum Progresio“, que solo resultó fácil encontrar en la publicación eclesiástica “Eclesia”. Es decir, la relación Franco-Vaticano no fue, exactamente, un dulce camino de rosas, para que ahora algunos de sus más altos curiales miren para otro lado, y aseguren que se trata de un asunto interno del Gobierno español, de la Iglesia que vive y cree en España, y de la familia del dictador.

Ya se inhibió, y miró para otro lado, la más alta esfera de la Iglesia, tan alta que denominamos Santa Sede, cuando podría, y no me atrevo decir ¡debería!, porque a pesar de la dureza de mi crítica siempre pienso en el respeto y obediencia que se merecen “los ungidos del Señor”, como dice el Antiguo Testamento (AT), no por sí mismos, sino por la misión que han recibido del Señor. Ahora bien, hemos aprendido, y en este blog lo he recordado a menudo, del Nuevo Testamento, como la corrección fraterna se realizaba sin falsos pudores discretos, para que nadie se enterase, sino con una buna mezcla de amor fraterno y firmeza, para que quedase claro el desvío que se hubiera producido de los valores evangélicos. Por eso los evangelistas ponen en boca de Jesús la terrible diatriba que lanzó a Pedro, “apártate de mi, Satanás, porque (en este asunto) no piensas como Dios sino como los hombres”, y los escritores de los Hechos de los Apóstoles y de las cartas no ocultan su diferencias, o la bronca de Pablo a Pedro por la cobardía e hipocresía, puntuales, sí, de éste. Y “el mirar para otro lado” al que me refiero ahora se trata de la vergüenza que supuso, y supone todavía para el episcopado español, es decir, para la Iglesia en España, la tremenda y nefasta imagen del tirano entrando bajo palio en los templos. Los representantes de los obispos, en la famosa Asamblea conjunta, promovida por el cardenal Tarancón, intentaron, suavemente, pedir perdón, por ese y otros motivos al católico pueblo español, pero a muchos, esa postura coherente y cristiana, no les gustó, a causa de su ideología socio-política. Pero, ¿para cuándo la petición de perdón del Vaticano, a la Iglesia española, por haber tolerado, con un silencio atronador, el agravio sacrílego perpetrado por sus obispos en su penosa sumisión al dictador, tratándolo como a “un ungido del Señor“?

Y queda todavía otro argumento decisivo. Como comenté en la entrada de este blog, del día 03/11/18, titulado “¿Qué la Iglesia no tiene nada que decir de la inhumación de los restos de Franco?, a la Santa Sede, como último garante de que el CIC (Codex Iuris Canonici, “Código de Derecho Canónico”) se cumpla en toda la Iglesia, le correspondería intervenir para que la cripta de la Catedral de la Almudena cumpla el canon c. 1242: “No deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los Cardenales o a los Obispos diocesanos, incluso «eméritos». También comenté en ese artículo que suponía que la Santa Sede habría dado, por los años noventa, la pertinente licencia para que la cripta de la Almudena se financiase con la venta de capillas mortuorias, como excepción a lo ordenado en al citado canon. Considerando todos estos datos, ¿cómo puede afirmar el portavoz vaticano que a la Santa sede no le corresponde intervenir en la exhumación-inhumación de los restos de Franco?

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara  

 

¿Propiedad de los padres sobre los hijos, o sólo “Patria potestad”?

Estoy absolutamente consternado con la virulencia de las afirmaciones de los líderes de los partidos de la oposición en la expresión de sus opiniones sobre ciertos aspectos de los temas polémicos de la actualidad política. Porque son escandalosamente virulentas, y porque son erróneas. Tal vez quieran tapar lo errado de las mismas con el griterío, pero es desmoralizador escuchar al presidente del Partido Popular rebatir al Gobierno que “sus hijos no lo son de ningún socialista, ni comunista, ni populista”, sino de él, suponemos que quiere decir.

Y, por lo que veo, la derecha política,  exagerada  y descompuesta, está contaminando a sus escribas mediáticos, y contertulios radiofónicos y televisivos. Esta mañana he oído en “Al rojo vivo“, de la 6ª, a una periodista (¿?) asegurar que el jaleo central del asunto de “la censura parental”, (eso del “pin” eso una broma infantil), no se debía tanto a VOX, que ha lanzado el tema a la palestra, y a fe que casi todos han picado el anzuelo, y éste ha sido el tema estrella de la semana, sino la “¡barbaridad!” proclamada por la ministra María Isabel Celaá Diéguez de que “los hijos no son propiedad de los padres”.

Lean la Constitución española, art.39, y me digan si hay alguna mínima pista para confundir “Patria potestad“, con “propiedad. O, si no, acudan también a la “Declaración Universal de los Derechos del niño”. Lo que sí es preocupante, y asustador, es que algunas personas que pertenecen al Parlamento, y que nos puedan gobernar, sean tan lerdas y torpes en sus conocimientos jurídicos, a pesar de sus títulos.

Veamos ahora dos definiciones de propiedad:

1. Hecho o circunstancia de poseer alguien cierta cosa y poder disponer de ella dentro de los límites legales
2. Cosa que pertenece a una persona, especialmente si es un bien inmueble, como un terreno o un edificio.
Podemos ver que en ambas definiciones aparece una palabra clave: la propiedad es siempre sobre cosas, nunca sobre personas, pues hace mucho tiempo se ha abolido, oficialmente, el régimen de esclavitud. Pero por lo que vemos, gente que se siente muy honorable y muy importante sigue considerando a sus hijos, por lo visto, como cosas, y, para algunos, incluso en el sentido romano de “ius utendi, ius fruendi, et ius abutendi”: es decir, propiedad, en el sentido romano, superado en nuestro tiempo, es el derecho al uso, al goce, y al disfrute, de las cosas de las que se es propietario. ¡No alarguemos este derecho a las personas, y los niños, los hijos, lo son!
Y busquen también, en l0s diez (10) derechos de los niños y niñas, cualquier atisbo de la cosificación de la infancia, o de la única mención  de los padres, en el  nº 6  en la descripción de los derechos de lo niños:  6. “El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad”.  No exigimos que los políticos de la oposición sean unas lumbreras, pero sí que tengan el mínimo sentido ético, social y jurídico, para no aburrir e impacientar a la ciudadanía con su política de desgaste al Gobierno de la nación, a cualquier precio, en el que todo vale. Y que tengan en cuenta, en el asunto que nos ha mareado toda la semana, el nº 10 de la proclamación de estos derecho de la infancia: 10. “El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal para que más tarde ellos puedan inculcar estos valores”. Parece evidente que muchos políticos de VOX y del PP no han leído, o han olvidado este décimo derecho de nuestros niños.
Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara
 

 

El Pueblo de Dios desea, tiene derecho a una mayor transparencia en las informaciones de la Jerarquía.

Tiene razón José Manuel Vidal, director de Religió Digital, (RE) al afirmar en su artículo de RE, (19/01/2020), que “No es de recibo la opacidad y el misterio en la Iglesia y, menos, en tiempos de Francisco”. Se refería a lo que él mismo describía como “degradación” del obispo titular de Ibiza, monseñor Vicente Juan Segura, de 64 años, muy joven para los parámetros clericales, y qué decir tiene de hace quince años, que, cuando fue promovido a la sede ibicenca, con 49 años, era uno de los más jóvenes prelados de la iglesia española. Todo indicaba que le esperaban grandes vuelos, a pesar de que a su llamativa juventud se sumaba la imagen que de él corría por los mentideros clericales, y que no resultaban especialmente favorables para él, que llegaron hasta la Nunciatura,  y a la romana Congregación de obispos, sin que hubiera reacción por ninguno de los dos lados. De esta suma de factores, se desprendió fácilmente la idea de que gozaba de altas influencias, o, digámoslo menos políticamente, de muy buen predicamento. Por eso llama tanto la atención que un obispo con estos antecedentes, y a su edad, acabe de esta manera degradado de su titularidad episcopal, a la del refugio en una sede, la de Valencia, que algunos han llamado “refugium pecatorum“, por éste, y por otros casos anteriores, de dos obispos que han hecho el mismo recorrido de “rebajamiento”, y que se encuentran en el obispado de la ciudad del Turia.  

En las informaciones que he podido recabar, nadie del mundo periodístico que informa de temas de Iglesia ha insinuado, siquiera, la solicitud de una información exhaustiva que significara un dejación de la protección de los datos de la vida privada, que hoy resulta tan protegida en una sociedad libre y democrática como la nuestra. Nadie, pues, está por la labor de provocar un “escarnio” del protagonista de esta situación tan insólita y desagradable. Pero lo anterior no es un tema que impida que se den algunas explicaciones razonables de un despeñamiento tan brusco y vertiginoso. El “Pueblo de Dios“, en este caso, los fieles de Ibiza y Valencia, tienen derecho a estar informados, sin lesionar la justa exigencia de buen nombre, que a todas personas se les debe.

Desde Roma, de la Congregación de los obispos, han llegado algunas explicaciones, que muchos han  catalogado de tomaduras de pelo, porque significan un desprecio a la inteligencia de los fieles, algo demasiado frecuente em el estilo de desinformación enojosa con la que la Jerarquía eclesiástica desinforma, mientras ellos piensan que regala buenas noticias, ¿generosa y educadamente? a sus sufridos fieles. Este es un tema sangrante, demostración palpable del que, según el Papa, es el mayor problema de la Iglesia: su clericalismo. Pero cada vez es más sangrante, y nos llena de perplejidad, el fenómeno inexplicable de que los que hasta hace muy poco amenazaban y reprendían severamente a los que, según ellos, no obedecían al Papa, ahora son los que, abiertamente, y esto quiere decir, que a la luz del día, y sin ningún tapujo, desobedecen las directrices papales, no hacen caso de sus llamadas a la equidad y a la prudencia evangélica, y se comportan, cada vez con más encono, como supremos e insuperables clericalistas. Es profundamente chocante, por ejemplo, que en la diócesis de Madrid, a la que pertenezco, los más asiduos respetadores y uniformados de todo el protocolo y aparato clerical no somos los más veteranos, como sería de esperar, sino los más jóvenes, recién salidos del seminario, muchos de ellos todavía a la espera de las órdenes sagradas. A los que, parece, no les ha llegado, ni sus formadores les han hecho llegar, las diatribas anticlericales del papa Francisco.  

