¿Qué queda del “contrato social”?

Para los no iniciados, u olvidadizos, “Contrato Social se entiende, por lo menos desde (Jean-Jacques) Rousseau, (1712-1778), lo siguiente:

Un contrato social que explicaría, entre otras cosas, el origen y el propósito del Estado y de los derechos humanos. El núcleo de la teoría (cuya formulación más conocida es la del pensador francés), es la siguiente: para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito, o hipotético, que les reconoce ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que dispondrían en estado de naturaleza. Siendo así, los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social, en tanto que el Estado es la entidad creada para garantizar el cumplimiento del contrato. Una de sus principales características es que los individuos  desisten del uso de la fuerza, cuyo monopolio exclusivo se le otorga al Estado, con la condición de que éste la use en defensa y a favor de los individuos.. Del mismo modo, los seres humanos pueden cambiar los términos del contrato si así lo desean; los derechos y los deberes no son inmutables o naturales.

Evidentemente, este contrato es una hipótesis de algo realizado, activa o pasivamente, es decir, promovido, o permitido por los grupos humanos, “in illo témpore”, como decíamos antes al proclamar el Evangelio en latín en las misas. Lo más interesante, y continuamente vigente en este contrato virtual es que el Estado no es el origen del orden y la convivencia, de los derechos y deberes de los individuos, de la ley y las normas legales, sino que “es el resultado del consenso de los individuos” que lo forman. No es un señor ni amo, ni ostenta realmente el poder, sino un servidor que lo ejerce por delegación de los individuos, que, a partir de este momento, vamos a llamar ciudadanos.

El Estado puede ser considerado y estudiado desde una multitud de ángulos y facetas diversas y complementarias. Con el paso del tiempo los pensadores y filósofos del Derecho y de la Política han ido perfeccionando su concepto y su funcionamiento, como hizo  Montesquieu (Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, Château de la Brède, 18 de enero de 1689 – París, 10 de febrero de 1755), con la división de poderes, etc. pero ahora me voy a limitar al uso de la fuerza por parte del Estado y de sus funcionarios, a los que el Estado preparara, educa y delega para esa función.

Estamos contemplando en estos días graves alteraciones del orden público en un barrio de Sevilla, en el que la desidia y la dejación de responsabilidad por parte de las autoridades municipales y autonómicas, que forman parte del aparato del Estado, han hecho que los propios  ciudadanos, con un uso a veces moderado, a veces intenso, de la violencia, hayan intentado resolver la grave quiebra de sus derechos, como el de propiedad, el de la seguridad ciudadana, etc. Por lo menos esto es lo que esos ciudadanos afirman.

Bien, supongamos que es verdad, que esos conciudadanos de nuestro Estado español se han hartado de la dejación de funciones, de la ineptitud o de la falta de voluntad real y efectiva por parte del Estado, o de cualquier nivel de éste a quien le corresponda, en la resolución de sus problemas. Esa situación, ¿haría retrotraer el Derecho a la autodefensa, es decir, devolvería a los ciudadanos el derecho al uso de la fuerza que en un momento dado éstos declinaron en exclusiva del Estado? Es ésta una cuestión peliaguda, que me atrevo a pronosticar se vuelva, cada vez, más acuciante, frecuente, hasta llegar a ser necesaria de plantear y de resolver.

(Como considero este tema muy interesante, casi apasionante, lo seguiré tratando mañana, u otro día, con el inquietante título de “La trampa de las instituciones”).

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

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