Qué tristeza, … y ¡qué vergüenza! (II)

2º) En el orden jurídico.

En otros artículos de este blog ya he insinuado ciertas reticencias no solo al ejercicio concreto de los juristas, sino a algunas de las lagunas del propio sistema, que no es tan perfecto como pretenden los hombres de leyes, ni es la panacea de la solución de los problemas de los ciudadanos. Lo sería si por encima de la ley estuvieran siempre los valores éticos, sociales y humanos, cosa que no siempre sucede. Y yo he sintetizado el meollo, y el centro causal de este problema, en un principio que es casi sagrado en el mundo del Derecho: “el principio de legalidad”. Éste viene a ordenar que nada pueden hacer los tribunales sin una ley previa, que lo indique con total claridad. Así que jueces y abogados, y fiscales, se tienen que atener a esa ley, y al conjunto de leyes se denomina “principio de legalidad” que tendrá que ser siempre respetado. Bien es verdad que en el derecho anglosajón este principio es menos determinante, ante la libertad que ostenta el juez para sentenciar según sus principios jurídicos, que no siempre están previamente determinados por una ley expresa. En nuestro ordenamiento jurídico no existe esta libertad. algo que no sé si es peor o mejor. Desde luego, los jueces tienen que apelar menos a su propia conciencia que en sistema sajón: el principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica de sus decisiones judiciales.

Pero aquí está y radica, como me gusta denunciar, el quid de la cuestión, y el principio y meollo del problema. Las leyes, por definición, siempre son legales, ( y menos mal que este razonamiento no espero que lo lea el señor Rajoy,  porque, tal vez, me espetaría el comentario de que “su argumentación no es especialmente brillante“), pero no siempre, las leyes, son legítimas, ni éticas, ni morales, ni humanas. Pueden ser injustas, despiadadas, y hasta inicuas. Y esto es algo que, con frecuencia, olvidan los jueces. Prácticamente todo el cuerpo legal del franquismo era ilegítimo, no solo por la procedencia espuria del poder que lo promulgó, sino, y esto es todavía más importante, por el contenido inicuo, injusto, inhumano, y, muchas veces venal, de muchas, muchísimas leyes, que no hace falta recordar a cualquiera que esté mínimamente enterado de las leyes que suprimían la Democracia, la prohibición de partidos y sindicatos, estableciendo de manera deleznable el partido único, y el sindicato no solo único, sino vertical, ambos dirigidos y controlados por la autoridad gubernamental. O la ley de maleantes, o la persecución legal, pero injusta e ilegítima, de los homosexuales, o la prohibición de reunión y de manifestación, etc.

¿Es legal la aplicación de estas leyes? Lo es, pero no es justa, ni lícita, esa aplicación. Los hombres de leyes se han cobijado tantas veces bajo el paraguas del “principio de legalidad”, y se han quedado tan tranquilos, que el recuerdo de esta circunstancia durante los 40 años de dictadura, a muchos de los jueces de esa época, les ha tenido que producir pesadillas. Yo lo comprobé cuando un anciano venerable, que ocupó la magistratura en ese tiempo turbulento, injusto y cruel, lloraba al recordarlo, u repitiendo, “fuimos unos de los peores cómplices de ese tiempo político despiadado, con leyes absolutamente ilícitas, que aplicábamos con cobardía ante la fuerza y la vesania de un político golpista y despiadado” .

No pretendo comparar la etapa actual con la que describía ese antiguo juez de la España dolorida, desigual, y cruel. Hay organizaciones de jueces, admirables, democráticas, y no tan entregados, sin crítica y sin las reservas pertinentes, a la salvaguarda del “principio de la legalidad”, y que consultan, también, a su conciencia. Por eso tuve un gran desengaño, y sufrí un notable sobresalto, al comprobar, hace unos días, en la intervención del presidente del gobierno como testigo en la causa y caso Gurtel, la endeblez del mecanismo del derecho procesal en nuestro país. Si el señor presidente del tribunal de tan notable oportunidad cumplió bien con la normativa vigente en ls tribunales de nuestro país, es que nuestro derecho procesal sufre las consecuencias y las derivas autoritarias y abusivas de otros tiempos. Que la justicia es igual para todos se vio palpablemente con el trato deferente tributado al señor presidente del Gobierno ya desde el principio, en su colocación respetuosa en la sala. Y en las intervenciones intempestivas de dicho presidente, tendentes todas, por lo menos aparentemente, a ayudar al importante y famoso testigo a salir airoso de los aprietos a los que, en su estricta obligación, los abogados y fiscales, iban buscando en el interés de la causa. Porque es verdad aquello de que “el Rey no solo debe ser honesto, sino también parecerlo“. no se tuvo en cuenta, Y la pregunta es, ¿éste es el espectáculo deplorable que el mecanismo del Derecho Procesal español permite ofrecer a una audiencia interesada, y, en su mayor parte, neutra, respetuosa con el descubrimiento y el resplandor de la verdad

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

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