Ya lo he escrito varias veces, pero nunca es excesivo recordar una de las mayores contradicciones de la Iglesia institución con la esencia del Evangelio, y de las primeras experiencias de la Iglesia primitiva. Y me refiero ahora, exactamente, a la transparencia que vemos ha faltado en el episodio que estamos comentando, del traslado del obispo titular de Ibiza a la diócesis de Valencia como obispo auxiliar. Como tantas y tantas veces, -me atrevo a decir, como la mayoría de las veces en casos similares-, y en general, en los modos y estilos de comunicación de los debates y discusiones de la Conferencia Episcopal Española, (CEE), en la información de la Jerarquía de la Iglesia no sólo a los fieles laicos, o seglares, sino incluso, a los presbíteros, colaboradores directos de los obispos en la obra de evangelización y santificación. En todo ese proceso lo que percibimos es n abuso de poder, clara y meridianamente.  Y esto es una vergüenza, porque denota una nula convicción de la cercanía, casi paridad, de los niveles del sacramento del Orden Sagrado.

Y el escándalo a que me refiero es el siguiente: nos han insistido en los seminarios del mundo entero en que la Iglesia  primitiva es el paradigma perpetuo para inspirar el comportamiento de la Iglesia de todas las épocas. Pues parece que nuestra Jerarquía no ha leído ni los evangelios, ni los Hechos ni las Cartas de los  apóstoles. Y lo digo, y afirmo, y reafirmo, porque en toda la literatura neo testamentaria llama poderosamente la atención la limpia y exquisita transparencia en la comunicación de los fallos de los dirigentes, de la violencia verbal en las polémicas, de la claridad en la reprensión de unos a otros, y de la sinceridad en la información, incluso notariando por los siglos de los siglos estas diferencias en las páginas sagradas de la Sagrada Escritura.

Ejemplos preclaros de lo que estoy diciendo: Pedro nunca ocultó que negó al señor en una noche tremenda y terrible de debilidad y de pavor; tampoco corren una espesa cortina ante el comportamiento desleal de Judas; Pablo no se detuvo ante la denuncia del comportamiento hipócrita y cobarde de Pedro con los cristianos de Antioquía procedentes del paganismo; no ocultan el enfado, injustificado, de Pablo ante la tardanza de Marcos para sumarse a una de las misiones apostólicas del apóstol de las gentes, pues Marcos no tenía ninguna culpa de la tardanza de su barco, y así un montón de ejemplos. (Y retrotrayéndonos al Antiguo Testamento, es gratificante y conmovedor cómo del rey David, el personaje más querido en el mundo y la historia bíblica, no tapan, ni esconden sus pecados, errores, como rey y como persona).

Pues que aprenda nuestra Iglesia jerárquica: desinformando, como hacen, solo provocan que los fieles hagan suposiciones que, con seguridad, son menos benévolas con los problemas de sus prelados que si conocieran algo racional y proporcionado de los mismos. Y dudo de que esos errores achacables a los miembros de nuestra jerarquía alcancen las cotas de gravedad de las que leemos en el Nuevo Testamento, o en la historia de David. ¿Por qué, pues, tanta prudencia, o tanto miedo?

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

 

El colmo de la hipocresía… (¡por lo menos objetiva!)

El obispo auxiliar de Valladolid, y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, (CEE), ha publicado hoy un tuit que me ha dejado estupefacto, descolocado, intrigado, desconcertado, en un primer momento; y, después, indignado, avergonzado, escandalizado, enrabietado, hecho un lío, y beligerante contra el abuso de los opinadores oficiales de la Iglesia, que parecen opinar que pueden decir lo que les viene en gana, sin medir bien las palabras, sin pararse a pensar en la contradicción en que pueden caer. En mi opinión, monseñor Luis Argüello, probablemente sin darse mucha cuenta, y sin pretenderlo, en su santa y acrítica ingenuidad clerical, ha caído, objetivamente, en posiciones desviadas de la verdad, y rozando, -insisto, por lo menos objetivamente, no juzgo lo subjetivo-, en la hipocresía. ¿Qué por qué digo esto, y hago acusaciones que pueden resultar gravísimas? Pues me explico.

Este es el tuit episcopal del portavoz de la CEE: “Los hijos no somos propiedad de los padres, ¡menos del Estado! Tampoco somos propietarios de nuestro cuerpo. No somos cosas. Ser hijo, supone participar de un vínculo, fruto y origen de otros vínculos que respetados y armonizados, hacen posible el bien común, personal y social”. (Mons. Luis Argüello (@MonsArguello, January 19, 2020)

Si a esto añadimos las siguientes cabeceras del artículo de Jesús Bastante en Religión Digital, (RD), tendremos todos los elementos para situar la opinión del portavoz de la Conferencia Episcopal, que, viniendo de quien viene, se puede deducir que, desgraciadamente, es la que defiende la CEE en su conjunto. Estas cabeceras son:

El totalitarismo ha aprendido a elogiar al individuo para someterlo más fácilmente. La familia y ‘la familia de familias’ estorban”, argumenta el ‘número tres’ del Episcopado español.

“Hoy se propone el ideal del individuo desvinculado. Sin vínculos, más autónomo y más libre, para “decidir sobre todo”. La desvinculación nos debilita frente al PODER que viene en ayuda de nuestra debilidad para decidir por nosotros“.

Así que ahora, iré, por orden, desgranando las afirmaciones del portavoz.

1ª)Los hijos no somos propiedad de los padres, ¡menos del Estado! Tampoco somos propietarios de nuestro cuerpo. No somos cosas. Ser hijo, supone participar de un vínculo, fruto y origen de otros vínculos que respetados y armonizados, hacen posible el bien común, personal y social”. 

Como diría un castizo, aquí hay mucha tela que cortar, mucha más de la que se capta a primera vista. En una antropología simplemente humanista, los hijos son vistos no son una propiedad de los padres, sino que éstos solo son su lanzadera al camino de la vida. Son apodícticas en este sentido las bellas palabras del poeta libanés Khalil Gibran: ” «Vuestros hijos no son vuestros hijos.  Son los hijos y las hijas del ansia de la vida por sí misma.  Vienen a través vuestro, pero no son vuestros. Podéis darles vuestro amor, pero no vuestros pensamientos,  porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis abrigar sus cuerpos, pero no sus almas,  pues sus almas habitan en la mansión del mañana,  que vosotros no podéis visitar, ni siquiera en sueños … Sois los arcos con los que vuestros niños, cual flechas  vivas son lanzados al camino del infinito”.

a.1) Este bello texto resume con elegancia poética lo que podemos argumentar sobre el derecho de los padres a arrogarse la propiedad de sus hijos. Ninguna persona es propiedad ni esclavo de otra. Los padres no tienen propiedad sobre los hijos, pero sí la responsabilidad de criarlos, educarlos, y prepararlos para la vida, sobre todo en su primera época de la vida, cuando más frágiles y dependientes son.

a.2) El Estado, como institución organizada para la dirección de los habitantes de una nación, como tal, tampoco tiene títulos de propiedad sobre los niños y adolescentes del país. Pero, como representante de la voluntad popular para dirigir la sociedad que corresponde a ese Estado, tiene la obligación de velar para que esa sociedad, que en el fondo, es la verdadera responsable, -no propietaria, porque las personas, aun las infantiles, no son cosas-, de la salud física, mental, psicológica, cultural, etc, en aras del desarrollo integral de la personalidad, para lo que se dota de un elenco de leyes de obligado cumplimiento. Algunas de ellas se refieren a los currículos escolares, sobre los que los tribunales dificilísimamente, o muy raramente, se han pronuncian respecto a la objeción de conciencia. Es una de las consecuencias del régimen democrático, en el que las leyes son producto del entendimiento entre las mayorías, y el respeto necesario, solo el necesario, a las minorías. Una Democracia ala carta nno se´ria ni el “Gobierno del pueblo”, ni, por tanto, verdadera Democracia.

2ª)El totalitarismo ha aprendido a elogiar al individuo para someterlo más fácilmente. La familia y ‘la familia de familias’ estorban“.

Hablar del “totalitarismo” desde el ángulo jerárquico de la Iglesia es, como mínimo, arriesgado, y para muchos, contradictorio, escandaloso, y hasta casi sarcástico. Quiero recordar que el que esto escribe es un presbítero, popularmente, “cura“, y religioso de la Iglesia, a la que considero, no como organización, sino como Iglesia-Misterio, verdadero signo de salvación para el mundo. Pero no como organización, ni como institución. Porque si este escriba es hombre de Iglesia, tanto o más lo era don Teodoro Ignacio Jiménez Urresti, canónigo de la Catedral de Toledo, y gran profesor de Derecho Canónico, en la Universidad Pontificia de Salamanca, en su sección fundamental de Nomología, que es como el cimiento de todo el Derecho, por tratar de toda su normativa, así como de su interpretación. Pues este gran profesor  nos decía, con su vozarrón de vasco de Bilbao que le daba a veces un matiz de indignación, que el Derecho Canónico no era verdadero Derecho, sino un simple ordenamiento jurídico, pues el Papa es, al mismo tiempo, la autoridad ejecutiva, legislativa, y judicial de toda la sociedad eclesial. Y esta son , justamente, las características esenciales de cualquier totalitarismo, mucho más que el monopolio del poder coercitivo, es decir, de la violencia, algo de lo que la Iglesia también gozó en los años más oscuros, y de más poder. Y es por apartarse de este autoritarismo, que el Papa Francisco es mal visto, y vituperado, y tachado de hereje,  por muchos sectores de la jerarquía de la Iglesia, algunos muy presentes en la propia Conferencia Episcopal Española.

