La judicatura, bajo sospecha

Lo que voy a escribir es, en parte, mi opinión, y, en gran parte, el resultado de lo que se   oye por ahí, lo que escucho a mis parroquianos, o mis amigos, más variopintos y dicharacheros, en el bar. Toda esa gente expresa, un poco más burdamente, y con palabras menos exactas y finas, lo mismo que yo opino. Y que, por lo que leo en ciertos artículos de periódicos y revistas, artículos bastante de fiar, por la argumentación e información de los autores, cada vez se puede concluir con mayor seguridad que la población de a pie, la que no suele disfrutar de privilegios, ni los huele, ni casi los imagina, desconfía cada vez más de la imparcialidad, de la objetividad, de la honestidad, y, en ciertos casos, hasta de la competencia de nuestros jueces.

Yo ya he comentado, aliñado mi comentario con una cierta crítica, que el dichoso principio de “legalidad”, del que tan orgullosos se sienten los juristas, ha proporcionado un alibi (excusa, pero más exactamente, coartada), para judiciar impunemente con leyes inicuas, ilícitas, y más veces de las deseadas, verdaderamente vergonzosas. Mírese, por ejemplo, los jueces que con su flema y su principio de legalidad dando soporte legal, y permitiendo funcionar, a la Alemania, con sus leyes de pureza de razas, a la España franquista, con sus leyes detestables, o a los Estados Unidos, y tantos otros esclavistas del siglo XIX, con sus inicuas e ilícitas leyes esclavistas; o la infamia de las leyes sobre propiedad privada, que parece más sagrada que la religión interesada que profesan sus detentores.

Hoy día hay leyes europeas, y españolas, por tanto, de inmigración, que son verdaderos atropellos legales. Y si los jueces no tienen conciencia, o no son valientes para seguir sus dictados, podrían, evidentemente, presentar su “objeción de conciencia” en la aplicación de una ley. Pero me suena, y si alguien me puede sacar del error, pido que lo haga, que los jueces, justamente por el “sacrosanto principio de legalidad“, no pueden apelar a es instrumento, válido para eximirse de dar ciertas sentencias a que repugnan a su conciencia.  Es muy interesante comprobar que el respeto a lo santo y a lo sagrado, que se ha perdido en las sociedades así llamadas avanzadas y democráticas, se ha desviado hacia las norma emanadas de la soberanía del pueblo, sin que quepa  ninguna posibilidad de dejar de cumplirlas, sin cometer delito.

Esta consideración de la esclavitud al “principio de legalidad” has lastrado el prestigio y la credibilidad de colectivos enteros de jueces y fiscales. Pero ahora quería incidir en otra cuestión, que me parece menos seria e influyente en la distribución de justicia, pero más expuesta a la dolorosa sensibilidad de los ciudadanos; sobre todo, de los más débiles e indefensos. Me refiero, sobre todo a la percepción, real o no, de que los jueces, en las grandes causas, sobre todo, o en las más mediáticas, usan diferentes varas de medir, según la categoría de los encausados. Puede resultar una falsa apreciación, pero la idea que resulta de las noticias que nos llegan, por periódicos, radios, televisión, y el boca a boca, es que, a pesar de lo que afirmó el Rey en uno de sus últimos mensajes de Navidad, de que “la Ley es igual para todos”, de hecho, no parece así.

No voy a hacer, ni siquiera intentar, una recopilación de los casos que podrían constatar lo que he afirmado en el párrafo anterior, aunque se puedan escribir, no uno, sino varios, libros sobre el tema. Solo recordaré el eterno mareo de la perdiz de causas contra políticos, a nivel personal, o como partidos, como en los casos Gurtel, o Fabra, o las irregularidades de la Generalitat Valenciana, o de los EREs de Andalucía, o la insufrible morosidad del caso “Nóos”, o las temblorosas razones de la fiscalía anticorrupción para contradecir la actuación del juez en el caso Urdangarín-infanta, o el mismo ánimo exculpatorio del fiscal en la causa abierta contra la esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, y, por derivación contra éste mismo.

Y solo una palabra para acabar: y todavía es peor la actuación del propio Gobierno cuando ejerce la función judicial que le permite la Constitución, como en el caso de la concesión de indultos. Ya comenté la vergüenza del caso del conductor suicida indultado, emparentado con gente del Gobierno de Madrid, y defendido por el bufete donde  trabaja el hijo del Ministro de Justicia. Así que me remito al artículo que acabo de citar. (“Si es verdad, ¡es gravísimo!”  19/11/2013)

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

One Response to “La judicatura, bajo sospecha”

  1. Al gobierno de los jueces (el Consejo General del Poder Judicial) lo nombran los políticos, pactando entre ellos cuántos corresponde nombrar a cada partido en función del reparto de escaños en el momento renovar el CGPJ o, como no, el Tribunal Constitucional el cual, por cierto, debería de ser suprimido y sus funciones atribuidas al Tribunal Supremo…
    La justicia, en España, se ha convertido en una vergüenza por dos razones: la primera ya la he comentado al principio; la segunda, porque demasiados jueces se han vendido al poder político, redactando autos y sentencias al dictado del gobierno de turno.
    ¿Ejemplos? Pondré solo dos: la legitimación del expolio de Rumasa en 1983 y la persecución a Mario Conde, no porque hubiese metido mano en la caja -cuesta creerlo ya que era inmensamente rico- sino porque era un estorbo para un político tan megalómano como mediocre llamado José María Aznar y otro político, el mago de la demagogia llamado Felipe González, que fue quien inició el desmantelamiento industrial de España…
    Aunque podríamos continuar con el acoso y persecución de que es víctima el juez Elpidio Silva por investigar a fondo el latrocinio de Caja Madrid, o por la prisa que se ha dado el gobierno de los jueces a liberar a etarras y peligrosos delincuentes no porque lo diga el Tribunal de Estrasburgo, -cuyas sentencias han ignorado sistemáticamente cuando no les ha convenido aplicarlas- sino porque han pactado con la banda terrorista ETA y, para ejecutar dicho pacto, la liberación de peligrosos delincuentes comunes no son más que “daños colaterales”.
    En fin. Por qué seguir…

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