Justicia para ricos. ¿Piensan decir algo nuestros obispos?

 

Afirma solemnemente la Constitución que todos somos iguales ante la ley. Lo que sucede es que las proclamas grandiolocuentes suelen ser, más que trascripción exacta de la realidad, puros desideratums. Entiempos de Felipe González se suprimieron las taxas judiciales, para quye todos pudieran recurrir en busca de justicia, independientemente de la condición económica. Después, gobernando Aznar, se introdujeron, aunque tan solo para las personas jurídicas, pero ya era una vuelta a la “normalidad” liberal conservadora. Ahora el actual Ministro de Justicia, mi amigo y apreciado Alberto Ruiz Gallardón, católico ferviente y practicante, ante la situación de crisis y la necesidad de disminuir los gastos y aumentar los ingresos que nos aqueja y nos urge, ha tirad por la calle de en medio, es decir, va a tirar, pues todavía no se ha hecho efectiva su reforma de normativa de tasas.

 

La cosa se resume fácilmente: el que pierda la primera instancia o pretenda un recurso de casación ante el Supremo tendrá que abonar una tasa, ¡no os caigáis de la silla!, de 800 euros. Habéis leído bien. No son ochenta, que ya noa estaría mal para la precaria economía de muchyos ciudadanos, sino 800 pavos, como diría un castizo. Es decir que si hemos tenido un desencuentro jurídico, o mejor, un encontronazo, con una empresa de servicio, por ejemplo, y el juez ha fallado contra nosotros en primera instancia por un montante de 4.150 euros, lo pensaremos muy seriamente el recurrir. En caso de nuevo fallo contrario, además de la taxa por el recurso, no olvidemos, 800 euros, tendríamos que pagar todas las tasas del juicio y los emolumentos del abogado contrario. ¡Demasiado riesgo! Pero seguro que la empresa, si perdiera la 1ª instancia, recurriría, porque para ella no es gran cosa ese montante, pero en muchos casos podría perder mucho dinero. Y como tienen muy bienos abogados…

 

He aquí otra fuente clara y enorme de injusticia. No solo en las películas americanas, sino en la vida real española, vemos cómo los procesados ricos, personas físicas o jurídicas, marean la perdiz, y consiguen con ardides legales, ¡leguleyos, más bien!, retrasar indefinidamente los plazos de las sentencias, muchas veces hasta el escándalo inadmisible, total responsabilidad de jueces venales, irresponsables o conniventes, de la llegada fatal del plazo prescripción, como si no hubiera mecanismos fáciles para, en su momento, e intermitentemente, poner a cero el reloj halagüeño para el procesado, pero infame para la justicia, de la prescripción. Así vemos encarcelados a porbres hombres por delitos menores, y campando a sus anchas a delincuentes, sobre todo de “cuello blanco”, con mucha influencia por su dinero y su puesto social.

 

Me pregunto sobre la posible intervención de los obispos porque éste sí que es un tema que roza una de las prioridades de la Palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Yo he expresado muchas veces en este blog que los cristianos no podemos, ni debemos, arrogarnos el monopolio de la moral social, y muchos menos la tutela de la legislación civil. Claro que puede, a partir de la palabra revelada, iluminar sectores de la vida que están contemplados en la Sagrada Escritura. Y cualquier de nuestros católicos practicantes habrá oído, con certeza, las diatribas que salmos y profetas, sobre todo, lanzan furiosos hacia el abuso y la injusticia contra los pobres y los desvalidos, y cómo Dios se erige a Sí mismo su a bogado y su juez, tan benigno con ellos como austero e implacable contra los poderosos.

Lo que no se entiende, ni de dentro ni de fuera de la comunidad eclesial, que la jerarquía de la Iglesia eleve su voz sobre temas morales, ciertamente importantes y graves para la sensibilidad actual, como el aborto, la eutanasia, las células madres, y otros, cunado la Palabra no nos ha dado ni una pista sobre ellos. Es decir, cuando no podemos invocar sobre esos campos de actuación, la autoridad del magisterio revelado. Recuerdo a quien quiera hacer un pequeño ejercicio de memoria, que en tiempo de Jesús el imperio romano practicaba abiertamente el aborto, e incluso el infanticidio. ¿Alguien recuerda alguna mensión o condena del Maestro, o de Pablo, o de Lucas, o quiern euira que sea del NT contra esa práctica? Pues si tenemos asusntos clara y diáfanamente iluminados por la Palabra, y los dejamos de lado en nuestras denuncias, ¿para qué meternos en terrenos  no avalados por laayuda de la Revelación?

 Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara  

 

2 Responses to “Justicia para ricos. ¿Piensan decir algo nuestros obispos?”

  1. El derecho a manifestarnos es un derecho de los pobres para que el sistema no nos tenga tapados como si no existieramos. 100 abogados catalanes impulsan un manifiesto “por el derecho a manifestarse sin coacciones”
    Denuncia el aumento de las medidas represivas, como la web delatora, el encarcelamiento de huelguistas o el uso de material peligroso por parte de los Mossos, ante la “lógica” protesta ciudadana en contra de los recortes de los gobiernos
    Por el derecho a manifestarse sin coacciones, recuerdan que este queda recogido en el actual ordenamiento jurídico estatal e internacional. En el texto, recuerdan que los gobiernos catalán y español “están realizando una política de duros recortes en ámbitos tan sensibles socialmente como la educación y la salud, que vienen a sumarse a la degradación de los derechos laborales en el mundo del trabajo y los endémicos problemas de la vivienda “. Y que estas medidas han provocado “la lógica y necesaria movilización y protesta ciudadana”, que han ido acompañadas de un “preocupante aumento de actuaciones represivas y contrarias al propio ordenamiento jurídico por parte de la Consejería de Interior de la Generalidad de Cataluña “.

    Por todo ello, el manifiesto de los 100 abogados, como lo presentan, denuncia “el encarcelamiento de huelguistas y sindicalistas” a raíz de la huelga general del 29 de mar, porque se ha dado un “uso excesivo y carente de ningún criterio legal de la prisión preventiva con la finalidad política de atemorizar a los ciudadanos y de coaccionar la acción sindical de los trabajadores “. También se quejan del uso por parte de los Mossos de “material peligroso para la integridad de las personas”, como botes de humo o peloteras, así como la “coacción policial a los manifestantes” los pasados ​​1 de mayo, Día del Trabajo, y 3 de mayo, en la huelga de estudiantes. Finalmente, el último motivo de denuncia es la web que Interior puso en funcionamiento para delatar personas que, siempre según su versión, habían participado en los incidentes del 29-M, porque “vulnera los derechos fundamentales a la presunción de inocencia ya el honor y nos acerca peligrosamente a una situación de Estado anti-democrático “.

    El documento, firmado por abogados conocidos como Francesc Casares, Benet Salellas o Xavier Monge-cabeza de lista de la CUP en Barcelona las últimas elecciones municipales-, así como por los miembros del Colectivo Ronda, concluye que en la actual situación de pérdida de derechos colectivos básicos, “el manifestarse no sólo es un derecho, sino una obligación ciudadana, que no puede verse violentada por actuaciones claramente intimidatorias de las autoridades”

  2. Recortes a la libertad de expresion en España:

    http://periodismohumano.com/sociedad/comunicacion/recortes-a-la-libertad-de-informacion-en-espana.html

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