3ª) “Hoy se propone el ideal del individuo desvinculado. Sin vínculos, más autónomo y más libre, para “decidir sobre todo”. La desvinculación nos debilita frente al PODER que viene en ayuda de nuestra debilidad para decidir por nosotros“.

En este aserto vemos el síntoma de una cierta tendencia de la Jerarquía a mirar con sospecha el aumento de libertad y de autonomía del individuo. Con el acento de escándalo al anotar lo de “decidir sobre todo”. Y nos debemos de preguntar por qué asusta a los  prelados de la CEE esta capacidad de decisión de la persona, que cuanto mayor sea, respetando las leyes, las del Estado, es decir, estamos hablando de leyes democráticas, y las de la conciencia, es más beneficiosa y más digna de luchar denodadamente por adquirirla. Respecto a las leyes eclesiásticas, no hace falta ninguna argumentación detallada para concluir que no son normas democráticas, y que el poder del que emanan, tampoco lo es. Y por eso entiendo la ironía con la que el señor Argüello se refiere “al PODER que viene en ayuda de nuestra debilidad para decidir por nosotros”, algo que el “Poder de las llaves de la Iglesia”  hace con misericordia, y el Democrático con fuerza de coacción y con multas. El poder del Estado vienen en ayuda de nuestra debilidad, que suele ser nuestro egoísmo, en casos como: prohibirnos ir a más velocidad de la prudente en las carreteras, no conducir yendo bebido, pagar los impuestos para una justa distribución de la riqueza, no negar la atención y ayuda a la víctima de un accidente, cumplir los contratos, exigir limpieza e higiene en lugares públicos, respetar la libertad y autonomía de las personas, no robar, no matar, no calumniar, no levantar infundios en medios de comunicación, respetar a los diferentes, homosexuales, transexuales, minusválidos… etc., etc. El Estado no se mete en la ética, y en los actos pecaminosos, sino en los delictivos. Por eso hay que recordar a los obispos españoles, reacios a una lucha denodada contra la pederastia, que esta no es un pecado, algo que sólo la propia conciencia puede juzgar, sino un delito. Y que el ejercicio del poder civil no sólo es legítimo, sino  también provechoso para la sociedad, y digno de consideración y de apoyo con nuestra responsabilidad ciudadana.

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara      

 

 

Precisando conceptos

En medio del griterío y de la crispación que crea, sobre todo la derecha, y que contamina todo el espectro político, y hasta judicial, me perece oportuno presentar lo màs brevemente posible, cuando esto sea posible, un elenco de conceptos, que pueda servir para no tener que repetir pesadamente muchos de ellos en los frecuentes artículos que aparecerán seguramente en este blog. Unos serán màs  decisivos que otros, por su radio de acción y su màs amplio número de derivados. Y esta relevancia la irè indicando en cada momento. Me guìo, sobre todo, por los ensayos y artìculo del profesor de Derecho Constitucional Javier Pèrez Royo, como mi gran maestro, y de dos periodistas lùcidas y valientes de eldiario.es, Elisa Beni y Rosa Marìa Artal.

1º) Democracia. En el mundo político el concepto de democracia es fundamental, decisivo, y capaz de validar o contaminar todo lo que se afirme. significa, literalmente, “gobierno del pueblo”, y es importante destacar que esta derivada del pueblo, del sufragio popular, es fundamental que resulte lo màs visible que sea posible. Porque toda la Democracia se funda en el sufragio universal del cuerpo de electores. Y lo único que en règimen democrático se elige por sufragio universal son los integrantes de las Cortes, es decir, los diputados y senadores. Por eso el artículo 66 de la constitución de apodíctico:

Artículo 66.

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.

3. Las Cortes Generales son inviolables.

Puede haber gentes que al leer este artículo no se den cuenta de su alcance. Afirmaba un politólogo europeo, cuyo nombre no recuerdo ahora, que los diputados y senadores, por haber sido elegidos directamente por el pueblo, son sagrados. Y lo son independientemente de su preparaciòn intelectual, su carácter, o su ideología. En realidad, el órgano que representa a todo el pueblo español es el Parlamento, las Cortes, que como afirma el nº 3 de este mismo artìculo, son inviolables. Y esta inviolabilidad se extiende a todos, y cada uno, de los miembros del Parlamento, y esto tendrá consecuencias gravìsimas, como veremos màs abajo. Consecuencias directas, innegables, y lògicas  de este artículo constitucional: ni el Rey, ni el Gobierno, ni el Ejército, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni los tribunales, (Constitucional, Supremo, La Audiencia Nacional, tribunales locales), ni los poderes económicos, ni la Iglesia.

Pero sucede que algunos de estos poderes, por el alcance de su jurisdicción, pueden caer en la tentación de que estàn por encima del bien y del mal, y que tienen cortapisas en el ejercicio de su poder. Esto sucede con frecuencia a los jueces, sobre todo del Supremo o del Constitucional, a los que habrá que recordar a veces que si ejercen su mandato, que no es directamente democràtico,  porque no han sido elegidos por sufragio universal, es porque, indirectamente, lo han recibido del poder legislativo, èste sì, en su totalidad, avalado por la ùnica fuente democrática, domo es la elección por el cuerpo electoral de todo el pueblo. (Por eso produce un fuerte chirrido que el Consejo General de los Jueces, de loso cuales ninguno ha sido elegido por el Pueblo, corrija a un diputado por expresar una opiniòn de sentido político, algo que es parte de su tarea).

2º) Inmunidad parlamentaria

Està regulada por el artículo 71 de la Constitución.

1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.

2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Es muy importante entender el sentido profundamente democrático de la inviolabilidad, y la inmunidad de los diputados y senadores. Si el Parlamento es el legìtimo y único representante del pueblo español, y democracia es el Gobierno del pueblo, el Parlamento tiene que ser, y es, autónomo, y sòlo èl puede velar por su integridad, cualitativa, -quienes-, y cuantitativa, -cuantos-, número. No se trata de ningùn privilegio, sino del dogma democrático por excelencia, que es el mandato popular, del que se derivan todos los otros mandatos y poderes del Estado, también el judicial. Èste ha sido el comportamiento inadecuado, equivocado, que provoca sin gènero de dudas la ilegitimidad del llamado procès, y que puede contaminar todo el proceso judicial hasta llegar a la nulidad de los procedimientos y de la sentencia,  porque el Supremo español no cumplió el requisito del nº 2 de este artículo 71, que determina: “No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva”.

Si los Diputados y Senadores, (y lo mismo vale para el Parlamento europeo, para el que han sido elegidos por los respectivos sufragios populares de cada nación), no pueden, “no podrán”, determina el artículo constitucional, ser inculpados ni procesados, si lo son por un tribunal que no ha pedido el pertinente permiso, “suplicatorio”, lo llaman, este tribunal no puede, no tiene habilitaciòn  ni para incoar le proceso, ni para dar sentencia. Así que cuando con una ligereza jurìdica hablan de “sentencia firme”, hay que señalar que difícilmente puede ser firme lo que simplemente “no es”, porque su procedencia ha sido un acto nulo.

Y quiero salir al paso de los que se extrañan de las consecuencias de una verdadera democracia, pensando que los jueces son demòcratas por decreto. Pues no, el Tribunal de Justicia de la Uniòn Europea ha avisado, varias veces a nuestros tribunales, como la ùltima vez al Tribunal Supremo, sin usar la palabra democrático, que de hecho no lo ha sido, (democràtico, se entiende). Y si se hace algo en, el mundo del derecho, para lo que no se tiene poder, esa acción, jurídicamente no solo es ilegìtima, sino nula.

(Seguirè en dìas sucesivos)

Jesùs Mª Urìo Ruiz de Vergara

 

Pero, ¿de qué va el cardenal Cañizares?

Ya está bien de bobadas, por muy altos que sean los dignatarios, en este caso, eclesiásticos, que las pronuncien. A muchos obispos, y gente que se llama católica, es preciso recordarles que el Comunismo, teoría general socio-político-económica, ha sido condenado por la Iglesia. Pero, ¡el Capitalismo, también!, y con el mismo rango. En la encíclica Centesimus annus, juan Pablo II, de ninguna manera sospechoso de simpatía hacia el Comunismo, asegura que el Capitalismo es “tan ateo y materialista” como el Comunismo. Y de puertas adentro, en nuestra patria, es sobradamente sabido, -tal vez por Cañizares, no-, que el Partido Comunista español fue uno de los más firmes garantes de la Constitución española, cosa que no se puede afirmar de los políticos de la Derecha , que se abstuvieron, o votaron en contra. Así, que,  ¡señor cardenal!, menos miedos, y menos escándalo por algo que no merece tanto aspaviento.

Y, sinceramente, al leer no solo el Evangelio, sino la Biblia entera, también el Antiguo Testamento, (AT), una de las constantes más repetidas es el recuerdo de los pobres, abandonados y excluidos del banquete social, dejados a su suerte, situación de la que Yavé hará cumplida justicia, a veces presentada como venganza indignada de Dios contra los poderosos que abusan de los pobres, que, en todas las épocas y geografías, son los más débiles. Éste tema es tan ocurrente, que a un pastor evangélico que había escrito un libro con el tema de la pobreza y la riqueza en la Sagrada Escritura, le oí afirmar, en una conferencia, que en el conjunto bíblico, es decir, sumando ambos testamentos, Antiguo y Nuevo, (NT), el tema doblaba cualquier otro de los grandes temas bíblicos, como salvación, pecado, Reino de Dios, o cualquier otro.

