Pero, ¿de qué va el cardenal Cañizares?

Ya está bien de bobadas, por muy altos que sean los dignatarios, en este caso, eclesiásticos, que las pronuncien. A muchos obispos, y gente que se llama católica, es preciso recordarles que el Comunismo, teoría general socio-político-económica, ha sido condenado por la Iglesia. Pero, ¡el Capitalismo, también!, y con el mismo rango. En la encíclica Centesimus annus, juan Pablo II, de ninguna manera sospechoso de simpatía hacia el Comunismo, asegura que el Capitalismo es “tan ateo y materialista” como el Comunismo. Y de puertas adentro, en nuestra patria, es sobradamente sabido, -tal vez por Cañizares, no-, que el Partido Comunista español fue uno de los más firmes garantes de la Constitución española, cosa que no se puede afirmar de los políticos de la Derecha , que se abstuvieron, o votaron en contra. Así, que,  ¡señor cardenal!, menos miedos, y menos escándalo por algo que no merece tanto aspaviento.

Y, sinceramente, al leer no solo el Evangelio, sino la Biblia entera, también el Antiguo Testamento, (AT), una de las constantes más repetidas es el recuerdo de los pobres, abandonados y excluidos del banquete social, dejados a su suerte, situación de la que Yavé hará cumplida justicia, a veces presentada como venganza indignada de Dios contra los poderosos que abusan de los pobres, que, en todas las épocas y geografías, son los más débiles. Éste tema es tan ocurrente, que a un pastor evangélico que había escrito un libro con el tema de la pobreza y la riqueza en la Sagrada Escritura, le oí afirmar, en una conferencia, que en el conjunto bíblico, es decir, sumando ambos testamentos, Antiguo y Nuevo, (NT), el tema doblaba cualquier otro de los grandes temas bíblicos, como salvación, pecado, Reino de Dios, o cualquier otro.

Es raro el domingo en que no se trate este asunto, que, además, viene a constituir el mayor problema de la convivencia humana, en todas las épocas, y que se presenta como el mayor reto que quieren enfrentar, para solucionar, los desgraciadamente pocos dirigentes políticos honesto s y humanistas: la injusticia social.  En opinión de muchos teólogos y pensadores cristianos, lo más opuesto y negador del Reino de Dios en la tierra, anunciado por los profetas, y que Jesús vino a refrendar, instituir, y vitalizar. Así que los textos sobre la injusticia social, en todas sus variantes, viene referido en el Antiguo (AT) y el Nuevo testamento (NT) con el relato de las situaciones más emblemáticas en las que aquella se reproduce: las viudas, los huérfanos, los extranjeros, y los enfermos, en especial, los leprosos, porque propagan la maldición de la impureza. Y en no solo en las parábolas y en los discursos de Jesús, y en las cartas de los Apóstoles, sino en textos no pensados normalmente para enseñar o transmitir contenidos revelados por Dios, sino en otros inspirados para cantar y proclamar las grandezas de la Creación y de los dones de Dios, como los Salmos y la literatura sapiencial.

Pondré algunos ejemplos de los últimos domingos y fiestas, porque los tenemos recientes en la memoria.

1º) “El levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre, para sentarle con los príncipes, con los príncipes de su pueblo”. (Salmo responsorial del día 3 de enero, Santísimo Nombre de Jesús”). (Sal 113, 7-8)

2º)  “Oh Dios, da al rey tu juicio, al hijo de rey tu justicia: que con justicia gobierne a tu pueblo, con equidad a tus humildes. Porque él librará al pobre suplicante, al desdichado y al que nadie ampara;  se apiadará del débil y del pobre, el alma de los pobres salvará“. (Id, día 6 de enero, la Epifanía). (Sal 72, 12-13)

3º) “El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos  y proclamar un año de gracia del Señor“. (Id, 9 de enero, misa de feria) Evangelio de Juan, 4, 18-19).

Nota: me gustaría que el cardenal Cañizares se fijara en este detalle: el texto habla de “los pobres”, “la liberación de los cautivos”,  “la libertad de los oprimidos”, pero no dice nada de que haya sido ungido para conseguir la “salvación de las almas“. Desafío a quien quiera a que encuentre esta expresión en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Y esto es porque para los judíos, y Jesús lo era, el ser humano es lo que vemos, tocamos, sentimos, olemos, y con lo que tropezamos. Y la máxima ocupación del Maestro de Nazaret, después de predicar y anunciar el Reino, es decir, después de regalarles su Palaba, era curar a la gente, apiadarse de los enfermos, de los leprosos, de los ciegos y sordos, de los lisiados.

No, señor cardenal Cañizares, el “Sermón de la Montaña”, y su maravilloso prólogo, auténtico y artístico frontispicio, “Las Bienaventuranzas“, no tienen ningún parentesco con la cultura capitalista, que es la alternativa al Socialismo. No conseguimos entender, no solo muchos curas, sino, sobre todo, la gente, por qué en otras ocasiones, en las que los programas electorales eran mucho más parecidos al capitalismo, del que, ¡no olvidemos”, Juan Pablo II afirmó que es “tan ateo y materialista” como el Comunismo, y que ha producido más pobreza que éste. ¿O piensan los católicos que reniegan tanto de las “nefastas consecuencias” del Comunismo que solo siguen el sistema capitalista las grandes naciones occidentales del primer mundo? Pues les recomiendo que investiguen el sistema que florece en casi todos los países latinoamericanos, y africanos, y asiáticos, y por ahí afuera, y comprobar la maravillosa justicia social que han producido en esos países. Me temo que, en las actuales circunstancias, señor cardenal, del dicho “A dios rogando, y con el mazo dando“, nos conviene, en nuestra sociedad española, oficialmente aconfesional, y realmente descristianizada, quedarnos con la segunda parte del mismo, lo del “mazo dando“. Y, ¿por qué no  invita a los católicos a pedir a Dios que los que no hacen sino poner palos en las ruedas del nuevo Gobierno dejen de hacerlo, y no obstaculicen el trabajo y la dedicación de los gobernantes elegidos por el pueblo? No tengamos miedo en ser demócratas, señor arzobispo.

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

 

Es la democracia la que se tambalea…

(Trascribo este artículo por su contenido y estilo, verdaderamente atrayentes.)

por unas personas que se consideran las más poderosas no solo de este país, sino también de la Unión Europea. No voy a hacerles trampas procesales ni fuegos de artificio leguleyo. Solo voy a explicarles por qué es imprescindible e imperecedera la idea de cuál es el origen de la legitimidad democrática, el PUEBLO, y por qué es irrenunciable la sagrada encomienda del representante electo en un democracia. No en vano, el legislativo es EL PRIMER PODER y aquel del que deben emanar todos los demás, dispuestos después de forma que puedan controlarse para que ninguno pueda existir sin contrapesos. Esta idea la dejo sobre la mesa sobre todo para uso y disfrute de los miembros del Poder Judicial. Es que lo han olvidado en su mayoría. Unos porque están decididos a llevar a cabo grandes hazañas, como si su misión no se limitara a aplicar la ley sin verse mediatizados por los resultados, y otros porque no ven por debajo de su nariz y piensan que todas estas alertas y sofocos van por ellos, ¡pobrecitos, esclavos de la gleba puñetera!, sin darse cuenta que hace tiempo que sus cúpulas se sedicionaron de la carrera judicial y cabalgan solo buscando aquello que consideran mejor para ellos, aunque ahora “ellos” se llame España.

