El eterno dilema: ¿quién vigila a los vigilantes?

La pregunta viene al caso por dos acontecimientos luctuosos, lamentables, trágicos, inexplicables e inaceptables de todo grado, uno a nivel nacional y otro a escala internacional. El drama casero es el de la niña Andrea, de siete años, asesinada por su padre, Felipe Rascón, el año 2003, y el calvario jurídico, administrativo y burocrático que ha vivido su madre, Ángela González, que después detallaré. La tragedia allende nuestras fronteras es el caso escandaloso, cruel, de una injusticia rayana en la tiranía y en la villanía, de la muerte de 61 inmigrantes libios fugitivos del infierno de la guerra de su país, después de pedir ayuda en vano. La última frase va con todos los indicadores de atención para gritar por lo absurdo e inmisericorde de la actuación de instituciones y cuerpos de ayuda, defensa y salvamento de siglas tan altisonantes como ONU u OTAN.

Vayamos al caso español. La madre de Andrea, ante el carácter violento y las repetidas muestras y actuaciones concretas de acoso, maltrato y de violencia, contra la esposa y la hija, presentó 47 denuncias a los Servicios Sociales, a la Guardia Civil, a la Policía, y a los juzgados, sin que nadie la escuchara ni actuara. Después pasó lo que pasó. La niña, Andrea, hija del matrimonio, fue asesinada por el padre, al parecer por venganza contra la madre. El asesino, a pesar de todas las advertencias graves de la madre, no tuvo en ningún momento coartado o limitado su régimen de visitas, como fue reiteradamente solicitado en el juzgado. Poco después del crimen, el padre se suicidó.

Ahora viene lo peor desde el punto de vista social, jurídico y administrativo. Ángela denunció ante los tribunales la negligencia judicial. Fue mareada y conducia, literalmente, ¡nunca mejor dicho!, de Judas a Pilato. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo que falló, como suena, “que sentía mucho lo ocurrido pero que no tenía cabida la denuncia”. Y el Constitucional, ante quien se había interpuesto un recurso de amparo, acaba de rechazarlo “porque no tiene transcendencia constitucional”. Sería grotesco, si no fuera todo lo trágico que es, la insensatez e insensibilidad, y no sé si ignorancia supina jurídica de nuestros magistrados, tanto del Supremo como del Constitucional, si son capaces de negar sustancia constitucional a la defensa de la vida, a la diligente cobertura judicial por parte del Estado. O a no exigir la necesaria eficiencia y celo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado más allá de permitir transitar como un cohete por la calles de Madrid al jefe del Estado o del Gobierno, o proteger con un cordón inexpugnable a famosos y famosillos del arte, del cine o del deporte.

Verdaderamente causa vergüenza ajena que no haya quien se atreva a cumplir con su deber, y exigir al Estado, ya que no puede devolver la vida a una chiquilla de siete años, una pingüe indemnización a la madre (que ni siquiera sé si la ha pedido, esto es cosa mía), de escándalo, 150 ó 200 millones de euros, por ejemplo, (¡no, no estoy loco, así aprenderían los funcionarios del Estado a no jugar con las cosas serias, y éste se cuidaría muy mucho  de cumplir con su deber de protección jurídica y efectiva a sus ciudadanos!).

El caso de los inmigrantes mayoritariamente etíopes ahogados en el Mediterráneo, cerca de la isla italiana de Lampedusa, clama al cielo. En cuanto comenzaron los problemas los inmigrantes conectaron con el padre Moses Zerai, presidente de la ONG Habeshia, especializada en atención a inmigrantes africanos. El sacerdote, que reside en Italia, llamó a la guardia costera italiana, que a su vez alertó a Malta. Ésta niega cualquier implicación en el caso. Pero los supervivientes aseguran que un helicóptero militar les arrojó agua y galletas. Después se retiró. Como también cuentan que fueron avistados por un gran portaaviones, que no intervino y fue testigo de cómo las corrientes arrastraban la embarcaión.

      El padre Moses, eritreo, detalla cómo “llamé una y otra vez a las autoridades y no hicieron nada”. Se limitaron, eso sí, a decirle a todo que OK. Incluso se puso en contacto con la base de la OTAN en Nápoles, sin que se sepa ninguna reacción efectiva de la misma. No le comunicaron la toma de ninguna medida, y supo del resultado de la tragedia por la llamada, desde Suiza, de un familiar de una de las víctimas. Todo el mundo sabe que la “regla de oro” de la gente de mar es prestar auxilio, pero las sanciones por no acudir al rescate dependen desgraciadamente, de las leyes nacionales.

      Tenemos derecho a preguntarnos, preocupados y avergonzados, para qué existen organismos tan caros y llenos de gente lista y perspicaz como la OTAN y la ONU. Y si merece la pena la misma existencia de la Unión Europea, ya que no es capaz ni de acudir presta al auxilio de sus conciudadanos con problemas económicos, pero sí pretende blindarse del “peligro” de unos temibles colonizadores africanos dejándolos ahogarse en el mar. ¡Que asco, que vergüenza, qué tragedia, pero qué inconsolable tristeza!

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara      

 

5 Responses to “El eterno dilema: ¿quién vigila a los vigilantes?”

  1. Mienntras a los jueces prevaricar les salga gratis, seguiran haciendo de sus capa un sayo.

  2. “¡Que asco, que vergüenza, qué tragedia, pero qué inconsolable tristeza!”
    El imperativo moral del valor equivalente de cualquier vida humana ¿cuántos se lo han creído?

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