Es raro el domingo en que no se trate este asunto, que, además, viene a constituir el mayor problema de la convivencia humana, en todas las épocas, y que se presenta como el mayor reto que quieren enfrentar, para solucionar, los desgraciadamente pocos dirigentes políticos honesto s y humanistas: la injusticia social.  En opinión de muchos teólogos y pensadores cristianos, lo más opuesto y negador del Reino de Dios en la tierra, anunciado por los profetas, y que Jesús vino a refrendar, instituir, y vitalizar. Así que los textos sobre la injusticia social, en todas sus variantes, viene referido en el Antiguo (AT) y el Nuevo testamento (NT) con el relato de las situaciones más emblemáticas en las que aquella se reproduce: las viudas, los huérfanos, los extranjeros, y los enfermos, en especial, los leprosos, porque propagan la maldición de la impureza. Y en no solo en las parábolas y en los discursos de Jesús, y en las cartas de los Apóstoles, sino en textos no pensados normalmente para enseñar o transmitir contenidos revelados por Dios, sino en otros inspirados para cantar y proclamar las grandezas de la Creación y de los dones de Dios, como los Salmos y la literatura sapiencial.

Pondré algunos ejemplos de los últimos domingos y fiestas, porque los tenemos recientes en la memoria.

1º) “El levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarle con los príncipes, con los príncipes de su pueblo”. (Salmo responsorial del día 3 de enero, Santísimo Nombre de Jesús”). (Sal 113, 7-8)

2º)  “Oh Dios, da al rey tu juicio, al hijo de rey tu justicia: que con justicia gobierne a tu pueblo, con equidad a tus humildes. Porque él librará al pobre suplicante, al desdichado y al que nadie ampara;  se apiadará del débil y del pobre, el alma de los pobres salvará“. (Id, día 6 de enero, la Epifanía). (Sal 72, 12-13)

3º) “El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos  y proclamar un año de gracia del Señor“. (Id, 9 de enero, misa de feria) Evangelio de Juan, 4, 18-19).

Nota: me gustaría que el cardenal Cañizares se fijara en este detalle: el texto habla de “los pobres”, “la liberación de los cautivos”,  “la libertad de los oprimidos”, pero no dice nada de que haya sido ungido para conseguir la “salvación de las almas“. Desafío a quien quiera a que encuentre esta expresión en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Y esto es porque para los judíos, y Jesús lo era, el ser humano es lo que vemos, tocamos, sentimos, olemos, y con lo que tropezamos. Y la máxima ocupación del Maestro de Nazaret, después de predicar y anunciar el Reino, es decir, después de regalarles su Palaba, era curar a la gente, apiadarse de los enfermos, de los leprosos, de los ciegos y sordos, de los lisiados.

No, señor cardenal Cañizares, el “Sermón de la Montaña”, y su maravilloso prólogo, auténtico y artístico frontispicio, “Las Bienaventuranzas“, no tienen ningún parentesco con la cultura capitalista, que es la alternativa al Socialismo. No conseguimos entender, no solo muchos curas, sino, sobre todo, la gente, por qué en otras ocasiones, en las que los programas electorales eran mucho más parecidos al capitalismo, del que, ¡no olvidemos”, Juan Pablo II afirmó que es “tan ateo y materialista” como el Comunismo, y que ha producido más pobreza que éste. ¿O piensan los católicos que reniegan tanto de las “nefastas consecuencias” del Comunismo que solo siguen el sistema capitalista las grandes naciones occidentales del primer mundo? Pues les recomiendo que investiguen el sistema que florece en casi todos los países latinoamericanos, y africanos, y asiáticos, y por ahí afuera, y comprobar la maravillosa justicia social que han producido en esos países. Me temo que, en las actuales circunstancias, señor cardenal, del dicho “A dios rogando, y con el mazo dando“, nos conviene, en nuestra sociedad española, oficialmente aconfesional, y realmente descristianizada, quedarnos con la segunda parte del mismo, lo del “mazo dando“. Y, ¿por qué no  invita a los católicos a pedir a Dios que los que no hacen sino poner palos en las ruedas del nuevo Gobierno dejen de hacerlo, y no obstaculicen el trabajo y la dedicación de los gobernantes elegidos por el pueblo? No tengamos miedo en ser demócratas, señor arzobispo.

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

 

Es la democracia la que se tambalea…

(Trascribo este artículo por su contenido y estilo, verdaderamente atrayentes.)

por unas personas que se consideran las más poderosas no solo de este país, sino también de la Unión Europea. No voy a hacerles trampas procesales ni fuegos de artificio leguleyo. Solo voy a explicarles por qué es imprescindible e imperecedera la idea de cuál es el origen de la legitimidad democrática, el PUEBLO, y por qué es irrenunciable la sagrada encomienda del representante electo en un democracia. No en vano, el legislativo es EL PRIMER PODER y aquel del que deben emanar todos los demás, dispuestos después de forma que puedan controlarse para que ninguno pueda existir sin contrapesos. Esta idea la dejo sobre la mesa sobre todo para uso y disfrute de los miembros del Poder Judicial. Es que lo han olvidado en su mayoría. Unos porque están decididos a llevar a cabo grandes hazañas, como si su misión no se limitara a aplicar la ley sin verse mediatizados por los resultados, y otros porque no ven por debajo de su nariz y piensan que todas estas alertas y sofocos van por ellos, ¡pobrecitos, esclavos de la gleba puñetera!, sin darse cuenta que hace tiempo que sus cúpulas se sedicionaron de la carrera judicial y cabalgan solo buscando aquello que consideran mejor para ellos, aunque ahora “ellos” se llame España.

No, no hay ninguna campaña contra el Poder Judicial desde los medios. Pobrecitos míos. Eso sería sencillo de lidiar. No. Hay unos individuos que han decidido hacer de su toga un sayo a sabiendas de que reman a favor de una mayoría de la opinión pública que les va a disculpar hasta la torpeza de estimar y desestimar lo mismo en el mismo auto (Llarena de nuevo).

Yo no soy independentista catalana. Eso es una obviedad. Fíjense que ni siquiera lo soy vasca y eso que si hay algo que cada día revive más en mí es el sentimiento de mis orígenes. No. Yo soy del mundo. Nada en Europa me es ajeno, pero tampoco en Latinoamérica o en África. Extranjera me siento cuando me sumergen en el territorio de lo irracional, de lo ilógico, de lo meramente hormonal. Valga esta confesión solo para hacerles ahora partícipes de mis zozobras. Es la democracia la que se tambalea. Queda muy poca gente con sensibilidad democrática y, muchos de ellos, incluso los hacedores de esa transición imperfecta pero pragmática, hoy optan por vivir enajenados, porque son conscientes de que hay muchos mundos, a pesar de que todos estén aquí.

¿Cómo es posible que una sentencia produzca el mismo efecto si se dicta, si no se dicta, si te da la razón y si te la quitan? A esta pregunta solo podrá responderles el Tribunal Supremo, que ha maniobrado hasta el punto de que ahora sepamos que solo buscaban un objetivo: mantener en prisión a Junqueras. Punto. Así pues, todo lo demás daba igual. La devaluación que realizan de la función del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por más que de momento el Europarlamento prefiera no hacer causa, es de una gravedad infinita para una Unión Europea ya golpeada por la estupidez del Brexit. La forma penal que se ha adoptado para luchar contra el fantasma de la ruptura de España es, cuanto menos, igual de estúpida y tendrá consecuencias igual de nefastas si alguien, Gobierno mediante, no lo remedia.

La inmunidad parlamentaria, sobre la que dan vueltas y vueltas personas que no entienden ni lo que dicen ni lo que representan pero que se quieren amarrar a la barca que creen ganadora, es una barrera que protege nuestra voluntad. La voluntad del pueblo. El dios de las democracias. No se trata de si vulneramos la de Junqueras, la de Puigdemont o la de San Periquito del Valle. Se trata de que no ardamos de indignación ante la burda burla de lo que significa, que eso y no otra cosa es lo que dice la sentencia del TJUE.

La retirada del acta de un representante del pueblo, y de los cargos inherentes, sin mediar sentencia firme y por un mero acto de una administración a instancias de unos partidos políticos. Tocqueville ardería en combustión fría. Si eso, además, lo exige a gritos una aristócrata ¡oh, mon Dieu!, todos los principios explosionan.

Todo comenzó con aquel tipo que intentaba convencer a las masas de que “los políticos”, encarnados en los diputados, eran “empleados” de la gente a los que había que ordenar y exigir como a un trabajador esclavo. Eso empezó a destruir la idea religiosa de la representatividad democrática. No hay nada más sagrado que un diputado. Lo siento, señores y señoras jueces que sufrieron mucho empollando una oposición, no hay nada más sagrado que un diputado ni nada que confiera mayor legitimidad y dignidad que el refrendo del pueblo soberano.

Hemos fracasado. Los españoles no tiemblan cuando ven cómo se pisotean sus derechos en la figura de los electos por la soberanía popular. Me da igual de qué opción sea. Su dignidad y su legitimidad es la misma. Por eso sangro cuando oigo, en el templo de la democracia, que no es otro sino las Cortes, hablar de gobiernos ilegítimos o fraudulentos, justo antes de que estos sean aclamados y respaldados y consagrados por la voluntad del pueblo. Hemos fracasado, porque el único adoctrinamiento en el que no debíamos haber cejado durante cuarenta años es el adoctrinamiento en los principios democráticos y en el significado de las instituciones juridico-políticas en las que se asientan. Solo con recuperar ese sentido estarían justificadas varias carteras ministeriales.

