Competencias de la Conferencia Episcopal

Ha habido estos días una disonancia, leve a pesar del eco amplificador de los medios de comunicación, ciertamente dados al alboroto, entre el secretario y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). El primero, Martínez Camino, aseguró que la CEE ni tiene por qué, ni tenía decidido dar ningún tipo de consejo o proponer alguna exigencia al Gobierno elegido en las urnas. El segundo, Antonio Mª Rouco Varela, afirmó que sí que había que recordar al nuevo Gobierno algunas exigencias morales en la tarea legislativa. 

Yo no sé por qué dan tanta importancia los medios de comunicación a una coma, o punto y aparte , o pequeña diferencia entre dos personajes de la vida eclesial. Personalmente, me parece estupendo que haya ideas y opiniones diferentes, y no sucede nada. Muchos deben de pensar que la Iglesia jerárquica tiene la disciplina de un ejército bien ordenado y avenido, y, sobre todo, entrenado a que todos sigan sin rechistar la voz del jefe.  Hay quien piensa que ebería ser así. Desgraciadamente, cada vez más personas en la Iglesia, sobre todo aquellos que olvidan que no es coincidencia el que haya cuatro evangelios, y tampoco el que entre ellos haya diferencias y contradicciones. A algunos les desbarata su ingenua certidumbre en la literalidad de los evangelios el que en uno de ellos, el de Mateo, la Ascensión haya sucedido en Galilea; mientras que en Marcos, Lucas y los Hechos hubiera acontecido en Jerusalén; o Juan no diga nada ni se pronuncie. Los que sabemos qué es un midrás ni nos sorprendemos ni nos inquietamos.

Algo así sucede en las divergencias eclesiales de los jerarcas. Han sido siempre numerosas y, a veces, sonadas y peliagudas. Que se lo digan a Pablo VI y al cardenal Ottaviani, a Juan Pablo II y a los cardenales Bueno Montreal y Martini, o a éste último, primero al cardenal Ratzinger, y después al mismísimo Benedicto XVI; o al cardenal Tarancón y a muchos de sus hermanos en el episcopado, como monseñor Guerra Campos, el aguerrido y competente obispo de Cuenca. Desgraciadamente, parece que estas magníficas y refrescantes diferencias sucedieron hace una etarnidad. Hoy da la impresión de que la tendencia al pensamiento único ha vencido en la Iglesia. Pero por lo visto, no, gracias a Dios.

Volviendo a la CEE y sus competencias, es necesario reconocer que, actualmente, desde de punto de vista doctrinario, y más aún, normativo y disciplinario, la autonomía de las conferencias episcopales es mínima. Un obispo no tiene por qué sentirse atado por enseñanzas o disposiciones de las  Conferencias Episcopales (CEs) que no le complazcan. Y hay que decir, con toda claridad, que esta deriva a la nada de las CEs tiene una prehistoria, una historia, y una póshistoria, que es ya el presente.

Como no es el momento niel espacio para una historia exhaustiva del tema, recordaré tan solo algún punto fundamental: la idea de las Conferencias Episcopales, y de su importancia, y la voluntad de dotarlas de poder y de autonomía, nació en las mentes de los teólogos, especialmente, eclesiólogos, que abogaban con clariedad por la naturaleza colegial del episcopado universal, la famosa Colegialidad episcopal. Para algunos, notablemente, los miembros de la Curia Vaticana, esa idea les recordaba el Conciliarismo de los siglos XIV y XV, como una especia de contrapeso al omnímodo poder del Papa. Uno de los más notables y diligentes defensores de esa idea era un joven teólogo que, por su edad, prometía ser una lumbrera en la Teología, tal vez durante medio siglo. Su nombre era Joseph Ratzinger,  que, en aquellos tiempos, por los años sesenta, escribió un artículo memorable en defensa de la atribución a las CEs de muchas y muy importantes competencias. Hubo otro teólogo inglés, George Basil Hume, que pensaba igual. Después, ambos fueron subiendo en el escalafón jerárquico eclesial, hasta llegar a cardenales. Siendo “príncipes de la Iglesia” publicaron sendos artículos, que tuvimos que leer y comparar con los anteriores como tarea en la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia de Salamanca, en los que cambiaron drásticamente de opinión. ¡Vamos!, “dónde dije digo, digo Diego”. 

Pero, desde luego, no está homologado en ningún documento o decreto, ni conciliar, ni papal, que una de las competencias de las CEs sea asesorar, aconsejar, orientar y, mucho menos, presionar, exigir, o imponer sus ideas, a los legisladores de ningún Parlamento nacional. Eso que podía ser inteligible y plausible en el siglo XV o XVI ahora sería un anacronismo inpemsable. ¡Si ya en el siglo XV los juristas del rey francés Felipe el Hemoso se negaron a aceptar la ingerencia de Roma en sus asuntos jurídicos! Ahí empezó, realmente, la autonomía de la socidad civil con respecto a la autoridad, “ex alto“, de la jerarquía de la Iglesia. Así que choca un poco que, seis siglos después, alguien pretenda esa ingerencia.

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

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