El abuso de los poderosos

Ya lo dijo el Maestro: “Veis que en las naciones los que gobiernan las oprimen… pero entre vosotros no sea así”. Menos mal, que entre “nosotros”, cuando es así, reconocemos sin ninguna duda que no estamos en la línea del Señor. Hasta el CIC (Codex Iuris Canonici, Código de Derecho Canónico) afirma en su último canon que la “norma suprema del Derecho en la Iglesia es la salvación de las almas” (de la persona). No siempre lo cumplimos, pero como decía, el incumplimiento nos escuece, y no podemos “canonizarlo”.

Viene esto a cuento por ciertas noticias que han aparecido estos días, y que, por desgracia, no son ni mucho menos infrecuentes. Por un lado, la condena ridícula de seiscientos euros para los policías catalanes que fueron filmados aporreando y maltratando de manera inmisericorde, cuatro contra uno, ¡valientes!, a un arrestado. Fueron condenados por una falta leve de lesiones. Y por otra, la declaracion de la fiscalía italiana de declarar la casación (archivar) de los posibles delitos contra la hacienda pùblica de Berlusconi, por transportar invitados, y algunas invitadas, ¡pobrecitas!, en trasporte público, privativo para el uso personal del jefe del ejecutivo. Los hechos están registrados en miles de fotos y vídeos, de absoluta evidencia.

Lo peor de estos abusos es que queda, en la ciudadanía, un sentimiento de impotencia ante la inmunidad del fuerte, que lo puede ser por el cargo, por la influencia política sobre los jueces, por la función coercitiva de la policía, por la larguísima mano “maniobrera” del dinero. La sensación de injusticia frecuente y continuada es una de las causas más claras de descontento popular, de la famosa “alarma social”, y provoca, además, una especie de sorda y encrespada desobediencia civil. 

Uno no sabe qué pensar de los jueces, ciñéndome ahora a España. No dan la impresión de ecuánimes cuando lo que se traen entre manos son asuntos o demandas judiciales que implican a grupos políticos, a decisiones sustanciales sobre instituciones del Estado o partidistas, a resoluciones sobre grandes negocios de grandes empresas. Sí que lo parecen cuando las causas debatidas son entre ciudadanos de a pie y desconocidos. Pero en cuanto la televisión entra de por medio, y algún delito se hace acreedor a la crónicas rosa, empiezan a desbarrar.

Y luego están las posturas judiciales que son, sin género de duda y a la simple e ingenua observación de la ciudadanía, puros reflejos y correas de trasmisión de los intereses de los partidos políticos. Es detestable y demencial que en grandes controversias de temas tan decisivos como la composición del Consejo del Poder Judicial, las resoluciones judicicales sobre los Estatutos, o ciertas sentencias creadoras de derecho y doctrina del tribunal Constitucional, se sepa de antemano la inclinación de cada juez, dependiendo del partido que los propuso para el sillón que ahora ocupan. ¡Deplorable, vergonzoso, inaceptable, venal, bochornoso!, y, lo que es peor, injusto de toda justicia. Los que deberían dar ejemplo de respeto incorruptible a las exigencias del Derecho, si más, son los que, con harta y excesiva frecuencia, lo corrompen. Recordemos el aforismo romano: “corruptio optimi pessima”.

Sería muy oportuno y sano para nuestros jueces y políticos recordar, aunque sea vagamente,  lo que significa el “contrato social”, y la dejación voluntaria al Estado, por parte de los individuos, de los poderes y las competencias de la comunidad y de cada uno de sus miembros, en aras de una mejor y más equitativa  y neutral organización del poder, sobre todo ejecutivo y judicial. La deriva actual no ayuda nada a crear en el interior del grupo social la sensación de que vale la pena esa dejación y ese traspaso de competencias a la sociedad organizada en Estado.

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara  

   

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