Es la democracia la que se tambalea cuando ya la mayoría no es capaz de identificar sus esencias y de detectar sus violaciones, provengan de donde provengan. Los catalanes no dieron un golpe de Estado ni el Tribunal Supremo se está sublevando. Ambos comparten el mismo principio de intentar adecuar y modelar y retorcer las normas existentes para conseguir sus objetivos futuros.

Gritarlo es ineficiente. Los que lo saben callan porque les es más cómodo. Los que no lo saben aúllan porque buscan sus venganzas. Solo Europa podía salvarnos, y ver cómo a Europa también se la ningunea no es fuente de esperanza para ningún demócrata.

Cuidado. Es la democracia la que se tambalea.

Artículo de Elisa Beni,  transcrito del diario.es, (11/01/2020), para el blog “El guardián del Areópago“, por Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara.

 

La Jerarquía de la Iglesia sólo detecta problemas en el Gobierno de izquierdas

El otro día era el presidente de la CEE, (Conferencia Episcopal Española), monseñor Ricardo Blázquez, y poco después se ha sumado al coro de lamentaciones el cardenal de Valencia, Antonio Cañizares Llovera). No es poca cosa. Presidente y vice presidente, después del feo inmisericorde que, via Rouco Varela mediante, le hizo la CEE al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro Sierra, y que mereció el titular pintoresco, valiente y anti-hipócrita, “La CEE da una patada en el culo de Osoro, dirigida a Francisco“. Efectivamente, no nos lo queríamos creer, pero no hay más dudas: ahora sabemos por qué , de momento, no quiere venir a España. Su episcopado, en la mayoría de sus miembros, no tiene mucha simpatía por el papa argentino. ¡Ni siquiera empatía!

Monseñor cañizares aconsejaba a los católicos, o tal vez a todos los creyentes, en un gesto ecuménico de universalidad, ¡porque me imagino que no haría extensivo este consejo a los agnósticos!, pero nos preguntamos por qué nuestros obispos, que también son llamados “pastores”, no pedían oraciones al inicio de gobiernos de la derecha. Cualquiera que lea no solo el Nuevo Testamento, (NT); sino también el Antiguo, (AT), encontrará muchos  más parecidos con ellos en los programas, preocupaciones, y sensibilidades de la Izquierda que en los de la Derecha. Porque no solo Jesús pone el acento en el amor al prójimo y en el espíritu de servicio, hasta lavar los pies de los hermanos, … “porque si yo, que soy vuestro Maestro, os los he lavado, hacedlo también vosotros unos a otros”; sino que desde las páginas más antiguas y venerables del AT aparece esa preocupación de Dios por los más necesitados, afligidos y, como el salmo responsorial de la misa de ayer, de la Epifanía, proclamaba: “Porque él, (Yavé), librará al pobre suplicante, al desdichado y al que nadie ampara; se apiadará del débil y del pobre, salvará la vida de  los pobres”. (Sal 72, 12-13).

En su faceta de “pastores” los obispos tienen la grave responsabilidad de cuidar de su rebaño, no de las asechanzas del demonio, ese símbolo del mal, sino del mal no simbólico, sino verdadero, de leyes legales, ¡no faltaba más!, pero injustas, de atropellos laborales, legales e ilegales, de precariedad en el trabajo, y no digamos en la remuneración, en la angustia de como acabar el mes, en la inseguridad de la salud, en la carestía de la vivienda, y tantos, y tantos peligros que acechan sin pausa a tantos fieles católicos, ovejas de pastores desatentos, o mirando para otro lado cuando no es que aparezca el lobo, sino que dicen que tal vez aparezca. El “Buen Pastor”, que es lo que deben de ser los obispos siguiendo el pastoreo de Jesús, se enfrenta a los muchos lobos que el pobre y desvalido encuentra en la vida.

Menos mal que el cardenal de Madrid, Carlos Osoro, se ha desmarcado de la línea del presidente y vice presidente de la Conferencia Episcopal Española, y ha apelado a la cordura, y al respeto a las reglas que “todos nos hemos dado”,, y ha escrito una carta en este fin de semana en la que invita a sus fieles a colaborar con la que él asegura que será la buena  voluntad del nuevo Gobierno para superar los retos que encontrará en su camino. En un tuit inmediato a la investidura, ha escrito: “No nos dejemos arrastrar por la polarización. Con las reglas de juego que todos nos hemos dado, alcancemos acuerdos y trabajemos por este proyecto común que es España”. Menos mal que aún queda algo de sensatez y de espíritu evangélico en algún lado de la alta jerarquía de la Iglesia.  

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara       

Comentario, y conclusión final, al artículo de Javier Pérez Royo publicado ayer en este blog,

Procuraré seguir lo más directamente posible la argumentación del jurista andaluz.

1º) Sentido de la inmunidad parlamentaria en su doble aspecto

La inmunidad parlamentaria tiene, como única fuente, directa, e irreversible, la capacidad de participación activa de los ciudadanos de un país democrático, que al elegir a los diputados o senadores, activan, de manera especial y selectivo, el derecho pasivo que tienen todos los ciudadanos a esa participación activa en los asuntos del Estado, según el principio de Soberanía popular,  y comunican, a los ciudadanos elegidos como diputados o senadores por el voto del electorado, su representación directa. Es lo que establece de manera lapidaria, indiscutible e irrevocable, el artículo 66.1, que es el primero del Título III, que la Constitución dedica a las Cortes Generales. Y que reza así: ““Las Cortes Generales representan al pueblo español”. Esto mismo vale, “mutatis mutandis”, para el Parlamento europeo.

La inmunidad parlamentaria tiene una doble dimensión: institucional e individual.

1.1 Por un lado garantiza la integridad del Parlamento, que es, según el artículo de la Constitución citado, el  único órgano constitucional legitimado directamente por la voluntad de los ciudadanos, que es en los que reside la Soberanía de un Estado. Se convierte, así, en la expresión institucionalizada de la soberanía popular. Esta realidad, que es más que un puro concepto, es fundamental en la percepción de la importancia decisiva en el sentido democrático, del máximo respeto que obliga a todos, ciudadanos e instituciones, esa inmunidad de doble dirección, institucional e individual, es decir, al Parlamento y a cada uno de sus miembros. Por eso son tan importantes, y nada baladís ni dispensables, las normas que regularizan esa doble inmunidad. Por eso es un crimen de lesa patria, y de la máxima gravedad, cualquier agravio directo, y falta de respeto, al Congreso de los Diputados, como los golpes de Estado que se han producido en la Historia de España, entrando con armas, o incluso montados a caballo, algunos militares que no debían percibir que estaban dando una bofetada en el rostro de todos y cada uno de sus conciudadanos. Está clara y diáfana en nuestra Constitución: la única representación de la soberanía popular se encuentra en las Cortes Generales, no en el Rey, ni en el Gobierno, ni en el ejército, ni en los diferentes tribunales, ni en cualquier otra institución de carácter estatal, y, ¡ni que decir tiene!, de otras que carecen de este carácter, o en instituciones privadas, cuyos dirigentes y miembros no han pasado por las urnas que llenan los votos de todos los ciudadanos. Para entender la opinión de nuestro autor sobre el comportamiento del Tribunal Supremo es fundamental tener bien claro este extremo de la supremacía institucional del Congreso, a nivel nacional, o a nivel Europeo.

1.2 Por otro lado es una garantía de la integridad individual del elegido popularmente para el Congreso.  

a) Esta inmunidad individual concede a los diputados o senadores una prerrogativa, mejor que un privilegio, de no poder ser ni detenido, ni procesado, sin la autorización previa, y expresa, nunca supuesta, de la Cámara de la que es miembro. Esta garantía individual se deriva de la primera, institucional, del Congreso, porque garantiza la “integridad” del mismo como un todo, y la detención y procesamiento de uno de los miembros, deterioraría esa integridad, que solo puede determinar y gestionar el propio Congreso, una vez instituido. Y esta condición tan especial, decisiva e importante, no es para provecho, y menos, abuso, de los elegidos para esa tarea de representación única de todo el pueblo, sino por la especial e inmediata relación del Parlamento con el “pueblo español”, como lugar de la ubicación del poder, que es la fuente, y la única, de la “arquitectura” (palabra clave usada por el catedrático andaluz) del Estado Constitucional. No se puede ser constitucionalista a la carta, y menos si lo que se olvida, o deja de lado, o no se contempla, es, justamente, el eje central de la estructura del Estado. Esta conexión del Parlamento con el único titular de la soberanía nacional, que es el “pueblo”, no la tiene ninguna otra institución del Estado. (Por ejemplo, el Consejo del Poder judicial no es soberano, porque no participa sino indirectamente, de la soberanía popular. Quiere decir, ni los jueces ni los fiscales son elegidos por voto popular. No apreciar esta fundamental diferencia es no entender la esencia de los regímenes democráticos). Por eso, una vez manifestada la voluntad de los ciudadanos en la composición del Parlamento, y confirmada esta voluntad por la Administración Electoral, solo él tiene decisión válida y eficaz sobre su propia composición, sin cabe ningún tipo de injerencia de otros estamentos políticos o jurídicos. De no ser así, el Congreso perdería el control sobre su propia composición, es decir, de su propia integridad.

b) Así que la “inmunidad parlamentaria” es el modo real, eficiente, y práctico, de que el Congreso de los diputados, tanto nacional como europeo, que procede, como hemos visto, directamente de la voluntad del pueblo soberano, sea realmente autónomo. De ahí que sin su autorización, ningún otro poder del Estado, ni Tribunal Supremo, ni el Constitucional, ni el poder ejecutivo, puede interferir en esta autonomía, alterando el número, o los nombres, de los miembros que lo componen. Por eso es tan grave la anomalía que el TJUE ha descubierto en el trato que el Tribunal Supremo español deparó al eurodiputado Oriol Junqueras, actuando contra él si solicitar la imprescindible autorización del Parlamento español, y, después, del Parlamento europeo. Después nos preguntaremos cómo esta irregularidad ha podido afectar, o no, a la validez de todo el proceso judicial a que fue sometido el diputado catalán, que se ha dado en llamar “procés“.

