La figura jurídica del “Presunto delincuente” (¿¡!?) del PP

Ayer oí personalmente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes Cuencas (Madrid, 1 de julio de 1964), catalogar a José Luis Bárcenas Gutiérrez (Huelva, 22 de agosto de 1957) como “presunto delincuente“. Y esa es, exactamente, la misma expresión, publicada hoy mismo por “El confidencial”, usada por Javier Maroto Aranzábal (Vitoria, 1972), en sus declaraciones más recientes sobre el tesorero del PP. Ha afirmado, además, que Bárcenas  “le repugna”,  a lo que éste ha respondido, con la misma elegancia: “A mí él me da asco“. El caso es que dirigentes del PP están, a lo que se ve, creando otra literatura jurídica. No me extraña que el ex tesorero haya respondido que Maroto no respeta la “presunción de inocencia”, y ha aprovechado para recordar que el dirigente del PP tiene muy poco saldo de credibilidad jurídica para lanzar ese tipo de diatribas contra quien sea, porque él, Maroto, es actualmente reo, pues ha sido condenado, a la espera de futuras apelaciones, por malversación de fondos públicos, y ha recordado también que hasta está salpicado por sospecha de prevaricación, en su época de alcalde de Vitoria.

Pero merece insistir un poco en la denominación de “presunto delincuente”, porque, en el actual ordenamiento jurídico español, esa expresión constituiría una flagrante contradicción con la opuesta de “presunción de inocencia”. Esto quiere decir, ni más ni menos, que un delincuente nunca puede ser “presunto”, sino solo después de la sentencia condenatoria del juez alcanzará ese estado de delincuente o reo. Pero nunca este estado podrá ser sujeto de “presunción jurídica”, lo cual, en la actual literatura jurídica española, constituye una verdadera aberración. Lo extraño es que no haya salido ninguna autoridad del “Consejo Superior de Justicia” contradiciendo las tesis de estos políticos del PP. Pero hay más, y mucho más grave. Al fin y al cabo este asunto se trata solo de denominaciones y de ser más o menos exactos en los términos jurídicos.

Pero mucho peor es el acoso, no encuentro palabra que exprese mejor la situación actual, que el Partido Popular está perpetrando contra los jueces. Ya hace unos días la presidenta de la comunidad de Madrid se quejó de que sucediera con frecuencia que en tiempo de elecciones los jueces cargaran contra el PP. No tuvo en cuenta doña Cristina, como le recordó otro mimbro de su partido, que para que los jueces no carguen contra una institución, o partido, o los miembros de los mismos, lo que se hace indispensable es que esos miembros no cometan delitos, o den suficientes indicios como para ser investigados.

Y lo más grave es la desorbitada, intempestiva y descarada acusación del señor Rafael Hernando Fraile, portavoz, del PP, al juez José de la Mata, de que el señor juez “tendría nublado el juicio“, relacionando esta obnubilación con el hecho, insinuación, o despropósito, de su pasado socialista. La relación-denuncia es de tal calibre que es sorprendente de que a estas alturas no haya salido ningún miembro autorizado del Consejo del Poder Judicial parando los pies a un político tan crecido y sobrado como impertinente e injusto. ¿No sera nadie en nuestro país capaz de parar los desmanes de algunos miembros del Partido del Gobierno en funciones, que no parece tal, sino en perfecto, completo e indiscutido mandato? A mi me enerva esta manera abusiva, casi chulesca, de ejercer un poder en el aire.

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

 

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