No, no hay ninguna campaña contra el Poder Judicial desde los medios. Pobrecitos míos. Eso sería sencillo de lidiar. No. Hay unos individuos que han decidido hacer de su toga un sayo a sabiendas de que reman a favor de una mayoría de la opinión pública que les va a disculpar hasta la torpeza de estimar y desestimar lo mismo en el mismo auto (Llarena de nuevo).

Yo no soy independentista catalana. Eso es una obviedad. Fíjense que ni siquiera lo soy vasca y eso que si hay algo que cada día revive más en mí es el sentimiento de mis orígenes. No. Yo soy del mundo. Nada en Europa me es ajeno, pero tampoco en Latinoamérica o en África. Extranjera me siento cuando me sumergen en el territorio de lo irracional, de lo ilógico, de lo meramente hormonal. Valga esta confesión solo para hacerles ahora partícipes de mis zozobras. Es la democracia la que se tambalea. Queda muy poca gente con sensibilidad democrática y, muchos de ellos, incluso los hacedores de esa transición imperfecta pero pragmática, hoy optan por vivir enajenados, porque son conscientes de que hay muchos mundos, a pesar de que todos estén aquí.

¿Cómo es posible que una sentencia produzca el mismo efecto si se dicta, si no se dicta, si te da la razón y si te la quitan? A esta pregunta solo podrá responderles el Tribunal Supremo, que ha maniobrado hasta el punto de que ahora sepamos que solo buscaban un objetivo: mantener en prisión a Junqueras. Punto. Así pues, todo lo demás daba igual. La devaluación que realizan de la función del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por más que de momento el Europarlamento prefiera no hacer causa, es de una gravedad infinita para una Unión Europea ya golpeada por la estupidez del Brexit. La forma penal que se ha adoptado para luchar contra el fantasma de la ruptura de España es, cuanto menos, igual de estúpida y tendrá consecuencias igual de nefastas si alguien, Gobierno mediante, no lo remedia.

La inmunidad parlamentaria, sobre la que dan vueltas y vueltas personas que no entienden ni lo que dicen ni lo que representan pero que se quieren amarrar a la barca que creen ganadora, es una barrera que protege nuestra voluntad. La voluntad del pueblo. El dios de las democracias. No se trata de si vulneramos la de Junqueras, la de Puigdemont o la de San Periquito del Valle. Se trata de que no ardamos de indignación ante la burda burla de lo que significa, que eso y no otra cosa es lo que dice la sentencia del TJUE.

La retirada del acta de un representante del pueblo, y de los cargos inherentes, sin mediar sentencia firme y por un mero acto de una administración a instancias de unos partidos políticos. Tocqueville ardería en combustión fría. Si eso, además, lo exige a gritos una aristócrata ¡oh, mon Dieu!, todos los principios explosionan.

Todo comenzó con aquel tipo que intentaba convencer a las masas de que “los políticos”, encarnados en los diputados, eran “empleados” de la gente a los que había que ordenar y exigir como a un trabajador esclavo. Eso empezó a destruir la idea religiosa de la representatividad democrática. No hay nada más sagrado que un diputado. Lo siento, señores y señoras jueces que sufrieron mucho empollando una oposición, no hay nada más sagrado que un diputado ni nada que confiera mayor legitimidad y dignidad que el refrendo del pueblo soberano.

Hemos fracasado. Los españoles no tiemblan cuando ven cómo se pisotean sus derechos en la figura de los electos por la soberanía popular. Me da igual de qué opción sea. Su dignidad y su legitimidad es la misma. Por eso sangro cuando oigo, en el templo de la democracia, que no es otro sino las Cortes, hablar de gobiernos ilegítimos o fraudulentos, justo antes de que estos sean aclamados y respaldados y consagrados por la voluntad del pueblo. Hemos fracasado, porque el único adoctrinamiento en el que no debíamos haber cejado durante cuarenta años es el adoctrinamiento en los principios democráticos y en el significado de las instituciones juridico-políticas en las que se asientan. Solo con recuperar ese sentido estarían justificadas varias carteras ministeriales.

Es la democracia la que se tambalea cuando ya la mayoría no es capaz de identificar sus esencias y de detectar sus violaciones, provengan de donde provengan. Los catalanes no dieron un golpe de Estado ni el Tribunal Supremo se está sublevando. Ambos comparten el mismo principio de intentar adecuar y modelar y retorcer las normas existentes para conseguir sus objetivos futuros.

Gritarlo es ineficiente. Los que lo saben callan porque les es más cómodo. Los que no lo saben aúllan porque buscan sus venganzas. Solo Europa podía salvarnos, y ver cómo a Europa también se la ningunea no es fuente de esperanza para ningún demócrata.

Cuidado. Es la democracia la que se tambalea.

Artículo de Elisa Beni,  transcrito del diario.es, (11/01/2020), para el blog “El guardián del Areópago“, por Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara.

 

La Jerarquía de la Iglesia sólo detecta problemas en el Gobierno de izquierdas

El otro día era el presidente de la CEE, (Conferencia Episcopal Española), monseñor Ricardo Blázquez, y poco después se ha sumado al coro de lamentaciones el cardenal de Valencia, Antonio Cañizares Llovera). No es poca cosa. Presidente y vice presidente, después del feo inmisericorde que, via Rouco Varela mediante, le hizo la CEE al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro Sierra, y que mereció el titular pintoresco, valiente y anti-hipócrita, “La CEE da una patada en el culo de Osoro, dirigida a Francisco“. Efectivamente, no nos lo queríamos creer, pero no hay más dudas: ahora sabemos por qué , de momento, no quiere venir a España. Su episcopado, en la mayoría de sus miembros, no tiene mucha simpatía por el papa argentino. ¡Ni siquiera empatía!

