El abuso de la disciplina de voto

Estamos asistiendo hoy a una avalancha de opiniones, comentarios, y referencias a la obligatoriedad, o no, de la “disciplina de voto”, en este caso relacionada con los diputados del PSOE, quienes están obligados a ella por “imperativo categórico”, (sic), del Comité Federal  de ese partido, convocado por la Gestora provisional. A mí lo que me extraña poderosamente es que los actuales miembros de la Gestora hablen así, con claridad, casi con descaro, e invoquen la obligatoriedad de obedecer un mandato que es, a todas luces, anticonstitucional. Ya lo escribí, pero por la rabiosa actualidad del tema, lo repetiré hoy. Éste es el párrafo 2º del artículo 67 de la Constitución española:

2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.

No hace fala ahora ser grandes juristas ni analistas de la normativa legal. Tan solo se precisa algo cada vez más admirable, por lo raro, a veces, fantástico, que resulrta: saber leer, entender, y respetar el significado de nuestra bella lengua. Si alguien, escudándose en los estatutos de un partido político, o de cualquier otra institución, establece una obligación expresamente prohibida por la Constitución, esa obligatoriedad es, es, a todas luces, nula, no obliga. Un paruiertido popular no puede saltarse una disposición constitucional para atar a sus diputados obligándolos a tomar una determinada decisión contra un disposición constitucional.

Además, en este caso es clarísimo y meridianamente inteligible el mandato constitucional: justamente lo establece el legislador constituyente para evitar exactamente, el peligro de coartar la soberana libertad de los representantes de la soberanía popular al emitir su voto. Cualquier pena o castigo que reciba el diputado  procedente del incumplimiento de un mandato de esa índole, es, evidentemente nulo. Es más, debe haber, en nuestra estructura constitucional, la autoridad competente, probablemente, el propio Tribunal Constitucional, que debería intervenir para cortar ese abuso intolerable.

Lo verdaderamente incomprensible es que la máxima autoridad constitucional no haya intervenido de oficio, o que alguno de los representantes populares penalizados a causa de no haber obedecido un mandato imperativo de su partido, no haya recurrido al Constitucional.

 

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