¿Alguien me saca de esta duda?

Mi duda procede de la lectura en el diario “El Mundo” de la siguiente noticia: “El Supremo reabre la causa de Novo Carthago contra la senadora del PP Pilar Barreiro“. El motivo de mi duda no está en este  caso judicial, que pongo como ejemplo, y que me ha motivado a escribir esta breve nota, que no es otra cosa que petición de auxilio. Y poco importa que la encausada sea del PP; podría ser del PSOE, o de cualquier otro partido, o, simplemente, un particular, persona física o jurídica. Porque en todos los casos posibles se ha dado, con más frecuencia de la que podría ser considerada conveniente, y a mí me llama poderosamente la atención. Otro caso que comenté fue el de la actuación, que me pareció demasiado discrecional, del fiscal del caso “Noos”, en el que estaba involucrada la infanta Cristina.

En la causa de la senadora Pilar Barreiro, el artículo del diario madrileño entre en detalles de como “El Alto Tribunal ha anulado el auto por el que el instructor del Supremo acordó el archivo de las actuaciones“. La Sala Penal estima así un recurso de IU-Verdes y dos ediles del PSOE. En el auto en cuestión el Supremo obliga al   magistrado instructor, José Ramón Soriano,  a valorar la documentación presentada por los apelantes, con la  argumentación presentada en su escrito. Por ello, ordena retrotraer las actuaciones al tiempo anterior a la resolución de mayo de 2015, que exculpó a Barreiro después de oír su declaración.

Y el caso es de magnitud considerable, y de extrema gravedad,  de presunta, pero enorme corrupción urbanística, si se confirma, y conocido como  Novo Cartago. El  litigio se abrió por la vulneración de la legislación de protección medioambiental, considerada como tal por los demandantes, sorprendidos, y asustados,  del proyecto de recalificación de parte de unos terrenos próximos al Mar Menor, con la ¿sencilla? pretensión de construir viviendas, dos campos de golf, y hoteles de lujo. El archivo del auto fue recurrido por Izquierda Unida-Verdes y los que en aquel momento eran concejales de la oposición en el Ayuntamiento de Cartagena,  Ana Belén Castejón -hoy vicealcaldesa- y Juan Pedro Torralba, con la oposición del fiscal y de la defensa de Barreiro, que solicitaron que fuera desestimado, como sucedió en su momento. Pero ahora, en la demanda aceptada por el Supremo de reabertura del caso, se ha personado, también, el ayuntamiento de Cartagena, que lo ha hecho  como  acusación popular, pidiendo que se vuelva a estimar el recurso.

Mi duda es bastante razonable, y consiste en el grado de discrecionalidad de que gozan jueces instructores, fiscales, y otras autoridades judiciales para aceptar, o rechazar una causa, y para decidir si hay motivos suficientes, y lo bastante claros y diáfanos, para adoptar una  otra decisión. Nos preocupa, -¡bueno!, extendiendo y alargando mi preocupación personal al común de la ciudadanía, en la convicción de que todos tenemos los mismos, o muy parecidos, sentimientos de justicia y de búsqueda de bien común-, preocupa, decía, la sospecha que surge con demasiada frecuencia y facilidad de que esta decisión, la primera y decisiva no solo para el porvenir de una causa judicial, sino para su propia existencia, dependa de apreciaciones subjetivas, no sujetas, o eso parece, a razones y normativas objetivas. A expensas, con frecuencia, a valoraciones de tipo político, que muchas veces no revierten en el bien común, sino en unos criterios espurios, mal y villanamente llamados políticos.

En el caso que he tomado como ejemplo, el conocido como “Novo Cartago”, bastaba que hubiese una disposición que determinase lo siguiente: en caso de duda entre aceptar una causa más favorable al bien individual o empresarial, que al bien común, tendría preferencia siempre la decisión que beneficiase el bien común. En el caso de la posible, o conveniente, recalificación de terrenos para favorecer la construcción de 10.000 viviendas, hoteles y campos de Golf, con un beneficio tremendo para quien fuese, el juez instructor y el fiscal habrían debido escuchar la demanda que suponía, sin grandes esfuerzos intelectuales, una clara primacía para el bien común. Y algo parecido podría haber sucedido en el caso de la infanta con el bien común sobreviniente, éste sin discusión posible, del pago, o no, de los correspondientes tributos de hacienda. Que en ese contexto, y para los efectos de los pagos de las obras y servicios públicos, “todos somos Hacienda”. 

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

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