Monseñor cañizares aconsejaba a los católicos, o tal vez a todos los creyentes, en un gesto ecuménico de universalidad, ¡porque me imagino que no haría extensivo este consejo a los agnósticos!, pero nos preguntamos por qué nuestros obispos, que también son llamados “pastores”, no pedían oraciones al inicio de gobiernos de la derecha. Cualquiera que lea no solo el Nuevo Testamento, (NT); sino también el Antiguo, (AT), encontrará muchos  más parecidos con ellos en los programas, preocupaciones, y sensibilidades de la Izquierda que en los de la Derecha. Porque no solo Jesús pone el acento en el amor al prójimo y en el espíritu de servicio, hasta lavar los pies de los hermanos, … “porque si yo, que soy vuestro Maestro, os los he lavado, hacedlo también vosotros unos a otros”; sino que desde las páginas más antiguas y venerables del AT aparece esa preocupación de Dios por los más necesitados, afligidos y, como el salmo responsorial de la misa de ayer, de la Epifanía, proclamaba: “Porque él, (Yavé), librará al pobre suplicante, al desdichado y al que nadie ampara; se apiadará del débil y del pobre, salvará la vida de  los pobres”. (Sal 72, 12-13).

En su faceta de “pastores” los obispos tienen la grave responsabilidad de cuidar de su rebaño, no de las asechanzas del demonio, ese símbolo del mal, sino del mal no simbólico, sino verdadero, de leyes legales, ¡no faltaba más!, pero injustas, de atropellos laborales, legales e ilegales, de precariedad en el trabajo, y no digamos en la remuneración, en la angustia de como acabar el mes, en la inseguridad de la salud, en la carestía de la vivienda, y tantos, y tantos peligros que acechan sin pausa a tantos fieles católicos, ovejas de pastores desatentos, o mirando para otro lado cuando no es que aparezca el lobo, sino que dicen que tal vez aparezca. El “Buen Pastor”, que es lo que deben de ser los obispos siguiendo el pastoreo de Jesús, se enfrenta a los muchos lobos que el pobre y desvalido encuentra en la vida.

Menos mal que el cardenal de Madrid, Carlos Osoro, se ha desmarcado de la línea del presidente y vice presidente de la Conferencia Episcopal Española, y ha apelado a la cordura, y al respeto a las reglas que “todos nos hemos dado”,, y ha escrito una carta en este fin de semana en la que invita a sus fieles a colaborar con la que él asegura que será la buena  voluntad del nuevo Gobierno para superar los retos que encontrará en su camino. En un tuit inmediato a la investidura, ha escrito: “No nos dejemos arrastrar por la polarización. Con las reglas de juego que todos nos hemos dado, alcancemos acuerdos y trabajemos por este proyecto común que es España”. Menos mal que aún queda algo de sensatez y de espíritu evangélico en algún lado de la alta jerarquía de la Iglesia.  

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara       

Comentario, y conclusión final, al artículo de Javier Pérez Royo publicado ayer en este blog,

Procuraré seguir lo más directamente posible la argumentación del jurista andaluz.

1º) Sentido de la inmunidad parlamentaria en su doble aspecto

La inmunidad parlamentaria tiene, como única fuente, directa, e irreversible, la capacidad de participación activa de los ciudadanos de un país democrático, que al elegir a los diputados o senadores, activan, de manera especial y selectivo, el derecho pasivo que tienen todos los ciudadanos a esa participación activa en los asuntos del Estado, según el principio de Soberanía popular,  y comunican, a los ciudadanos elegidos como diputados o senadores por el voto del electorado, su representación directa. Es lo que establece de manera lapidaria, indiscutible e irrevocable, el artículo 66.1, que es el primero del Título III, que la Constitución dedica a las Cortes Generales. Y que reza así: ““Las Cortes Generales representan al pueblo español”. Esto mismo vale, “mutatis mutandis”, para el Parlamento europeo.

La inmunidad parlamentaria tiene una doble dimensión: institucional e individual.

1.1 Por un lado garantiza la integridad del Parlamento, que es, según el artículo de la Constitución citado, el  único órgano constitucional legitimado directamente por la voluntad de los ciudadanos, que es en los que reside la Soberanía de un Estado. Se convierte, así, en la expresión institucionalizada de la soberanía popular. Esta realidad, que es más que un puro concepto, es fundamental en la percepción de la importancia decisiva en el sentido democrático, del máximo respeto que obliga a todos, ciudadanos e instituciones, esa inmunidad de doble dirección, institucional e individual, es decir, al Parlamento y a cada uno de sus miembros. Por eso son tan importantes, y nada baladís ni dispensables, las normas que regularizan esa doble inmunidad. Por eso es un crimen de lesa patria, y de la máxima gravedad, cualquier agravio directo, y falta de respeto, al Congreso de los Diputados, como los golpes de Estado que se han producido en la Historia de España, entrando con armas, o incluso montados a caballo, algunos militares que no debían percibir que estaban dando una bofetada en el rostro de todos y cada uno de sus conciudadanos. Está clara y diáfana en nuestra Constitución: la única representación de la soberanía popular se encuentra en las Cortes Generales, no en el Rey, ni en el Gobierno, ni en el ejército, ni en los diferentes tribunales, ni en cualquier otra institución de carácter estatal, y, ¡ni que decir tiene!, de otras que carecen de este carácter, o en instituciones privadas, cuyos dirigentes y miembros no han pasado por las urnas que llenan los votos de todos los ciudadanos. Para entender la opinión de nuestro autor sobre el comportamiento del Tribunal Supremo es fundamental tener bien claro este extremo de la supremacía institucional del Congreso, a nivel nacional, o a nivel Europeo.

1.2 Por otro lado es una garantía de la integridad individual del elegido popularmente para el Congreso.  

a) Esta inmunidad individual concede a los diputados o senadores una prerrogativa, mejor que un privilegio, de no poder ser ni detenido, ni procesado, sin la autorización previa, y expresa, nunca supuesta, de la Cámara de la que es miembro. Esta garantía individual se deriva de la primera, institucional, del Congreso, porque garantiza la “integridad” del mismo como un todo, y la detención y procesamiento de uno de los miembros, deterioraría esa integridad, que solo puede determinar y gestionar el propio Congreso, una vez instituido. Y esta condición tan especial, decisiva e importante, no es para provecho, y menos, abuso, de los elegidos para esa tarea de representación única de todo el pueblo, sino por la especial e inmediata relación del Parlamento con el “pueblo español”, como lugar de la ubicación del poder, que es la fuente, y la única, de la “arquitectura” (palabra clave usada por el catedrático andaluz) del Estado Constitucional. No se puede ser constitucionalista a la carta, y menos si lo que se olvida, o deja de lado, o no se contempla, es, justamente, el eje central de la estructura del Estado. Esta conexión del Parlamento con el único titular de la soberanía nacional, que es el “pueblo”, no la tiene ninguna otra institución del Estado. (Por ejemplo, el Consejo del Poder judicial no es soberano, porque no participa sino indirectamente, de la soberanía popular. Quiere decir, ni los jueces ni los fiscales son elegidos por voto popular. No apreciar esta fundamental diferencia es no entender la esencia de los regímenes democráticos). Por eso, una vez manifestada la voluntad de los ciudadanos en la composición del Parlamento, y confirmada esta voluntad por la Administración Electoral, solo él tiene decisión válida y eficaz sobre su propia composición, sin cabe ningún tipo de injerencia de otros estamentos políticos o jurídicos. De no ser así, el Congreso perdería el control sobre su propia composición, es decir, de su propia integridad.

