¿Quién des-legitima al poder judicial?

El presidente del Partido popular (PP), Pablo Casado ha acusado al presidente del gobierno de “des-legitimar” las resoluciones del poder judicial al recordar la intervención del Señor Trillo en el Congreso de los Diputados precisando que “Rebelión” se producía cuando había violencia adecuada, o proporcionada, generalmente con elementos del ejército, o de institutos armados,  con el fin de modificar, o cambiar sustancialmente, el régimen de Gobierno de un país. Y que no parecía que esos supuestos se hubieran dado en los sucesos de revuelta y desobediencia, eso sí, el años pasado, en este mes de octubre, en Cataluña.

Hace una semana, más o menos, el expresidente del Consejo Superior del Poder Judicial, del Tribunal Supremo,  y del Tribunal Constitucional, señor Pascual Sala, declaró,  que no veía la figura de rebelión en lo que sucedió el año pasado en Cataluña, así como muchos otros juristas de renombre y de mérito, que también opinan igual. Lo mismo que los jueces de la Unión Europea que se han tenido que pronunciar sobre la algarada catalana, , que ni tienen esa figura penal de rebelión como Golpe de Estado, ni la ven en los sucesos que han llevado a más de un año a la cárcel preventiva a los dirigentes del “procéss” de secesión. Yo lo afirmé hace tiempo: lo que más me sorprendía, y admiraba, a la vez que lo consideraba como una frescura histórico-social monumental, el hecho de que los dirigentes catalanes se aprovecharan de la Democracia para obtener, sin armas, lo que en los tiempos de asentamiento de las naciones se había conseguido solo con guerras. Y yo lo denominé “revolución” de salón, que fue lo que sucedió al fin, sin ningún resultado práctico jurídico¡, ni político, ni social. Y son estos resultados, o carencia de ellos, los que derrumban las tesis más severas de los jueces del Supremo que mandaron a esos dirigentes a la cárcel, acusados de sedición y rebelión.

Si no me engaño ha sido hoy cuando hemos sabido la advertencia del que fue  presidente del Tribunal Superior de Cataluña durante diez años, José María Mena Álvarez, quien se ha pronunciado sobre el tema con la siguiente claridad: “. A los Jordis no se les puede imputar ni malversación ni desobediencia ni tampoco prevaricación (…). Nos encontramos con unas personas que no pueden ser acusadas y surge la necesidad de imputarles un delito de sedición”. Así como ha expresado su opinión autorizada sobre la implicación e influencia de la política y de los Gobernantes sobre el poder judicial, pero chocante, con la que está cayendo hoy por parte de la oposición, al decir “Aunque la opinión pública tiende a pensar que los tribunales ceden mucho a las posiciones políticas, mi opinión personal es que ceden muy poco”.

Mi opinión sobre este tema es que en un régimen democrático la “Separación de Poderes” no se quiebra con la convergencia o divergencia de opiniones, sino por el hecho de que uno de esos poderes del Estado, por desidia, flojedad, o poca consistencia,  política o jurídica, se deje influir por otro en las decisiones. Pero la simple opinión no deslegitima nada. A no ser que alguien, queriendo exaltar y resaltar la distinción de poderes, lo que está haciendo, sin saberlo, o sabiéndolo, y de propósito, querer dejar sentado que el Poder ejecutivo tiene tal poder de decisión que su simple opinión contraria a la del poder judicial deslegitima la de éste. Ha sido justamente el exmagistrado y ex fiscal señor Mena el que ha recordado que tanto puede estorbar, y deslegitimar, usando la terminología de Casado, los políticos que no consideran la figura de rebelión del mismo modo que los jueces, como así parece por parte del señor Presidente del Gobierno, como, por otro lado, la opinión de los presidentes del PP y de Ciudadanos, que opinan a favor. Se trata de la misma intromisión, si es que los jueces se vieran obligados (¿?) a considerar forzosamente esos pronunciamientos. Cosa, que, como asegura un magistrado tan experimentado, y casi todos las personas de bien creemos, no suele suceder, ¡Gracias a Dios!

 

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