2º) La inmunidad tiene dos notas fundamentales.

2.1) Hace que cualquier excepción, o impedimento en su ejercicio, que no sean efectuados por el Parlamento o Senado al que pertenece quien goza de inmunidad, provoque la nulidad de los actos contrarios a la misma. Es preciso resaltar también que la inmunidad no es impunidad, pero que para pasar de la primera a la imputabilidad es necesaria, “sine qua non”, la intervención explícita de la Cámara de la que es miembro el ciudadano inmune. Esta normativa es tan rigurosa, sin admitir excepciones, porque como afirmó la sentencia del Tribunal Constitucional, al proceder la inmunidad parlamentaria directamente del “principio de legitimidad democrática”en el que descansa TODA nuestra organización jurídico-política, (STC 6/1981). Por ese motivo, cualquier excepción que menoscabe ese principio de legitimidad, que es intocable, significa una contravención del mismo. Y la consecuencia de todo esto es que si un ciudadano accede a la condición de diputado, senador, o diputado europeo, y está procesado, o incluso en prisión provisional, o esperando sentencia, debe de ser puesto en libertad, y suspender el procedimiento hasta que no se reciba la autorización del Parlamento, como respuesta al obligado suplicatorio presentado por el  órgano judicial.

2.2) Como el régimen parlamentario se rige por el “principio de discontinuidad”, la garantía de la impunidad se renueva en cada convocatoria electoral. Cada nueva legislatura empieza de cero, y cada Parlamento es la concreción de la voluntad de los electores, que responde a las circunstancias sociopolíticas de cada momento. No hay vasos comunicantes entre las diferentes sesiones parlamentarias. Por eso cada Parlamento debe velar por su integridad, y por la de cada diputado o senador elegidos en la ultima convocatoria electoral. Por lo que puede permitir que la necesaria inmunidad sea conculcada. De estas consideraciones se deprende que La “integridad” del Parlamento está por encima de todo, porque el Parlamento es el origen de todo, porque solo él representa institucionalmente el principio de soberanía popular“. Y este es el motivo por el que tan solo el Parlamento puede decidir el levantamiento o el mantenimiento de la inmunidad parlamentaria, concediendo o negando la pertinente autorización para que se pueda proceder penalmente contra él.

3º) Conclusiones: ahora presentaré las conclusiones, que me parecen las evidentes, del artículo de Pérez Royo, y terminaré con una pregunta, cuya respuesta considero esencial y definitiva para resolver el dilema que, en estos momentos, tienen los abogados del Estado en sus manos).

3.1) Por ser el Parlamento la pieza central de todo el edificio del “régimen parlamentario democrático“, por su relación directa con la  soberanía popular, sus miembros son intocables, en procedimientos penales o simplemente administrativos, mientras el Parlamento a que pertenece no dé su venia. Y esto es así, conviene insistir, porque la Cámara Legislativa no tiene ningún poder por encima, pues es la única que representa directamente la “soberanía popular”. (A la vista de muchas reacciones ante la respuesta del TJUE a nuestro tribunal Supremo, hay todavía muchos en nuestro país, con un profundo déficit democrático).

3.2) De los hechos acontecidos, y tal como los conocemos, y como los comenta nuestro constitucionalista, se desprende, con objetividad, que el Tribunal Supremo obró no solo de manera negligente, sino que no respetó la normativa constitucionalista democrática, de tal modo, que cometió tres, y está cometiendo una cuarta, acciones fraudulentas. (Aquí cito ad pedem literae al ex catedrático constitucional): El TS ha actuado fraudulentamente en tres ocasiones: la primera manteniendo en prisión y no solicitando el suplicatorio al Congreso de los Diputado; la segunda manteniendo en prisión y no solicitando el suplicatorio al Parlamento Europeo; y la tercera, dictando sentencia sin esperar la respuesta del TJUE a la cuestión PREJUDICIAL que él mismo había elevado. …Está cometiendo una cuarta, en la medida en que mantiene en prisión a Oriol Junqueras después de que se haya hecho pública la sentencia del TJUE el 19 de diciembre. Y ante estos hechos, si están correctamente contados, se impone esta pregunta: El Supremo, ¿ha actuado, y está actuando, a sabiendas, o movido por una ignorancia inexcusable? Porque “tertium non datur“. (Otra alternativa, no cabe).

3.3) Y ahora viene la pregunta con la que quiero acabar, y cuya respuesta será definitiva.

El nudo gordiano de toda la historia es: evidentemente, según el relato admitido por todos, el Tribunal Supremo del Reino de España no pidió el suplicatorio, ni al Parlamento español, cuando el señor Junqueras era miembro de éste, ni al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando era éste al que correspondía responder positiva o negativamente, al suplicatorio, para iniciar proceso penal al diputado catalán. Hemos visto la centralidad que tiene, en un régimen constitucional y democrático, el Parlamento, su integridad, cuantitativa y cualitativamente, y el respeto total que se debe a los miembros de ese parlamento, como elegidos directamente por el sufragio universal de la ciudadanía, y porque, por eso mismo, es, junto con todos los miembros de ese Parlamento, español o europeo, la única representación legítima de las ciudadanías española o europea. Hay que recordar, y es importante y decisivo en este tema, que la normativa constitucional es preceptiva de sumo grado. Las formas, en el mundo institucional político y jurídico, y , ¡no digamos!, judicial, son sagradas. Los actos jurídicos realizados en este ámbito pueden ser válidos y nulos, lícitos e ilícitos. La pregunta es: ¿La falta de habilitación de un tribunal para procesar a un diputado electo, por carecer de la venia de su correspondiente Parlamento, hace ese acto de procesamiento solamente ilícito, o también nulo? Sabemos que muchos actos jurídicos son nulos por defecto de forma. Recuerdo al lector dos casos típicos: una sentencia será nula de todo derecho, aunque estén probados los hechos, hubiera habido efectivamente delito, pero éste hubiese prescrito. Otro ejemplo que ha dado mucha labor en tribunales eclesiásticos: solo puede presidir la celebración de  un matrimonio canónico el párroco del lugar, el Papa, el obispo, (los cardenales de la Iglesia, por una concesión especial del Derecho Canónico, pero sin poder delegar este derecho), otro ministro de la Iglesia delegado por aquellos. Si no hay esa delegación, el matrimonio es nulo. Y eso a pesar de que el ministro sagrado, en la celebración canónica no es el ministro de la celebración, sino solo un testigo cualificado, pero necesario “sine que non”.

El constitucionalista que venimos comentando ya hace varios días es, tajantemente, partidario de que ese defecto de forma del tribunal que procesa a un diputado,  vicia todo el proceso, y lo hace nulo. Yo dejo al lector que decida él la respuesta a la pregunta, que repito: Teniendo en cuenta la importancia, la centralidad de los parlamentos en el ordenamiento constitucional, y su autonomía jurídica, no haber pedido el suplicatorio al Parlamento correspondiente, y no habiendo respuesta explícita de éste, ¿hace que todo el proceso sea solamente ilícito, o también nulo? 

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara          

 

 

 

 

 

Lección de Constitucionalismo democrático, (… ¡no al gusto!)

(Tengo miedo de resultar pesado insistiendo tanto en promover artículos jurídicos de un mismo y único jurista, el señor Javier Pérez Royo. Y no lo hago por su impresionante currículo académico, tanto de alumno como de profesor, sino por su manera  clara, convincente y lógica, con la que el jurista andaluz explica y argumenta su parecer en la polémica jurídica que se ha levantado en nuestro país sobre el comportamiento del Tribunal Supremo en relación con el respeto, o la falta del mismo, a la inmunidad del diputado Oriol Junqueras, primero en su condición de miembro del  español Congreso de los Diputados, y después, como miembro del Congreso Europeo. Pienso que este asunto es más grave y decisivo por sus consecuencias institucionales, que por la dificultad jurídica intrínseca, que nuestro autor clarifica y simplifica de modo magistral. Es preciso alegar, y lo hago, que he leído a otros muchos constitucionalistas, quienes, sin embargo, no han conseguido ni explicar bien sus tesis, ni mucho menos convencerme. En el fondo, y aunque la forma resulte a veces como muy guerrera y expuesta, el asunto central, y lo que podríamos llamar, nudo gordiano, y contenido esencial de la polémica, es de índole, antes que jurídica, democrática. ¿Puede haber jueces que a los que acusar, más y antes que de comportamiento anti jurídico, de actitud anti democrática? Pues parece que sí. Y, exactamente, este es, según el parecer claro, convincente y lógico, del jurista andaluz, D. Javier Pérez Royo, la causa del enredo en que se ha metido nuestro Supremo Tribunal. Por eso prometo a mis lectores que, después de publicar este artículo, que tiene  toda la pinta de ser conclusivo, del Catedrático  y rector emérito de la universidad de Sevilla, me dedicaré, entre esta tarde, y mañana, a ofrecer mi sencillo y humilde comentario sobre el dilema en el que se encuentran los abogados del Estado, en su tarea de comunicar al Tribunal Supremo su informe sobre el tema de la inmunidad del señor Oriol Junqueras, y de la manera más exacta y rigurosa de cumplimentar lo requerido por la opinión oficial del TJUE, (Tribunal de Justicia de la Unión Europea), que éste dio como respuesta a la petición del Tribunal Supremo español).