b) Así que la “inmunidad parlamentaria” es el modo real, eficiente, y práctico, de que el Congreso de los diputados, tanto nacional como europeo, que procede, como hemos visto, directamente de la voluntad del pueblo soberano, sea realmente autónomo. De ahí que sin su autorización, ningún otro poder del Estado, ni Tribunal Supremo, ni el Constitucional, ni el poder ejecutivo, puede interferir en esta autonomía, alterando el número, o los nombres, de los miembros que lo componen. Por eso es tan grave la anomalía que el TJUE ha descubierto en el trato que el Tribunal Supremo español deparó al eurodiputado Oriol Junqueras, actuando contra él si solicitar la imprescindible autorización del Parlamento español, y, después, del Parlamento europeo. Después nos preguntaremos cómo esta irregularidad ha podido afectar, o no, a la validez de todo el proceso judicial a que fue sometido el diputado catalán, que se ha dado en llamar “procés“.

2º) La inmunidad tiene dos notas fundamentales.

2.1) Hace que cualquier excepción, o impedimento en su ejercicio, que no sean efectuados por el Parlamento o Senado al que pertenece quien goza de inmunidad, provoque la nulidad de los actos contrarios a la misma. Es preciso resaltar también que la inmunidad no es impunidad, pero que para pasar de la primera a la imputabilidad es necesaria, “sine qua non”, la intervención explícita de la Cámara de la que es miembro el ciudadano inmune. Esta normativa es tan rigurosa, sin admitir excepciones, porque como afirmó la sentencia del Tribunal Constitucional, al proceder la inmunidad parlamentaria directamente del “principio de legitimidad democrática”en el que descansa TODA nuestra organización jurídico-política, (STC 6/1981). Por ese motivo, cualquier excepción que menoscabe ese principio de legitimidad, que es intocable, significa una contravención del mismo. Y la consecuencia de todo esto es que si un ciudadano accede a la condición de diputado, senador, o diputado europeo, y está procesado, o incluso en prisión provisional, o esperando sentencia, debe de ser puesto en libertad, y suspender el procedimiento hasta que no se reciba la autorización del Parlamento, como respuesta al obligado suplicatorio presentado por el  órgano judicial.

2.2) Como el régimen parlamentario se rige por el “principio de discontinuidad”, la garantía de la impunidad se renueva en cada convocatoria electoral. Cada nueva legislatura empieza de cero, y cada Parlamento es la concreción de la voluntad de los electores, que responde a las circunstancias sociopolíticas de cada momento. No hay vasos comunicantes entre las diferentes sesiones parlamentarias. Por eso cada Parlamento debe velar por su integridad, y por la de cada diputado o senador elegidos en la ultima convocatoria electoral. Por lo que puede permitir que la necesaria inmunidad sea conculcada. De estas consideraciones se deprende que La “integridad” del Parlamento está por encima de todo, porque el Parlamento es el origen de todo, porque solo él representa institucionalmente el principio de soberanía popular“. Y este es el motivo por el que tan solo el Parlamento puede decidir el levantamiento o el mantenimiento de la inmunidad parlamentaria, concediendo o negando la pertinente autorización para que se pueda proceder penalmente contra él.

3º) Conclusiones: ahora presentaré las conclusiones, que me parecen las evidentes, del artículo de Pérez Royo, y terminaré con una pregunta, cuya respuesta considero esencial y definitiva para resolver el dilema que, en estos momentos, tienen los abogados del Estado en sus manos).

3.1) Por ser el Parlamento la pieza central de todo el edificio del “régimen parlamentario democrático“, por su relación directa con la  soberanía popular, sus miembros son intocables, en procedimientos penales o simplemente administrativos, mientras el Parlamento a que pertenece no dé su venia. Y esto es así, conviene insistir, porque la Cámara Legislativa no tiene ningún poder por encima, pues es la única que representa directamente la “soberanía popular”. (A la vista de muchas reacciones ante la respuesta del TJUE a nuestro tribunal Supremo, hay todavía muchos en nuestro país, con un profundo déficit democrático).

3.2) De los hechos acontecidos, y tal como los conocemos, y como los comenta nuestro constitucionalista, se desprende, con objetividad, que el Tribunal Supremo obró no solo de manera negligente, sino que no respetó la normativa constitucionalista democrática, de tal modo, que cometió tres, y está cometiendo una cuarta, acciones fraudulentas. (Aquí cito ad pedem literae al ex catedrático constitucional): El TS ha actuado fraudulentamente en tres ocasiones: la primera manteniendo en prisión y no solicitando el suplicatorio al Congreso de los Diputado; la segunda manteniendo en prisión y no solicitando el suplicatorio al Parlamento Europeo; y la tercera, dictando sentencia sin esperar la respuesta del TJUE a la cuestión PREJUDICIAL que él mismo había elevado. …Está cometiendo una cuarta, en la medida en que mantiene en prisión a Oriol Junqueras después de que se haya hecho pública la sentencia del TJUE el 19 de diciembre. Y ante estos hechos, si están correctamente contados, se impone esta pregunta: El Supremo, ¿ha actuado, y está actuando, a sabiendas, o movido por una ignorancia inexcusable? Porque “tertium non datur“. (Otra alternativa, no cabe).

3.3) Y ahora viene la pregunta con la que quiero acabar, y cuya respuesta será definitiva.

El nudo gordiano de toda la historia es: evidentemente, según el relato admitido por todos, el Tribunal Supremo del Reino de España no pidió el suplicatorio, ni al Parlamento español, cuando el señor Junqueras era miembro de éste, ni al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando era éste al que correspondía responder positiva o negativamente, al suplicatorio, para iniciar proceso penal al diputado catalán. Hemos visto la centralidad que tiene, en un régimen constitucional y democrático, el Parlamento, su integridad, cuantitativa y cualitativamente, y el respeto total que se debe a los miembros de ese parlamento, como elegidos directamente por el sufragio universal de la ciudadanía, y porque, por eso mismo, es, junto con todos los miembros de ese Parlamento, español o europeo, la única representación legítima de las ciudadanías española o europea. Hay que recordar, y es importante y decisivo en este tema, que la normativa constitucional es preceptiva de sumo grado. Las formas, en el mundo institucional político y jurídico, y , ¡no digamos!, judicial, son sagradas. Los actos jurídicos realizados en este ámbito pueden ser válidos y nulos, lícitos e ilícitos. La pregunta es: ¿La falta de habilitación de un tribunal para procesar a un diputado electo, por carecer de la venia de su correspondiente Parlamento, hace ese acto de procesamiento solamente ilícito, o también nulo? Sabemos que muchos actos jurídicos son nulos por defecto de forma. Recuerdo al lector dos casos típicos: una sentencia será nula de todo derecho, aunque estén probados los hechos, hubiera habido efectivamente delito, pero éste hubiese prescrito. Otro ejemplo que ha dado mucha labor en tribunales eclesiásticos: solo puede presidir la celebración de  un matrimonio canónico el párroco del lugar, el Papa, el obispo, (los cardenales de la Iglesia, por una concesión especial del Derecho Canónico, pero sin poder delegar este derecho), otro ministro de la Iglesia delegado por aquellos. Si no hay esa delegación, el matrimonio es nulo. Y eso a pesar de que el ministro sagrado, en la celebración canónica no es el ministro de la celebración, sino solo un testigo cualificado, pero necesario “sine que non”.

