¿Quién es la autoridad que indica la “adecuación (de las leyes) a la dignidad de la persona humana”?.

300px-Daoiz_o_Velarde[1]Dicen os obispos en una declaración de la Comisión Permanente de la Fe hecha pública ayer: “la legalización de la eutanasia es inaceptable no sólo porque supondría la legitimación de un grave mal moral, sino también porque crearía una intolerable presión social sobre los ancianos, discapacitados o incapacitados (…) conduciría a verdaderos homicidios (…) e introduciría en las familias y las instituciones sanitarias la desconfianza y el temor ante la depreciación y la mercantilización de la vida humana”.

Según los obispos, estas palabras no ponen “en cuestión la organización democrática de la vida pública, ni estamos tratando de imponer una concepción moral privada al conjunto de la vida social”, sino que quieren recordar que  “sencillamente, las leyes no son justas por el mero hecho de haber sido aprobadas por las correspondientes mayorías, sino por su adecuación a la dignidad de la persona humana”.

Hay mucho que comentar y que apreciar. No se puede tejer ciertas hilaturas con hilos gruesos. Se olvida, con demasiada frecuencia, la recomendación de los escolásticos “in distintione, salus”. En primer lugar, el anteproyecto legislativo del Gobierno no legaliza la Eutanasia. Es decir, hay que negar la mayor de la declaración episcopal. Todo lo demás que sigue en el texto, dando por supuesto la inutilización del grueso de la argumentación, cae por su peso. Pero es que, además, tienen, probablemente, razón al presentar las consecuencias fatales de la Eutanasia. Digo “probalemente”, porque parecen pensamientos y preocupaciones sensatas, pero sabemos que algunos sistemas legislativos han aprobado, o están a punto de hacerlo, y según qué condiciones severas, la Eutanasia activa.

Una cosa es la moralidad de un instrumento, físico o legal, y otra la utilización de ese instrumento. Ejemplo: la ley que regula la propiedad privada es moral (excepto para la concepción socio-político-económica comunista). Pero la realidad nos obliga a admitir que esa ley ha sido, durante siglos, mal usada, (y demasiado abusada), provocando injusticia, exclusión, excesivas diferencias sociales, y un montón más de males reales y verdaderos, que no se pueden negar. ¿Concluiría alguien en el episcopado que la ley que regula ese derecho es una ley inmoral, porque no defiende suficientemente la “dignidad”, y aun la seguridad, de miles de millones de personas? Tal vez obispos como Helder Cámara o Pedro Casaldáliga, sin llegar a tanto, pondrían, (ya lo hicieron), a caldo el sistema abusivo de la propiedad privada. Por esas y otras los militares de la dicta(blanda) brasileña de los años 60 hasta mediados de los 80, llamaban al gran y bendito Helder “o bispo vermelho” (el obispo rojo).

La cosa más tonta es recordar que un simple cuchillo es un instrumento estupendo para cortar la carne, el queso o el jamón, y, a la vez, es un arma peligrosa, responsable de tantos crímenes. Prohibamos, pues, el uso de cuchillos. Muy a menudo las realidades humanas pueden resultar ambivalentes. Muchas leyes pueden encaradas   torticeramente. Pero no se pueden condenar, sin más, por el hecho de que, regulando actuaciones o situaciones complejas, delicadas, rayando muchas veces los límites del riesgo  peligroso, alguien las aplique ultrapasando, tal vez, la línea roja de la ética.

Y me queda responder a la pregunta que planteaba en el título, justamente sobre la adecuación de las leyes, o de los comportamientos, etc., a la ética y a la moralidad. Aprendimos con la Filosofía Escolástica que nos enseñaron en los seminarios mayores y en las Universidades de la Iglesia que Dios había impreso, en los seres humanos, como un signo indeleble, el sentido de lo bueno y de lo malo, es decir, de la moralidad. A esto se le llamaba “conciencia”, y a la ley que lo regulaba, “ley natural”. No todos los filósofos éticos están de acuerdo con ese esquema, especialmente desde le siglo XVII. Pero los obispos lo siguen manteniendo. Aceptarlo provoca ciertas conclusiones, que por lógica habría que admitir como resultado lógico del mismo.

Todos los seres humanos participan de esta riqueza “ética” de la que la naturaleza, -para los creyentes, Dios-, ha dotado al hombre. No sería razonable, ni lógico, que la humanidad caminara para trás en la precisión de los comportamientos éticos, y mucho menos que, puesta a regular justamente los comportamientos, dejara de lado la exigencia “innata” y natural de la “moralidad. Es decir, que los colectivos humanos, puestos a legislar, abandonaran o excluyeran la dimensión ética. No es lógico, ni probable, ni demostrado. Mientras no se demuestre lo contrario, todo legislador pretende y busca y quiere provocar comportamientos que, además de  adecuados a la ley, lo estén también a la moral.

El legislador se puede equivocar, evidentemente. Pero, ¿quién vigila el desacierto del legislador en el departamento de la Ética? Me temo que tan solo la propia sociedad democrática, con su progresiva, o a veces, radical, oposición a la ley. Aquí viene el contencioso con la jerarquía de la Iglesia. Yo, como creyente, y en nuestro caso, católico, podría aceptar la tutela del Magisterio eclesiástico en temas de moral y ética, (he dicho podría, no aseguro que lo haga). Pero, evidentemente, quien no quiera ser ni creyente, ni católico, o sea de otra religión u otra confesión, no aceptará, de ninguna manera, y con todo derecho, semejante poder de vigilancia y corrección legislativa de la jerarquía eclesiástica. (La ley que permite la pena de muerte, ¿es ética? ¿Debería intervenir, corrigiendo al legislador, la jerarquía católica norteamericana? ¿Alguien en su sano juicio aceptaría semejante intromisión? ¿O los obispos de  los Países Bajos en la ley de Eutanasia en Holanda? ¿Es que los obispos españoles son diferentes, o tienen otro mandato apostólico, y no nos hemos enterado?)

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara          

 

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