La sanidad de los “sin papeles”, ¿en manos de las ONGs?

De las discutibles y polémicas decisiones, o ideas, o proyectos, del actual Gobierno, uno de los más descabellados es el que pretende, o por ahora solo insinúa, pero sabemos en qué acaban esas insinuaciones, el que como globo sonda ha lanzado el Ministerio de Sanidad: que las ONGs se encarguen de la atención sanitaria de los inmigrantes sin papeles, o irregulares en su situación actual en nuestro territorio. Me niego a denominar “ilegales”, a quien quiera que sea, tan solo por haber entrado o permanecido en un país diferente al suyo contraviniendo órdenes, normas o reglamentos que tienen, solamente, carácter administrativo. La persona, sin más, no puede ser declarada ilegal. La ley es algo mucho más sério que las disposiciones burocráticas y reglamentarias de la policía, del Ministerio del Interior, o de otras administraciones de los Estados soberanos.

Todo eso que he dicho antes, desde un punto de vista global y general. Pero la cosa se complica, se agrava, se envilece, se hace injusticia y acaba clamando al cielo, si esa insoportable discriminación se realiza con personas enfermas, desvalidas, la mayoría de las veces sin recursos, a las que se las obligaría a deambular buscando la atención de organizaciones de buena voluntad, compuestas por voluntarios, no necesariamente especialistas en medicina. El increíble engendro da la impresión de que es la respuesta, más que irónica, ácida y vitriólica, del Etado, sea del signo partidista que sea, a las constantes críticas y reproches que desde las ONGs de contenido social o asistencial, lanzan contra los Gobiernos de los países, también de España, por su legislación social, de los Estados, o la falta de la misma, por su poco empeño en la realización de una justicia verdaderamente distributiva, y por su precaria o nula atención en los presupuestos. Como diciendo: “os parece que lo hago mal, ¡pues hacerlo vosotros!”.

 

Se trata de una broma muy pesada. El derecho a la atención sanitaria es un derecho humano incontrastable e incuestionable. Todos sabemos que esa tarea cuesta dinero, pero los altos funcionarios del Estado, se supone que gente muy competente, deben saber, y pueden hacerlo, si tienen voluntad, no política pensando en las siguientes elecciones, sino humanitaria y de servicio, para discernir, y separar los campos y los problemas económicos de los de atendimiento a los enfermos. ¿De donde sacar el dinero? Doy una sugerencia: los artículos de lujo que se venden en las tiendas de Serrano, y equivalentes de Madrid y de todas las ciudades de España, seguro qye ya tienen asignado algún impuesto más alto, ¡por el lujo! que, evidentemente, hay que pagar. Pues bien: que en esta época de crisis carguen no con un céntimo, sino con un euro cada venta de esos artículos, o un % más elevado, en una escala de precios y artículos. Así los que consumen esos consumidores “de gama alta“, que realizan unas compras muy saludables para la economía, (pues también esos productos exigen fabricantes o artesanos, es decir, mano de obra), pagarían, evidentemente a través de los centros sanitarios del Estado, la atención a los más débiles e indefensos.

 

Ya sé que subir impuestos va en contra de los principio de una Economía liberal. Pero “necesidad aprieta”, y los más privilegiados deberían entenderlo. Aprovecho también para una aclaración: me pongo nervioso cuando, incluso desde las más altas intancias, oigo hablar de problemas del Estado, de las autonomías, y de los municipios. Cualquier aprendiz de Derecho sabe que el Estado engloba esas tres administraciones: Gobierno central, Autonomías y Municipios. Todo eso es Estado. Tan estado son los municipios de Astigarraga, o  el de Santa Coloma de Gramanet, como la diputación de Badajoz o el Gobierno de la Nación. Pero algunos, y ya sabemos por qué, tienen interés en esa burda y grosera confusión.

 

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara  

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