El constitucionalista que venimos comentando ya hace varios días es, tajantemente, partidario de que ese defecto de forma del tribunal que procesa a un diputado,  vicia todo el proceso, y lo hace nulo. Yo dejo al lector que decida él la respuesta a la pregunta, que repito: Teniendo en cuenta la importancia, la centralidad de los parlamentos en el ordenamiento constitucional, y su autonomía jurídica, no haber pedido el suplicatorio al Parlamento correspondiente, y no habiendo respuesta explícita de éste, ¿hace que todo el proceso sea solamente ilícito, o también nulo? 

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara          

 

 

 

 

 

Lección de Constitucionalismo democrático, (… ¡no al gusto!)

(Tengo miedo de resultar pesado insistiendo tanto en promover artículos jurídicos de un mismo y único jurista, el señor Javier Pérez Royo. Y no lo hago por su impresionante currículo académico, tanto de alumno como de profesor, sino por su manera  clara, convincente y lógica, con la que el jurista andaluz explica y argumenta su parecer en la polémica jurídica que se ha levantado en nuestro país sobre el comportamiento del Tribunal Supremo en relación con el respeto, o la falta del mismo, a la inmunidad del diputado Oriol Junqueras, primero en su condición de miembro del  español Congreso de los Diputados, y después, como miembro del Congreso Europeo. Pienso que este asunto es más grave y decisivo por sus consecuencias institucionales, que por la dificultad jurídica intrínseca, que nuestro autor clarifica y simplifica de modo magistral. Es preciso alegar, y lo hago, que he leído a otros muchos constitucionalistas, quienes, sin embargo, no han conseguido ni explicar bien sus tesis, ni mucho menos convencerme. En el fondo, y aunque la forma resulte a veces como muy guerrera y expuesta, el asunto central, y lo que podríamos llamar, nudo gordiano, y contenido esencial de la polémica, es de índole, antes que jurídica, democrática. ¿Puede haber jueces que a los que acusar, más y antes que de comportamiento anti jurídico, de actitud anti democrática? Pues parece que sí. Y, exactamente, este es, según el parecer claro, convincente y lógico, del jurista andaluz, D. Javier Pérez Royo, la causa del enredo en que se ha metido nuestro Supremo Tribunal. Por eso prometo a mis lectores que, después de publicar este artículo, que tiene  toda la pinta de ser conclusivo, del Catedrático  y rector emérito de la universidad de Sevilla, me dedicaré, entre esta tarde, y mañana, a ofrecer mi sencillo y humilde comentario sobre el dilema en el que se encuentran los abogados del Estado, en su tarea de comunicar al Tribunal Supremo su informe sobre el tema de la inmunidad del señor Oriol Junqueras, y de la manera más exacta y rigurosa de cumplimentar lo requerido por la opinión oficial del TJUE, (Tribunal de Justicia de la Unión Europea), que éste dio como respuesta a la petición del Tribunal Supremo español).

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Javier Pérez Royo, (catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla)

A continuación voy a poner por escrito lo que he explicado oralmente durante decenios en el primer curso de la licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.

La inmunidad parlamentaria tiene una doble dimensión. Es, por un lado, una garantía institucional, una garantía de la “integridad” del Parlamento, que es el único órgano constitucional que está legitimado democráticamente de manera directa y que es, en consecuencia, la expresión institucionalizada del principio de soberanía popular. “Las Cortes Generales representan al pueblo español”, dice de manera lapidaria el artículo 66.1, primero del Título III de la Constitución dedicado a las Cortes Generales. Lo mismo vale para el Parlamento Europeo.

Es, por otro, una garantía individual, una prerrogativa de cada parlamentario, diputado o senador, que se traduce en que no puede ser detenido ni procesado sin la autorización previa de la Cámara de la que es miembro. Esta garantía individual es una derivación de la primera. Porque la inmunidad garantiza la “integridad” del Parlamento como un todo, es por lo que se exige su autorización para poder detener o procesar a uno de sus miembros.

Esto es así  por la conexión inmediata y directa del Parlamento con el “pueblo español” como lugar de ¿residenciación? del poder, que es única en la arquitectura del Estado Constitucional. No la tiene ningún otro órgano constitucional. Justamente por eso, él tiene que ser el garante de su propia “integridad”. De ahí que una vez constituido, es decir,  una vez manifestada la voluntad de los ciudadanos mediante el ejercicio del derecho del sufragio en unas elecciones generales (o europeas), y confirmada dicha manifestación de voluntad por la Administración Electoral, únicamente el Parlamento pueda decidir sobre su propia composición. Por eso  la inmunidad individual  de cada parlamentario, diputado o senador o diputado europeo, es la consecuencia inmediata de esa dimensión institucional. Nadie excepto el Parlamento puede decidir sobre el mantenimiento o pérdida de la capacidad de ejercer como parlamentario de uno de sus miembros. De no ser así, perdería el control sobre su propia “integridad”.

Esta es una norma que no admite excepción. De ningún tipo. Por venir de donde viene: directamente del principio de legitimidad democrática, en el que descansa TODA nuestra organización jurídico-política, como dejó dicho el Tribunal Constitucional en la STC 6/1981. El principio de legitimidad democrática es regla que no admite excepción. Cualquier excepción es contravención del mismo.

La garantía de la inmunidad parlamentaria se renueva con cada convocatoria electoral. El Régimen Parlamentario está presidido por el “principio de discontinuidad”. Las legislaturas no son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos. Cada legislatura empieza de cero. Cada Parlamento es concreción de la voluntad del cuerpo electoral expresada en la nueva convocatoria. Jurídicamente no tiene nada que ver con el anterior, como tampoco tendrá nada que ver con el que le suceda. De ahí que cada Parlamento tenga que velar por “su integridad” y, en consecuencia, no puede permitir que ningún parlamentario elegido en la convocatoria a la que él debe su existencia, pueda ser detenido o procesado sin que previamente él haya dado la autorización correspondiente.

Insisto. Esta regla no admite excepción. Si alguien accede a la condición de Diputado o Senador o de Diputado europeo estando procesado, incluso si está en prisión provisional, incluso si el juicio está visto para sentencia, tiene que ser puesto en libertad inmediatamente y detenido el procedimiento hasta que no se haya recibido la autorización del Parlamento en respuesta al correspondiente suplicatorio elevado por el órgano judicial.