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Javier Pérez Royo, (catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla)

A continuación voy a poner por escrito lo que he explicado oralmente durante decenios en el primer curso de la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

La inmunidad parlamentaria tiene una doble dimensión. Es, por un lado, una garantía institucional, una garantía de la “integridad” del Parlamento, que es el único órgano constitucional que está legitimado democráticamente de manera directa y que es, en consecuencia, la expresión institucionalizada del principio de soberanía popular. “Las Cortes Generales representan al pueblo español”, dice de manera lapidaria el artículo 66.1, primero del Título III de la Constitución dedicado a las Cortes Generales. Lo mismo vale para el Parlamento Europeo.

Es, por otro, una garantía individual, una prerrogativa de cada parlamentario, diputado o senador, que se traduce en que no puede ser detenido ni procesado sin la autorización previa de la Cámara de la que es miembro. Esta garantía individual es una derivación de la primera. Porque la inmunidad garantiza la “integridad” del Parlamento como un todo, es por lo que se exige su autorización para poder detener o procesar a uno de sus miembros.

Esto es así  por la conexión inmediata y directa del Parlamento con el “pueblo español” como lugar de ¿residenciación? del poder, que es única en la arquitectura del Estado Constitucional. No la tiene ningún otro órgano constitucional. Justamente por eso, él tiene que ser el garante de su propia “integridad”. De ahí que una vez constituido, es decir,  una vez manifestada la voluntad de los ciudadanos mediante el ejercicio del derecho del sufragio en unas elecciones generales (o europeas), y confirmada dicha manifestación de voluntad por la Administración Electoral, únicamente el Parlamento pueda decidir sobre su propia composición. Por eso  la inmunidad individual  de cada parlamentario, diputado o senador o diputado europeo, es la consecuencia inmediata de esa dimensión institucional. Nadie excepto el Parlamento puede decidir sobre el mantenimiento o pérdida de la capacidad de ejercer como parlamentario de uno de sus miembros. De no ser así, perdería el control sobre su propia “integridad”.

Esta es una norma que no admite excepción. De ningún tipo. Por venir de donde viene: directamente del principio de legitimidad democrática, en el que descansa TODA nuestra organización jurídico-política, como dejó dicho el Tribunal Constitucional en la STC 6/1981. El principio de legitimidad democrática es regla que no admite excepción. Cualquier excepción es contravención del mismo.

La garantía de la inmunidad parlamentaria se renueva con cada convocatoria electoral. El Régimen Parlamentario está presidido por el “principio de discontinuidad”. Las legislaturas no son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos. Cada legislatura empieza de cero. Cada Parlamento es concreción de la voluntad del cuerpo electoral expresada en la nueva convocatoria. Jurídicamente no tiene nada que ver con el anterior, como tampoco tendrá nada que ver con el que le suceda. De ahí que cada Parlamento tenga que velar por “su integridad” y, en consecuencia, no puede permitir que ningún parlamentario elegido en la convocatoria a la que él debe su existencia, pueda ser detenido o procesado sin que previamente él haya dado la autorización correspondiente.

Insisto. Esta regla no admite excepción. Si alguien accede a la condición de Diputado o Senador o de Diputado europeo estando procesado, incluso si está en prisión provisional, incluso si el juicio está visto para sentencia, tiene que ser puesto en libertad inmediatamente y detenido el procedimiento hasta que no se haya recibido la autorización del Parlamento en respuesta al correspondiente suplicatorio elevado por el órgano judicial.

Esto es así porque la “integridad del Parlamento” es el patrón oro del Régimen Parlamentario. Inmunidad no es impunidad, pero los jueces no pueden tomarse la justicia por su mano, sino que tienen que respetar las reglas de procedimiento propias del Estado Democrático. Y la inmunidad parlamentaria, institucional e individual,  es la primera de ellas. La “integridad” del Parlamento está por encima de todo, porque el Parlamento es el origen de todo, porque solo él representa institucionalmente el principio de soberanía popular. Esta es la razón por la que únicamente el Parlamento puede decidir el levantamiento de la inmunidad del parlamentario, concediendo o denegando la autorización para poder proceder penalmente contra él.

Y así en cada nueva legislatura. El diputado nacional o europeo o el senador, que se encuentre detenido y procesado, tiene que ser puesto en libertad y tiene que detenerse el procedimiento, desde el mismo momento de su proclamación como candidato electo por la Junta Electoral.

Hasta aquí llegaba la clase. Lo que explicaba es lo que se entiende por inmunidad en todas las democracias parlamentarias dignas de tal nombre. La inmunidad parlamentaria forma parte del núcleo esencial del Régimen Parlamentario, es decir, de aquello que lo hace “reconocible” como tal, por utilizar el término del que hace uso la STC 11/1981 para definir el “contenido esencial” de los derechos fundamentales.

¿Qué consecuencias se derivan de la inmunidad parlamentaria así entendida para la actuación del Tribunal Supremo (TS) respecto de la inmunidad de Oriol Junqueras? ¿Ha respetado el TS la inmunidad parlamentaria en su doble dimensión institucional e individual?

La respuesta parece imponerse por sí misma. La exigencia democrática insoslayable que supone la inmunidad parlamentaria ha sido vulnerada por la Sala Segunda del Supremo en dos ocasiones en 2019.

Por primera vez tras las elecciones generales, celebradas el 28 de abril. Oriol Junqueras fue elegido Diputado por la Provincia de Barcelona y, aunque pudo acudir a la sede de la Junta Electoral Central a jurar o prometer la Constitución y accedió a la condición de Diputado, se le mantuvo en prisión y se continuó el proceso contra él sin solicitar el suplicatorio al Congreso y esperar la respuesta de éste.  Con ello se vulneró la garantía de la inmunidad del Congreso de los Diputados y la inmunidad de Oriol Junqueras como parlamentario. Únicamente la enorme degradación del sistema parlamentario español condujo a que no se reaccionara ante tamaño disparate constitucional.

La segunda vulneración se ha producido tras las elecciones al Parlamento Europeo, celebradas el 26 de mayo. Oriol Junqueras fue elegido diputado europeo y proclamado diputado electo por la Junta Electoral Central (JEC) provisionalmente el propio 26 de mayo y de manera definitiva el 13 de junio.

En esta ocasión el Tribunal Supremo no le permitió acudir a la sede de la JEC a prometer o jurar la Constitución y, como consecuencia de ello no pudo acudir a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo el 2 de julio. Nuevamente se vulneró la garantía de inmunidad del Parlamento Europeo y del propio Oriol Junqueras.

El TS mantuvo a Oriol Junqueras en prisión y continuó el juicio, como si su elección como diputado europeo no lo impidiera sin solicitar la autorización del Parlamento tanto para la uno como

para lo otro.

En esta ocasión, sin embargo, el TS sí ha tenido dudas acerca de si podía hacerlo y planteó el 1 de julio una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que la ha resuelto el pasado día 19, afirmando de manera tajante que Oriol Junqueras adquirió la condición d Diputado europeo el 13 de junio con su proclamación como candidato electo por la JEC.

Quiere decirse, pues, que Oriol Junqueras debió ser puesto en libertad el mismo día 13 y que, en consecuencia, está detenido ilegalmente desde entonces. Se le ha privado, además, del ejercicio del derecho de sufragio pasivo, al no permitírsele incorporarse al Parlamento Europeo. El TS vulneró la inmunidad del Parlamento Europeo y la del parlamentario Oriol Junqueras.

Además de no poner en libertad al eurodiputado catalán, el TS continuó el procedimiento, como si no  fuera diputado europeo y como si no hubiera elevado una cuestión PREJUDICIAL respecto del alcance de su inmunidad, dictando sentencia el 14 de octubre antes de haber recibido la respuesta del TJUE.

Esta forma insólita de proceder que no tiene precedentes en el derecho europeo, ha supuesto una nueva vulneración de la inmunidad del Parlamento y de la del parlamentario Oriol Junqueras, que sigue todavía en prisión.

El TS ha actuado fraudulentamente en tres ocasiones: la primera manteniendo en prisión y no solicitando el suplicatorio al Congreso de los Diputado; la segunda manteniendo en prisión y no solicitando el suplicatorio al Parlamento Europeo; y la tercera, dictando sentencia sin esperar la respuesta del TJUE a la cuestión PREJUDICIAL que él mismo había elevado.

Está cometiendo una cuarta, en la medida en que mantiene en prisión a Oriol Junqueras después de que se haya hecho pública la sentencia del TJUE el 19 de diciembre. La contumacia en el error del TS es inexplicable.

Todo esto, repito, es materia que se enseña en el primer curso de la licenciatura. La inmunidad como garantía de la “integridad” del Parlamento, en cuanto presupuesto de la inmunidad del “parlamentario”, razón por la cual únicamente el Parlamento puede disponer de ella, es algo que no se ha discutido jamás. Sin la combinación de esa doble garantía, institucional del Parlamento e individual del parlamentario, el Régimen Parlamentario no podría existir.

Lo que se enseña en el primer curso de la licenciatura  es lo que han desconocido los Magistrados de la Sala Segunda del TS y los cuatro Fiscales que han intervenido en la causa. Y que siguen desconociendo. El escrito dirigido por los cuatro Fiscales que están actuando en la causa al TS sobre la interpretación que debe darse a la sentencia del TJUE del 19 de diciembre, supone una exhibición impúdica de ignorancia sobre  lo qué es la inmunidad parlamentaria y sobre el lugar que ocupa en el ordenamiento constitucional de la democracia parlamentaria. Es inconcebible que con tal desconocimiento se pueda ocupar el lugar que ocupan en el Ministerio Fiscal.

El interrogante se impone: ¿lo han hecho “a sabiendas” o ha sido resultado de una “ignorancia inexcusable”? Tertium non datur.

