El Gobierno está a las maduras, pero quiere que le quiten las duras.

Me debería haber sorprendido la noticia, pero ya casi nada me sorprende de este Gobierno, ahora en funciones. Decía así, en el diario “Levante, el mercantil valenciano”: “El PP exige a la Junta Electoral parar la comisión de Taula hasta el 26J”. Se trata de una propuesta verdaderamente sonrojante. Este Gobierno parece pensar que todo lo que es bueno para él es lo justo, lo legal, y hasta lo ético. Y lo malo para sus intereses es malo también para España, para todos los españoles, y, además, es ilegal e inmoral. No habíamos visto en toda la democracia española un ejercicio menos democrático, más autoritarios, más venal y menos respetuoso, no solo con las normas, sino con la ética y estética de los comportamientos democráticos. No hay sino recordar el desprecio absoluto con el que durante el último cuatrienio ha tratado al Congreso de los Diputados y al Senado, y, por deducción, al resto de diputados y senadores de los otros partidos. EL descaro y la desfachatez del uso de la mayoría absoluta ha sido continuo, sin disimulo, a veces humillante para las otras fuerzas de la Cámara, y, siempre, vergonzoso.

¿Queréis ver claramente un ejemplo de prepotencia? Pues que a pesar del varapalo que se ha ganado a pulso en las urnas el 20 de diciembre, ha afeado a los de otros partidos que han querido resolver el impase producido en las elecciones más originales, variadas, dispersas y de resultado más problemático en un país acostumbrado al bipartidismo. Y han insistido para ello en esa especie de mantra, con la repetición, “hemos ganado las elecciones”, o, “los perdedores se quieren unir para usurpar el triunfo al legítimo ganador”.  Deben pensar, y tal vez tengan un porcentaje peligrosos de razón, que los votantes españoles están desinformados, o son rematadamente tontos. EL PP no ganó nada en las elecciones del 20D, porque las democracias parlamentarias no tienen elecciones presidenciales, sino tan solo para la formación del Parlamento. Y éste quedó formado de tal manera que desde el primer momento el partido con más votos, que no el ganador, entendió que fuera de los suyos no tendría más votos que los dos de los partiditos adláteres de Asturias y de Navarra. Porque si ganó las elecciones y no formó Gobierno es que los componentes del Partido Popular tuvieron un arranque de filantropía, o cayeron directamente en la paranoia. O tal vez el presidente del PP, y del çgobierno en funciones, renunció a intentar la investidura en un arranque de generosidad.

Es de producir vergüenza ajena el recuerdo de los agrios reproches, casi insultantes, de diferentes portavoces del partido de la Derecha, sobre todo el ínclito y ¿¡elegante!? Rafael Antonio Hernando Fraile , (Guadalajara, 13 de Noviembre de 1961), ciudadano alcarreño diputado por Almería, al coro de perdedores que osaban, en contra de los intereses de España, torpedear el legítimo derecho del jefe de filas de su partido a ocupar la sede del Gobierno, no citando, ni enjuiciando, ni criticando, en actitud que solo podemos denominar de cobardía política, que el principal torpedo contra esa posibilidad fue lanzado por el señor Mariano Rajoy Brey al dar esquinazo a la invitación del Rey para intentar la investidura. En fin, son tantos y tales los desmanes democráticos de este Gobierno, que, como he afirmado al principio, aunque debiera habernos sorprendido la noticia que cito del periódico levantino, no ha conseguido producir, en nosotros, ese efecto.

Espero que la Junta Central electoral no acceda al pedido de auxilio que le ha lanzado el PP, porque sería causa de serio descalabro en la estima de imparcialidad que los ciudadanos todavía le otorgamos. Porque la misma redacción de la petición descubre su contra sentido y su falta de lógica: solicita que suspenda la comisión de investigación “hasta después de las elecciones, para que no interfiera en las mismas“. La justicia electoral está, pensamos, para que los interesados no se vean perturbados por acciones de terceros que les resten posibilidades de triunfo en las elecciones, con métodos ilegales, o, por lo menos, desordenados. Pero no es el caso. AL contrario, en el que comento, la justicia electoral debe de velar por la necesaria y diáfana información de los votantes, y nada más objetivo, aunque negativo para un candidato, que conocerse sus trampas, irregularidades, o incluso delitos, que lo harían no apto para esa elección. ¿Y no interfieren en el resultado de las elecciones decisiones concretas de un Gobierno, que por estar “en funciones”, debería ser mucho más exquisito en la búsqueda de la imparcialidad, como pagar sueldos congelados durante años a los funcionarios, o proclamar una amnistía fiscal, o  volver a subsidios a las familias “olvidados” durante años, u otras medidas “oportunas”, teóricamente en favor de los ciudadanos? Pues a muchos nos sorprendió que la Junta Electoral Central no tomara medidas contra ese oportunismo favorable al Gobierno. ¿Y ahora debería intervenir en un proceso que no lo han provocado ni los interesados sino una institución legitimada para llevarlo a cabo, como son “Las Cortes Valencianas”?

Este Gobierno debe aprender, como todo vecino, a estar “a las duras y a las maduras”.

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

 

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