¿A quién benefician las leyes, tanto nacionales como internacionales?

Es muy fácil responder a esta pregunta tan general, basta, tan solo, con tirar de lógica. Las leyes favorecen a los que están instalados en la seguridad que les da el dinero, la posición social, le influencia política, en resumen, el Poder. Sé que la respuesta, por ahora, es muy general, tanto como la pregunta, pero es lo primero que nos viene a la mente. El sistema legal romano, por ejemplo, tal vez el “corpus iuridicus”  mejor ideado, elaborado y propuesto a la ciudadanía del Imperio como salvaguarda y faro de las conductas públicas y privadas, es decir, del Estado, como tal, y de los ciudadanos, fue concebido, como es evidente, desde la situación de los que lo  iban a aprovechar, es decir, los ciudadanos romanos. Éstos eran pocos, muy bien avenidos, por lo general, con un fuerte sentimiento de secta o casta socio-política, y con la idea de que a ellos todo se debía, y que los demás, siervos o esclavos, solo estaban para servirlos. Y tirando de brocha gorda, algo parecido sucedió con los cuerpos jurídicos de los germanos y sajones, que nacieron, y crecieron, en un momento de la Historia en que el mayor elemento configurador de la convivencia, interna en medio de los pueblos, y externa, internacional, entre ellos, era la fuerza, sustentada en las armas y en el arte de la guerra: es decir, en el Poder.

Si nos fijamos en el lejano oriente, con sus sistemas de castas y clases escalonadas, tanto en China como en la India, la cosa solo puede empeorar. Y del misterioso mundo eslavo, son su alarmante manera de medir la propiedad de la tierra según las “almas” que necesitaban, ¡con sus cuerpos, claro!, para trabajarla, acabaremos por entender algo de la revolución marxista, cuyo triunfo se debió, en gran parte, a que, en principio, y en teoría, alcanzaba, en sus beneficios, a muchos más, inmensamente más, que las ordenaciones legales y jurídicas anteriores. Y esto, que sirvió para Rusia, también fue de gran rendimiento y éxito en China, como vemos por los resultados obtenidos, y la velocidad de los mismos en el gran gigante asiático. Pero no me quiero alejar mucho de mi objetivo, así que resumiré: a una somera mirada, la conclusión es evidente: la legislación actual, como ha sucedido en casi todas las culturas e imperios, favorece a los que están instalados en el Poder. Pero para poder matizar mejor estos asertos, ordenaré metódicamente unos cuantos puntos:

  1. Poder político: esto se ve claramente en el concierto de las naciones, y en la composición de la mesa de la ONU, y en los componentes de su Consejo de Seguridad. En esas instituciones están representados los países con más poder intimidatorio, por su poderío militar, y/o su influencia ganada, en los últimos siglos, en las mesas de tratados y convenios. Es sangrante cómo los países que ya han usado y amenazado realmente al mundo con la energía nuclear tengan la impudicia de prohibir la “proliferación de esa energía nuclear”, no porque los países que pretenden realizarla, como Brasil, no sean de fiar, -esa es la disculpa-, sino porque los países mandamases tienen suficiente poder coercitivo de convicción para que los países díscolos se mantengan quietecitos y obedientes. Y es bastante claro que esta inicua ordenación jurídica internacional, protestada y recriminada por países segundones y emergentes, es intocable porque la ley inexorable de los beneficios de las leyes: las sustentan aquellos a quienes les favorecen, y mucho. (Y lo que digo en este apartado coincidiría con lo que podríamos llamar poder económico-estatal, es decir, el poder de los países ricos).
  2.  Poder económico no estatal, es el de las multinacionales, de los grandes centros financieros, y de los trusts de grandes bancos. Acabamos de saber que un buen número de bancos, de uno y otro lado del Atlántico, han sido multados por prácticas abusivas de unificación ilegal de procedimientos, siempre favorables a ellos, y altamente desfavorables a los clientes. Pues bien, la multa, según la mayoría de los analistas, ha sido ridícula, absolutamente favorable a los intereses bancarios. Es decir, vale la pena la práctica delictiva, porque la ganancia es infinitamente mayor que el pago de la multa. Algo parecido ha sucedido con los bancos franceses que transfieren el pago de sus impuestos a Luxemburgo, pagando un 5% de los 30% que pagarían donde realizan las ganancias. Y los ejemplos de la quiebra de las grandes firmas financieras antes de la explosión de la crisis nos dejan la misma enseñanza: que la normativa legislativa que regula las operaciones macro económicas a nivel mundial, y que deberían estar pensadas para la protección, siempre, de los ciudadanos, y no de los detentores del dinero, no cumple ese objetivo fundamental. El dinero sale favorecido, y los ciudadanos, lesionados en sus derechos.
  3. Poder social. Este punto atañe más, o lo podemos visualizar mejor, y concretar, en la legislación nacional interna a nuestro país. Me refiero a los grupos sociales que, o por el poso que va dejando la Historia, o por méritos antiguos realmente conseguidos con esfuerzo, o por concesiones graciosas de los reyes, disfrutan de un status especial antes sus conciudadanos, que los hace si no invulnerables a los posibles castigos penales, sí difícilmente alcanzables por las sentencias penales, que solo con cuentagotas se pronuncian contra esas personas o personajes con la significación de la que estoy hablado. O, por lo menos, esa es la sensación de la mayoría de la población. Dos casos emblemáticos de esta situación, en nuestro país, se refiere a los miembros de la casa real, y a los famosos, y, cada vez más, denigrados aforados, que requieren tribunales especiales y exclusivos.

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

 

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