Esto es así porque la “integridad del Parlamento” es el patrón oro del Régimen Parlamentario. Inmunidad no es impunidad, pero los jueces no pueden tomarse la justicia por su mano, sino que tienen que respetar las reglas de procedimiento propias del Estado Democrático. Y la inmunidad parlamentaria, institucional e individual,  es la primera de ellas. La “integridad” del Parlamento está por encima de todo, porque el Parlamento es el origen de todo, porque solo él representa institucionalmente el principio de soberanía popular. Esta es la razón por la que únicamente el Parlamento puede decidir el levantamiento de la inmunidad del parlamentario, concediendo o denegando la autorización para poder proceder penalmente contra él.

Y así en cada nueva legislatura. El diputado nacional o europeo o el senador, que se encuentre detenido y procesado, tiene que ser puesto en libertad y tiene que detenerse el procedimiento, desde el mismo momento de su proclamación como candidato electo por la Junta Electoral.

Hasta aquí llegaba la clase. Lo que explicaba es lo que se entiende por inmunidad en todas las democracias parlamentarias dignas de tal nombre. La inmunidad parlamentaria forma parte del núcleo esencial del Régimen Parlamentario, es decir, de aquello que lo hace “reconocible” como tal, por utilizar el término del que hace uso la STC 11/1981 para definir el “contenido esencial” de los derechos fundamentales.

¿Qué consecuencias se derivan de la inmunidad parlamentaria así entendida para la actuación del Tribunal Supremo (TS) respecto de la inmunidad de Oriol Junqueras? ¿Ha respetado el TS la inmunidad parlamentaria en su doble dimensión institucional e individual?

La respuesta parece imponerse por sí misma. La exigencia democrática insoslayable que supone la inmunidad parlamentaria ha sido vulnerada por la Sala Segunda del Supremo en dos ocasiones en 2019.

Por primera vez tras las elecciones generales, celebradas el 28 de abril. Oriol Junqueras fue elegido Diputado por la Provincia de Barcelona y, aunque pudo acudir a la sede de la Junta Electoral Central a jurar o prometer la Constitución y accedió a la condición de Diputado, se le mantuvo en prisión y se continuó el proceso contra él sin solicitar el suplicatorio al Congreso y esperar la respuesta de éste.  Con ello se vulneró la garantía de la inmunidad del Congreso de los Diputados y la inmunidad de Oriol Junqueras como parlamentario. Únicamente la enorme degradación del sistema parlamentario español condujo a que no se reaccionara ante tamaño disparate constitucional.

La segunda vulneración se ha producido tras las elecciones al Parlamento Europeo, celebradas el 26 de mayo. Oriol Junqueras fue elegido diputado europeo y proclamado diputado electo por la Junta Electoral Central (JEC) provisionalmente el propio 26 de mayo y de manera definitiva el 13 de junio.

En esta ocasión el Tribunal Supremo no le permitió acudir a la sede de la JEC a prometer o jurar la Constitución y, como consecuencia de ello no pudo acudir a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo el 2 de julio. Nuevamente se vulneró la garantía de inmunidad del Parlamento Europeo y del propio Oriol Junqueras.

El TS mantuvo a Oriol Junqueras en prisión y continuó el juicio, como si su elección como diputado europeo no lo impidiera sin solicitar la autorización del Parlamento tanto para la uno como

para lo otro.

En esta ocasión, sin embargo, el TS sí ha tenido dudas acerca de si podía hacerlo y planteó el 1 de julio una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que la ha resuelto el pasado día 19, afirmando de manera tajante que Oriol Junqueras adquirió la condición d Diputado europeo el 13 de junio con su proclamación como candidato electo por la JEC.

Quiere decirse, pues, que Oriol Junqueras debió ser puesto en libertad el mismo día 13 y que, en consecuencia, está detenido ilegalmente desde entonces. Se le ha privado, además, del ejercicio del derecho de sufragio pasivo, al no permitírsele incorporarse al Parlamento Europeo. El TS vulneró la inmunidad del Parlamento Europeo y la del parlamentario Oriol Junqueras.

Además de no poner en libertad al eurodiputado catalán, el TS continuó el procedimiento, como si no  fuera diputado europeo y como si no hubiera elevado una cuestión PREJUDICIAL respecto del alcance de su inmunidad, dictando sentencia el 14 de octubre antes de haber recibido la respuesta del TJUE.

Esta forma insólita de proceder que no tiene precedentes en el derecho europeo, ha supuesto una nueva vulneración de la inmunidad del Parlamento y de la del parlamentario Oriol Junqueras, que sigue todavía en prisión.

El TS ha actuado fraudulentamente en tres ocasiones: la primera manteniendo en prisión y no solicitando el suplicatorio al Congreso de los Diputado; la segunda manteniendo en prisión y no solicitando el suplicatorio al Parlamento Europeo; y la tercera, dictando sentencia sin esperar la respuesta del TJUE a la cuestión PREJUDICIAL que él mismo había elevado.

Está cometiendo una cuarta, en la medida en que mantiene en prisión a Oriol Junqueras después de que se haya hecho pública la sentencia del TJUE el 19 de diciembre. La contumacia en el error del TS es inexplicable.

Todo esto, repito, es materia que se enseña en el primer curso de la licenciatura. La inmunidad como garantía de la “integridad” del Parlamento, en cuanto presupuesto de la inmunidad del “parlamentario”, razón por la cual únicamente el Parlamento puede disponer de ella, es algo que no se ha discutido jamás. Sin la combinación de esa doble garantía, institucional del Parlamento e individual del parlamentario, el Régimen Parlamentario no podría existir.

Lo que se enseña en el primer curso de la licenciatura  es lo que han desconocido los Magistrados de la Sala Segunda del TS y los cuatro Fiscales que han intervenido en la causa. Y que siguen desconociendo. El escrito dirigido por los cuatro Fiscales que están actuando en la causa al TS sobre la interpretación que debe darse a la sentencia del TJUE del 19 de diciembre, supone una exhibición impúdica de ignorancia sobre  lo qué es la inmunidad parlamentaria y sobre el lugar que ocupa en el ordenamiento constitucional de la democracia parlamentaria. Es inconcebible que con tal desconocimiento se pueda ocupar el lugar que ocupan en el Ministerio Fiscal.

El interrogante se impone: ¿lo han hecho “a sabiendas” o ha sido resultado de una “ignorancia inexcusable”? Tertium non datur.

En todo caso, la contumacia, tras el 19 de diciembre, en mantener en prisión a Oriol Junqueras pasa de cualquier límite admisible. La no puesta en libertad de manera inmediata debería conducir a la actuación  de  la Fiscalía General del Estado, que debería ser la primera interesada en tomar cartas en el asunto. No puede tolerar pasivamente que se prolongue este disparate constitucional, que está vulnerando la inmunidad institucional del Parlamento Europeo así como la inmunidad individual y el derecho a la libertad personal y de sufragio pasivo de Oriol Junqueras.

