El caso de Rita Maestre

No es la primera vez que, en este blog, me pronuncio sobre este tema. Se trata de la “confesionalidad” del Estado español. No me he equivocado, no, pone confesionalidad de propósito. Porque esto es lo que estamos viviendo en nuestro país, con la connivencia de las autoridades, que no deberían, en este tema, secundar la actitud de la jerarquía de la Iglesia, muy contenta y conforme con el actual estado de cosas, en el que se siente a gusto, y con gran parte del mando en plaza que ha tenido, en España, durante siglos. Y este pequeño artículo se debe al descabellado juicio que la fiscalía ha montado, no se sabe por qué (o tal vez sí se sabe, desgraciadamente), contra una chica universitaria, por algo que realizó hace cinco años, cuando tenía veintidós años. Me refiero, claro, a la demanda que la fiscalía ha montado contra Rita Maestre, portavoz del ayuntamiento de Madrid, en lo que tiene todos los visos de una actuación vindicativa de tintes políticos. Algo que ha llevado al coordinador de Podemos, Pablo Iglesias, a exclamar hoy en una televisión, “¡Qué extraño, la primera política sentada este año en el banquillo de los acusados no ha sido Rita Barberá, sino otra Rita, por una protesta universitaria de hace cinco años!” 

No sé con exactitud cómo funciona la prescripción en este país, pero debe de ser de un modo muy selectivo, porque hay delitos que prescriben en un suspiro, o eso parece, como muchos de los que han sucedido a lo ancho de esta España de nuestros pecados, en el ámbito incluso de los dineros públicos, que, supongo, por el bien común, deberían ser contemplados por un instrumento de la prescripción más exigente, y de plazos nada o muy poco benevolentes. Pues resulta que lo que a todos, o a una mayoría de personas de sentido común reconocido, no les parece delito, no ha prescrito en cinco años. Y ha sido denunciado y perseguido por la fiscalía, en contra del parecer del Arzobispo de Madrid, que considera lo que sucedió hace cinco años como una travesura de juventud. Y si es verdad que el delito de la portavoz madrileña lo fue contra la sensibilidad religiosa de alumnos católicos de la Universidad Complutense debería ser denunciado y perseguido por el representante de la Iglesia Católica en Madrid, que se ha inhibido. La diligencia y el celo de la fiscalía, en este caso, llama la atención por contraste con el poco interés que mostró la misma representación legal del Estado en el caso de los impagos a Hacienda por parte de la ciudadana Cristina de Borbón, que permitió, o eso pensaba el fiscal, la abogacía del Estado, y la defensa particular de la infanta, la aplicación de la doctrina Botín.

No hace ningún bien al Estado mostrar a la ciudadanía estas diferencias de criterio, sobre todo cuando cabe la posibilidad de que pueda caber la negación de la mayor, es decir, que el delito denunciado no lo sea. Y no ya por las circunstancias de la realización del mismo, sino por las dudas teóricas de la propia figura delictiva a aplicar. Una cosa es que el modo de protesta ciudadana, por el motivo que sea, resulte inadecuado, y otra que la protesta tenga, o no, lugar, según la normativa jurídica. El caso y motivo de la protesta estudiantil de los alumnos de la Complutense, en la que participó Rita, es la aplicación del principio constitucional, que determina sin, género de duda, que España es un Estado aconfesional. (Constitución española, Art. 16,3). La pregunta es qué hace una capilla confesional, como es la católica, en un espacio público estatal, como es una Universidad Pública. Tenemos noticias de que muchos miembros de la comunidad universitaria, docentes y alumnos, han protestado y denunciado lo que consideran un abuso, y que, en el caso que ahora se juzga, los estudiantes apelaron a la vía de los hechos, “pero no violentos”, para conseguir mejor ser escuchados.

Nunca debemos confundir los gustos, y las diferentes sensibilidades, con las acciones que son, de por sí, delitos. El modo y estilo de la protesta estudiantil que ahora está en el foco, es evidente que a muchos no nos gusta, pero eso no quiere decir que la acción sea, por eso mismo, delictiva. Por eso me parece digna de encomio, y del máximo respeto, la postura del arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, con su actitud comprensiva y perdonadora de la acción de unos jóvenes inquietos y críticos. Eso, por un lado. Por otro, habría que ver si con tanta promiscuidad entre las autoridades religiosas y políticas en celebraciones litúrgicas, como funerales de Estado, o presencia prominente de próceres políticos  en procesiones y actos litúrgicos religiosos, no estamos, y la jerarquía católica no está, dejando de cuidar y velar por la no intromisión del Estado en sus asuntos internos, sobre todo celebraciones sacramentales, en las que no debería nunca la Iglesia reconocer ningún rango, ni distinción, ni protocolo, que el propio, exclusivo e interno a los procesos litúrgicos de la propia comunidad eclesial. Es decir, puede suceder que para algunos, y no tan jóvenes ni universitarios, sino incluso peinando canas, la protesta por la presencia activa de la Iglesia en el espacio estatal, o viceversa, del Estado en el espacio eclesial, les parezca legítima, y hasta necesaria. Y que si no están de acuerdo con el modo de realizarla, que constituye más bien anécdota irrelevante, pueden estarlo con la actitud reivindicativa  en sí, y hasta con la necesidad de la misma.

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

 

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