En todo caso, la contumacia, tras el 19 de diciembre, en mantener en prisión a Oriol Junqueras pasa de cualquier límite admisible. La no puesta en libertad de manera inmediata debería conducir a la actuación  de  la Fiscalía General del Estado, que debería ser la primera interesada en tomar cartas en el asunto. No puede tolerar pasivamente que se prolongue este disparate constitucional, que está vulnerando la inmunidad institucional del Parlamento Europeo así como la inmunidad individual y el derecho a la libertad personal y de sufragio pasivo de Oriol Junqueras.

Y que está suponiendo un desprestigio inmenso de la Justicia española en todo el mundo en general y en la Unión Europea en particular. El TS y la Fiscalía están empecinándose en hacer suyo el “No se confunda, Pemán, Europa se equivoca”, que Carlos Sánchez recordaba hace unos días en El Confidencial.

(Artículo de Javier Pérez Royo, publicado en eldiario.es a día de hoy, 26/12/19, transcrito para este blog por su coordinador Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara)

 

La culpa es de los jueces del Supremo

(Otro artículo que merece, en mi opinión, ser transcrito para mi blog, e incluso proponerlo para ser editado en Redes Cristianas. Es verdad que ya en junio, ¡yo lo leí!, la valiente y corajosa periodista Elisa Beni venía avisando que no se podía jugar livianamente con la inmunidad de los parlamentarios. En fin, animo a mis lectores a leer un artículo que no tiene desperdicio).

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No dejen que les cuenten milongas: todos los errores cometidos por el Tribunal Supremo en el asunto catalán tienen, entre otras cosas, un componente personal y otro narcisista

Elisa Beni  

Resulta difícil subvertir un Estado regido por el imperio de la ley sin abogados, o celebrar juicios farsa sin jueces” .

(Timothy Snyder. Sobre la tiranía).

La culpa es de los jueces del Tribunal Supremo. Desde el principio, y llevamos avisándolo tiempo. No alcanzo a creer que yo pueda entender la dimensión de los problemas y ellos no. Llevo desde junio diciendo que la inmunidad de un cargo electo es sagrada. Que la inmunidad de los parlamentarios está dispuesta para protegerles del Ejecutivo y también del Judicial y que, por tanto, se escapa de la lógica democrática que este último pueda desposeerles de ellos de un plumazo. ¿Puede un juez o una norma administrativa local desposeer a un electo y a sus casi dos millones de votantes de sus derechos políticos en una democracia? Pues no. Eso es lo que dijimos y eso es lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice ahora. Recuerden una cosa, ¡oh, grandes jueces y grandes fiscales de este país llamado España!: si han de adorar a algún becerro de oro, procuren que sea la democracia, la ley y los derechos fundamentales. Cualquier otra cosa es espuria. La patria, tal y como la consideran, sus carreras o el favor del público o de los políticos.

Nadie les pide que rindan pleitesía a eso. Ni dios, y ustedes no lo son. O sea, no son dios. No son el dios democrático ni el dios de los Ejércitos ni el dios de la razón de Estado. Solo les pedimos que apliquen la ley. No que la inventen o la reinventen o la reescriban o que nos salven. Solo que la apliquen con profesionalidad.

La cuestión es que los jueces del Tribunal Supremo, y algunos significativamente como Manuel Marchena o Pablo Llarena, han pensado que están en una pugna en la que deben salir triunfantes. Ellos y el Estado. No, señores, no. Ustedes no tienen que salvar España ni sus culos. Ustedes tienen que impartir justicia y usar su saber técnico para ello. Los resultados no son de su incumbencia. Cuando a un juez o a un fiscal se le pasa un día el plazo para prorrogar la prisión preventiva a los dos años, ¿saben lo que pasa? Que no tienen que pensar en si el tipo es malo como los hermanos Malasombra o no. No. Lo que tienen que hacer es dejarlo en libertad. Y así todo. Las formas, impuestas por el legislador, les atañen. No se trata de que ustedes las surfeen si no obtienen el resultado buscado. Por cierto ¿por qué buscan resultados? Ustedes no pueden tener intereses. No solo no pueden tener intereses personales, sino tampoco políticos. ¿Por qué tienen que fijarse una fecha para dictar sentencia porque luego hay elecciones? ¿Qué narices le importa a un juez todo eso? ¿O sí le importa? Si es así, díganlo de una vez. O sus carreras. ¿Qué narices tiene que ver todo esto con si quieren que les nombren aquí o allí o llegar a donde han planeado?

No dejen que les cuenten milongas. Todos los errores cometidos por el Tribunal Supremo en el asunto catalán tienen, entre otras cosas, un componente personal y otro narcisista. Los salvadores de la España Una y Grande. ¿Juraron en alguna parte eso o juraron respetar y hacer respetar las leyes?

El TJUE les ha dejado ahora con el culo al aire, Excelentísimos Señores de la la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Y saben por qué? Porque ustedes se están haciendo trampas al solitario desde el principio. Porque ustedes se han sentado en una partida de ajedrez con los abogados que defienden a los acusados catalanes, mientras que los fiscales del Tribunal Supremo se han constituido en fuerza de choque, como si su misión fuera darles las condiciones para el jaque mate. Sucede que esa no es su función. Puede que a Manuel Marchena le pueda su alma de fiscal, siempre lo fue hasta que lo hicieron juez por decisión política, pero no entiendo qué aire les ha dado a los otros. No, no es su función. No tienen que salvar nada ni retorcer el derecho para conseguir un objetivo. Simplemente tienen que aplicar la ley sin que les detenga lo que esto produzca. No, un juez que debe ordenar derruir urbanizaciones ilegales no puede pararse porque esto vaya a dejar en la calle a sus ocupantes. No, un juez que tenga que pronunciarse sobre las cláusulas suelo no puede andar pensando en los sufrimientos de los bancos (aunque este Tribunal Supremo lo hizo, con gran vergüenza); no, un juez que cree que hay que preguntarle al TJUE sobre la inmunidad de un electo no puede mantenerlo en prisión y sentenciarlo.

Es que no hace falta tener tantos galones como ustedes. Si preguntan a un tribunal que les es superior, y el TJUE es superior y eso forma parte del ordenamiento jurídico español mal que les pese a los fachas, deben ESPERAR a obtener esa respuesta. La cuestión PREjudicial es PRE, o sea, que es anterior a que ustedes puedan operar. La trampa de hacerlo en una pieza separada y no en la principal, me van a perdonar, pero es una trampa de colegiales. Yo entiendo que haya compañeros de tribunales y profanos que les aplaudan la gracieta pero es que ustedes, Excelentísimos, no están para hacer gracietas. Ustedes entendieron que había dudas respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras y por eso preguntaron –y debían, su pecado no es preguntar sino pasar de la respuesta– y su obligación era ser consecuentes con ello. Ni plazos, ni sacar la sentencia en la fecha prevista por si me tienen que nombrar, ni porras en vinagre. Lo siento, Señoría, si se convierte en otro magistrado 2, al que le jorobaron por ser consecuente. Si la consecuencia, la honestidad y la dignidad te perjudican, te lo tragas. Eso hace la gente con valores.

Uno de sus fallos ha sido haberse querido convertir en tahúres porque pensaban que los abogados de la defensa y los acusados se la estaban jugando así. Fíjense que ni siquiera estoy hablando de la espuria acusación ficcional presentada por el fallecido Maza. No, les hablo de lo que sigue. Puigdemont y los otros se fueron –no se fugaron sino que se fueron, antes de que nadie les persiguiera, porque Maza se largó de la lengua y les avisó vía El Mundo antes de presentar querella ninguna– y a ustedes les pareció un truqui de la baruqui. Ni siquiera se lo discuto. Saben perfectamente que está en la mano de un abogado defensor intentar usar todos los resquicios del sistema para preservar a su patrocinado. ¡Ahhh, pero ustedes no son defensores, sino que son jueces! A ustedes no les compete sentarse en la mesa del ajedrez como si estuvieran jugando una partida con ellos. ¡Que no! ¡Que ese puesto en todo caso será de la Fiscalía y no suyo! Y no se podrán quejar de que la Fiscalía del Tribunal Supremo, porque la FGE está desaparecida y en coma, no lo haya jugado a tope. Entonces ¿qué hace el Excelentísimo Llarena ensayando tácticas ridículas e inadmisibles como el quita y pongo de euro órdenes? Dignidad, excelentísimos señores, y profesionalidad. ¿Qué hace la Sala presentando una cuestión PRE judicial para la que pide un procedimiento de urgencia, sentenciando sin esperar porque tiene un calendario, interesado, que cumplir?

Miren, señores magistrados, en este país es lo más sencillo bailarles el agua y hacerles el rendivú, sin eso habría más periodistas señalándoles, pero eso en Luxemburgo no juega. Tampoco debería jugar en el Tribunal Constitucional. Están demasiado acostumbrados a que los inventos y las jugarretas se las certifiquen por mera conveniencia política de la espuria razón de Estado. Pero está Europa y eso nos salva. Está Europa e impide que ustedes se conviertan en un poder sin control que campe sobre los otros poderes y eso sin refrendo democrático.

Europa nos salva.

Europa nos protege.

Por eso van a activar el artículo de expulsión de la Unión Europea para evitar que los regímenes autoritarios de Hungría o Polonia domestiquen al judicial a su imagen.

Por eso van a evitar que ustedes se crean el Cid y pretendan arreglar con un uso no alternativo sino indiferente del Derecho lo que creen necesario.

¡Bendito salvavidas europeo! Solo los fascistas quieren matarlo…

(Artículo de Elisa Beni en “El diario .es” del 22/12/19, transcrito para el blog “El guardián del Areópago”).