Y que está suponiendo un desprestigio inmenso de la Justicia española en todo el mundo en general y en la Unión Europea en particular. El TS y la Fiscalía están empecinándose en hacer suyo el “No se confunda, Pemán, Europa se equivoca”, que Carlos Sánchez recordaba hace unos días en El Confidencial.

(Artículo de Javier Pérez Royo, publicado en eldiario.es a día de hoy, 26/12/19, transcrito para este blog por su coordinador Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara)

 

La culpa es de los jueces del Supremo

(Otro artículo que merece, en mi opinión, ser transcrito para mi blog, e incluso proponerlo para ser editado en Redes Cristianas. Es verdad que ya en junio, ¡yo lo leí!, la valiente y corajosa periodista Elisa Beni venía avisando que no se podía jugar livianamente con la inmunidad de los parlamentarios. En fin, animo a mis lectores a leer un artículo que no tiene desperdicio).

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No dejen que les cuenten milongas: todos los errores cometidos por el Tribunal Supremo en el asunto catalán tienen, entre otras cosas, un componente personal y otro narcisista

Elisa Beni  

Resulta difícil subvertir un Estado regido por el imperio de la ley sin abogados, o celebrar juicios farsa sin jueces” .

(Timothy Snyder. Sobre la tiranía).

La culpa es de los jueces del Tribunal Supremo. Desde el principio, y llevamos avisándolo tiempo. No alcanzo a creer que yo pueda entender la dimensión de los problemas y ellos no. Llevo desde junio diciendo que la inmunidad de un cargo electo es sagrada. Que la inmunidad de los parlamentarios está dispuesta para protegerles del Ejecutivo y también del Judicial y que, por tanto, se escapa de la lógica democrática que este último pueda desposeerles de ellos de un plumazo. ¿Puede un juez o una norma administrativa local desposeer a un electo y a sus casi dos millones de votantes de sus derechos políticos en una democracia? Pues no. Eso es lo que dijimos y eso es lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice ahora. Recuerden una cosa, ¡oh, grandes jueces y grandes fiscales de este país llamado España!: si han de adorar a algún becerro de oro, procuren que sea la democracia, la ley y los derechos fundamentales. Cualquier otra cosa es espuria. La patria, tal y como la consideran, sus carreras o el favor del público o de los políticos.

Nadie les pide que rindan pleitesía a eso. Ni dios, y ustedes no lo son. O sea, no son dios. No son el dios democrático ni el dios de los Ejércitos ni el dios de la razón de Estado. Solo les pedimos que apliquen la ley. No que la inventen o la reinventen o la reescriban o que nos salven. Solo que la apliquen con profesionalidad.

La cuestión es que los jueces del Tribunal Supremo, y algunos significativamente como Manuel Marchena o Pablo Llarena, han pensado que están en una pugna en la que deben salir triunfantes. Ellos y el Estado. No, señores, no. Ustedes no tienen que salvar España ni sus culos. Ustedes tienen que impartir justicia y usar su saber técnico para ello. Los resultados no son de su incumbencia. Cuando a un juez o a un fiscal se le pasa un día el plazo para prorrogar la prisión preventiva a los dos años, ¿saben lo que pasa? Que no tienen que pensar en si el tipo es malo como los hermanos Malasombra o no. No. Lo que tienen que hacer es dejarlo en libertad. Y así todo. Las formas, impuestas por el legislador, les atañen. No se trata de que ustedes las surfeen si no obtienen el resultado buscado. Por cierto ¿por qué buscan resultados? Ustedes no pueden tener intereses. No solo no pueden tener intereses personales, sino tampoco políticos. ¿Por qué tienen que fijarse una fecha para dictar sentencia porque luego hay elecciones? ¿Qué narices le importa a un juez todo eso? ¿O sí le importa? Si es así, díganlo de una vez. O sus carreras. ¿Qué narices tiene que ver todo esto con si quieren que les nombren aquí o allí o llegar a donde han planeado?

No dejen que les cuenten milongas. Todos los errores cometidos por el Tribunal Supremo en el asunto catalán tienen, entre otras cosas, un componente personal y otro narcisista. Los salvadores de la España Una y Grande. ¿Juraron en alguna parte eso o juraron respetar y hacer respetar las leyes?

El TJUE les ha dejado ahora con el culo al aire, Excelentísimos Señores de la la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Y saben por qué? Porque ustedes se están haciendo trampas al solitario desde el principio. Porque ustedes se han sentado en una partida de ajedrez con los abogados que defienden a los acusados catalanes, mientras que los fiscales del Tribunal Supremo se han constituido en fuerza de choque, como si su misión fuera darles las condiciones para el jaque mate. Sucede que esa no es su función. Puede que a Manuel Marchena le pueda su alma de fiscal, siempre lo fue hasta que lo hicieron juez por decisión política, pero no entiendo qué aire les ha dado a los otros. No, no es su función. No tienen que salvar nada ni retorcer el derecho para conseguir un objetivo. Simplemente tienen que aplicar la ley sin que les detenga lo que esto produzca. No, un juez que debe ordenar derruir urbanizaciones ilegales no puede pararse porque esto vaya a dejar en la calle a sus ocupantes. No, un juez que tenga que pronunciarse sobre las cláusulas suelo no puede andar pensando en los sufrimientos de los bancos (aunque este Tribunal Supremo lo hizo, con gran vergüenza); no, un juez que cree que hay que preguntarle al TJUE sobre la inmunidad de un electo no puede mantenerlo en prisión y sentenciarlo.

Es que no hace falta tener tantos galones como ustedes. Si preguntan a un tribunal que les es superior, y el TJUE es superior y eso forma parte del ordenamiento jurídico español mal que les pese a los fachas, deben ESPERAR a obtener esa respuesta. La cuestión PREjudicial es PRE, o sea, que es anterior a que ustedes puedan operar. La trampa de hacerlo en una pieza separada y no en la principal, me van a perdonar, pero es una trampa de colegiales. Yo entiendo que haya compañeros de tribunales y profanos que les aplaudan la gracieta pero es que ustedes, Excelentísimos, no están para hacer gracietas. Ustedes entendieron que había dudas respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras y por eso preguntaron –y debían, su pecado no es preguntar sino pasar de la respuesta– y su obligación era ser consecuentes con ello. Ni plazos, ni sacar la sentencia en la fecha prevista por si me tienen que nombrar, ni porras en vinagre. Lo siento, Señoría, si se convierte en otro magistrado 2, al que le jorobaron por ser consecuente. Si la consecuencia, la honestidad y la dignidad te perjudican, te lo tragas. Eso hace la gente con valores.

