A propósito de la huelga de los jueces.

A mí no me ha sorprendido demasiado que la mayoría de jueces haya decidido mantener la convocatoria de huelga de la que se hablaba desde un tiempo. No es por acaso que la Justicia, así en abstracto, sea una de las tareas del Estado peor valoradas. Los jueces discrepan en la fecha o en el modo, o son más o menos exigentes en las condiciones, pero el conjunto se inclina por la huelga, sobre todos los jueces de las grandes ciudades. No me parece ni bien ni mal. Como casi siempre, la escolática tiene razón, y hay que matizar: “In distintione salus”.

Lo peligroso, catastrófico e inaceptable sería que la aplicación de la justicia se erigiera en huelga, no que algunos jueces, aunque sean muchos, lo hagan. La justicia es uno de los poderes del Estado, en el sentido de que el conjunto de ciudadanos -el Estado- se reserva la resolución pacífica de los litigios entre particulares, así como entre éstos y el conjunto, es decir el Estado. Aquí nace una primera dificultad, pues el Estado sería, dependiendo de qué procesos judiciales, juez y parte. Pero no voy a adentrarme en esta problemática.

Se dice desde tiempo inmemorial que la Justicia es ciega, no mira a las partes. Pero en España es ciega en otros sentidos, no ve muchas veces lo que la “mayoría de los hombres probos” ve, cae en el ridículo más espantoso en sentencias esperpénticas, y en la legítima y necesaria interpretación de las leyes usa criterios diferentes en casos idénticos o parecidos y el mismo criterio en casos diferentes. Véase los casos de Botín y de Ibarreche, ¿en qué se parecen? Dirán los jueces con sus tecnicismos que se parecen en el procedimineto aplicable olvidando que los contenidos y la sustancia de los casos, uno monetario y otro puramente jurídico-político, debería aconsejar tal vez procedimientos diversos. Pero esta consideración es más de filosofía jurídica que de tecnicismos legales. Y tengo la impresión de que nuestros magistrados andan bastante romos en filosofía jurídica. 

Veo a los jueces en España  presos, amarrados, encorchetados ortopédicamente por el principio de legalidad, que si en verdad es el pilar de la aplicación de la Justicia, también lo es del lavatorio de manos de los jueces y de mandar a veces al limbo su reponsabilidad y su equidad en la aplicación de la justicia. No insinuo que los jueces usurpen el papel de los legisladores, pero sí que sean aplicadores valientes, flexibles e imaginativos de las leyes, aunque éstas siempre sean incompletas para cada caso concreto, pues las normas no pueden buscar ni menos instalarse en la casuística, (“ex uno nom est scientia”, citando otra vez la escolástica). Pero los jueces españoles olvidan a  menudo la máxima del derecho romano “maxima equalitas maxima iniuria”.

He mencionado el principio de legalidad, que cualquier aficionado al Derecho conoce. No debería significar nada más que lo que dice: que en cualquier procesamiento jurídico los comportamientos deben ser contemplados a tenor de una ley anterior, y que lo que no contempla la ley no es procesable jurisdicionalmente. De acuerdo. Pero no dice, como algunos parecen enseñar -el que esto escribe estudió Derecho por la UNED- que el puro hecho de la existencia de la ley hace a ésta buena, justa, legítima. No me refiero sólo al caso de la objeción de conciencia, sino a la aplicación y canonización de sistemas jurídicos inicuos, como los de las dictaduras. Por cierto, ¿cuantos jueces objetaron en conciencia el sistema legal, inmoral e ilegítimo, de la dictadura franquista? No es nuestro caso, evidentemente, pero lo traigo a colación para aclarar mi idea del respeto y del uso “flexible y valiente” del principio de legalidad.

Y hay más. Es verdad que muchas instalaciones judiciales están obsoletas y dan pena, pero también es verdad que no se ha establecido ninguna relación entre carestía de medios y sentencias absurdas, o al revés. La falta o el retraso de una informatización que hoy resulta absolutamente necesaria se debe no sólo a la escasez de recursos económicos sino también a la conocida y legendaria alergia de los jueces a todo tipo de innovación tecnológica, que supere y haga obsoletos los miles de legajos manuscritos donde parece que se encierra mejor la literatura jurídica. Por cierto, ¿han provado ustedes leer detenidamente la jerga abstrusa, y por veces ininteligible, de los procedimientos jurídicos escritos? Claro que los orales no les ganan por mucho en claridad y elegancia.

Y está el seguidismo ideológico de los jueces en las causas de contenido político directo o indirecto. Es vergonzoso saber de antemano, casi con total seguridad, el criterio de cada juez del Supremo, del Constitucional o de la Audiencia Nacional, dependiendo del origen de su nombramiento a instancias de un partido político o de otro, o de la pertenencia a una u otra asociación de jueces. Es evidente que éstos, a título privado e individual, tienen todo el derecho a elegir la opción ideológia o política que les guste, pero no a tenerla en cuenta en sus actuaciónes profesionales. La demora en la renovación de los órganos judiciales superiores, y la interminable polémica mediática y política que produce, no lo es por la búsqueda ideal y romántica de las mejores y más equitativas mentes judiciales para enfrentar las causas con los ojos tapados, sino por encontrar las más avispadas, y con lo ojos bien abiertos, para “no perjudicar”, (¡vean bien que no digo para “favorecer”, que resultaría poco ético para nuestros jueces) a sus mentores! Uso la ironía para no llorar.

¡Para qué hablar del espíritu y del comportamiento, a veces escandalosos, de cuerpo gremial! Podríamos seguir con muchas más consideraciones, que no caben en este sencillo blog. Pero sí, resulta evidente que hay algo “podrido en el reino de la Justicia Española”. Y no es el principal problema el sueldo de los magistrados, ¡pobrecillos!

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

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