El caso Catalá

(Breve nota)

Este ministro es especialista en montar buenas y lucidas broncas. Hace tiempo que está recusado por el Parlamento, al que los políticos del PP exaltan fervorosamente como santo y seña, icono de la soberanía del pueblo español, pero al que no hacen demasiado caso, sino, más bien, driblan descaradamente en muchas de sus resoluciones. Hace tiempo que, con un mínimo sentido de la democracia, de la lógica, de la justicia y, sobre todo, de la propia dignidad, que este ministro debería haber dimitido, y carecería, por tanto, del amplificador que supone la cartera ministerial. Pero en esas estamos, en la continua y perenne contradicción, entre las bellas palabras y las acciones incoherentes, inadecuadas, y, no pocas veces, burdas e inaceptables del partido en el poder. A veces da la impresión de que los actuales altos cargos del Gobierno, en el estilo político actual, gozan de una impunidad sonrojante, altanera, y hasta provocadora.

En el presente caso, de su comentario sobre el voto particular en la sentencia de tres magistrados navarros en el caso de la Manada ha atravesado, temerariamente, un montón de líneas rojas. Una cosa es argumentar una crítica razonable, ¡y razonada!, a una sentencia judicial, tarea permitida, y de pleno derecho a cualquier ciudadano, y otra cosa es que el ministro de justicia se embarque en una tarea que, por su cargo y responsabilidad, ha de tener, con seguridad, mayor transcendencia y repercusión, lindando, o traspasando abiertamente, los delicados límites de la división de poderes, uno de los soportes fundamentales del Estado de derecho. Y esto, aun cuando la opinión púbica del señor ministro se mantuviera en los límites jurídicos y técnicos de la sentencia.

Pero el mayor agravante, la más chillona y visible línea roja que ha traspasado, ha consistido en entrar en la imprudencia, absolutamente temeraria, como he insinuado antes, de entrar en valoraciones personales de un magistrado. En este caso, el que redactó su voto particular, el señor Ricardo Javier González, al que le ha achacado, o insinuado, algún problema de salud, posiblemente mental, algo fuera de todo lugar, y equivocando todos los detalles de su capacitación para esa tarea, indicando, incluso, con temeraria osadía, que el Consejo Supremo del Poder Judicial debería haber intervenido antes, par evitar desajustes y desvíos en la administración de Justicia.

Esta intervención extemporánea, imprudente, y desajustada, ha provocado un verdadero terremoto en el ámbito judicial español. Por primera vez en la Democracia, las cuatro corporaciones de la judicatura, y las tres de la fiscalía, han presentado una queja furibunda contra el ministro, solicitando su dimisión, pero ignorando, por lo que se ve, que el señor Mariano Rajoy no se mueve cuando lo empujan desde fuera, o tiene esa impresión. Y, a su vez, el ministro se ha movido con prontitud, promoviendo una comisión de estudio de una eventual reforma del Código Penal, referente a delitos de índole sexual, aunque esa comisión ha sido anunciada compuesta exclusivamente por varones. Es fácil comprender la marea de protestas que se ha levantado, consiguiendo que los responsables de la comisión dieran marcha atrás, e intentaran algo tan elemental como cumplir lo preceptuado en la ley de Igualdad, en lo que sea posible. Hay que recordar que, en el mundo de la judicatura, las mujeres ocupan el 53% de los puestos.

(Nota atrevida para los miembros de la comisión de revisión penal a la que me he referido). En mi anterior artículo, titulado “El caso de la Manada, una sentencia aberrante, a pesar de las sesudas justificaciones  de muchos juristas”, expresaba mi opinión de que los jueces, por serlo, no tienen ni el cometido, ni la libertad, ni mucho menos el derecho, de alterar el significado de las palabras de nuestra lengua. Y muchos de los problemas de comprensión de las figuras delictivas derivan de la confusión, y el desvío al no entender las palabras en su significado, o bien oficial, del diccionario de la RAE, o, sobre todo del que entiende la inmensa mayoría del pueblo. Así, por ejemplo, si el código penal, al describir comportamientos como los descritos en la sentencia de la Manada por los mismos magistrados, no los califica claramente de agresión sexual, y de violación, es claro, aun con la oposición de los jueces y fiscales, que se está violentado , y desviando, el significado de las palabras, que no son propiedad ni de legisladores ni de jueces. (¡Líbrenos el Señor de la jerga jurídica!)

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

 

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