Uno de sus fallos ha sido haberse querido convertir en tahúres porque pensaban que los abogados de la defensa y los acusados se la estaban jugando así. Fíjense que ni siquiera estoy hablando de la espuria acusación ficcional presentada por el fallecido Maza. No, les hablo de lo que sigue. Puigdemont y los otros se fueron –no se fugaron sino que se fueron, antes de que nadie les persiguiera, porque Maza se largó de la lengua y les avisó vía El Mundo antes de presentar querella ninguna– y a ustedes les pareció un truqui de la baruqui. Ni siquiera se lo discuto. Saben perfectamente que está en la mano de un abogado defensor intentar usar todos los resquicios del sistema para preservar a su patrocinado. ¡Ahhh, pero ustedes no son defensores, sino que son jueces! A ustedes no les compete sentarse en la mesa del ajedrez como si estuvieran jugando una partida con ellos. ¡Que no! ¡Que ese puesto en todo caso será de la Fiscalía y no suyo! Y no se podrán quejar de que la Fiscalía del Tribunal Supremo, porque la FGE está desaparecida y en coma, no lo haya jugado a tope. Entonces ¿qué hace el Excelentísimo Llarena ensayando tácticas ridículas e inadmisibles como el quita y pongo de euro órdenes? Dignidad, excelentísimos señores, y profesionalidad. ¿Qué hace la Sala presentando una cuestión PRE judicial para la que pide un procedimiento de urgencia, sentenciando sin esperar porque tiene un calendario, interesado, que cumplir?

Miren, señores magistrados, en este país es lo más sencillo bailarles el agua y hacerles el rendivú, sin eso habría más periodistas señalándoles, pero eso en Luxemburgo no juega. Tampoco debería jugar en el Tribunal Constitucional. Están demasiado acostumbrados a que los inventos y las jugarretas se las certifiquen por mera conveniencia política de la espuria razón de Estado. Pero está Europa y eso nos salva. Está Europa e impide que ustedes se conviertan en un poder sin control que campe sobre los otros poderes y eso sin refrendo democrático.

Europa nos salva.

Europa nos protege.

Por eso van a activar el artículo de expulsión de la Unión Europea para evitar que los regímenes autoritarios de Hungría o Polonia domestiquen al judicial a su imagen.

Por eso van a evitar que ustedes se crean el Cid y pretendan arreglar con un uso no alternativo sino indiferente del Derecho lo que creen necesario.

¡Bendito salvavidas europeo! Solo los fascistas quieren matarlo…

(Artículo de Elisa Beni en “El diario .es” del 22/12/19, transcrito para el blog “El guardián del Areópago”).

 

 

Sobre la sentencia de Junqueras: ha pasado lo que tenía que pasar

(Ayer mismo, poco después de conocerse la sentencia del TJUE, (Tribunal de Justicia de la Unión europea), el consitucionalista Javier Pérez Royo ha escrito un artículo-comentario-casi final, porque todavía hay más metralla, como él mismo reconoce, que transcribo a mis lectores, en gran parte como homenaje a este gran jurista, quien, con su estilo claro y pedagógico, ilumina a sus lectores en temas jurídicos. Además de esas cualidades, tiene otra, que es muy rara en los famosos intelectuales de nuestro país: no es engreído ni pagado de sí. El nunca lo haría, pero a mí me parce de justicia el facilitar que muchos lectores interesados puedan comprobar cómo uno de nuestros juristas, hace más de un año, viene, en el tema que hoy nos ocupa, clavando al milímetro lo que, por derecho y por lógica, tendría que resolver el TJUE. Ahí va, pues, el comentario sabio de Pérez Royo).

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Javier Pérez Royo

19/12/2019 – 13:37h

La decisión del Tribunal Supremo de impedir que Oriol Junqueras adquiriera la condición de diputado europeo estaba condenada al fracaso porque era radicalmente incompatible con el principio de legitimidad democrática.

Javier Pérez Royo

19/12/2019 – 13:37h

Para evitar confusiones, sigamos el orden que se tiene que seguir:

  1. Oriol Junqueras estaba en posesión de todos sus derechos constitucionales en el momento en que fueron convocadas las elecciones al Parlamento Europeo. Estaba en prisión provisional, pero no existía ninguna sentencia firme que le privara del ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo.
  2. Oriol Junqueras fue proclamado candidato por la Junta Electoral Central (JEC) dentro de la lista correspondiente, certificándose de esta manera que reunía los requisitos legalmente exigidos para ello.
  3. Celebradas las elecciones el 26 de mayo, la JEC procedió a la proclamación provisional de Oriol Junqueras como candidato electo, sin que se interpusiera ningún recurso contra la misma.
  4. El 13 de junio, tras el recuento general, la JEC procedió a la proclamación definitiva, ordenando su publicación en el BOE.

Es obvio que si un ciudadano concurre a unas elecciones porque puede hacerlo y es elegido, posteriormente no puede impedírsele acudir a la sede de la JEC para prometer o jurar la Constitución, privándosele de esta manera del escaño obtenido mediante el voto de los ciudadanos. No es admisible que se permita a un ciudadano participar como candidato en unas elecciones y que no se le permita ocupar el escaño para el que ha sido elegido.

Esto tan obvio es lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha venido a reconocer en la sentencia conocida este jueves. Oriol Junqueras es miembro del Parlamento Europeo desde el 13 de junio, cuando se hizo la proclamación definitiva por la JEC. Desde ese día tenía que haber cesado la prisión provisional, de tal manera que pudiera acudir a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo. Para continuar procediendo penalmente contra él, el Supremo tendría que haber solicitado el suplicatorio al Parlamento Europeo y haber esperado la respuesta de este.

El TJUE sanciona el comportamiento fraudulento del Tribunal Supremo de permitir a Oriol Junqueras participar en unas elecciones, pero no aceptar el resultado de las mismas. Oriol Junqueras es diputado europeo desde el 13 de junio, haya jurado o prometido la Constitución o no. Desde entonces debería estar en libertad y poder participar en las sesiones del Parlamento Europeo. Sobre esto no existe duda.

Lo que queda por decidir es si el Tribunal Supremo pudo dictar la sentencia que dictó el 14 de octubre condenando a Oriol Junqueras por delito de sedición. Esta era la cuestión que suscitaba en las dos últimas líneas de sus Conclusiones el Abogado General.

Porque el Supremo cometió un segundo fraude al elevar la cuestión prejudicial al TJUE y no esperar la respuesta de este para dictar sentencia. Temiendo que el TJUE decidiera que Oriol Junqueras era miembro del Parlamento Europeo y que el Tribunal Supremo tenía que ponerlo en libertad y solicitar el suplicatorio para poder continuar procediendo penalmente contra él, no esperó la respuesta y dictó sentencia el 14 de octubre, es decir, el mismo día en que se celebró la vista sobre la cuestión prejudicial en el TJUE.

Con esta conducta el TS corría el riesgo de que el TJUE acabara diciendo que Oriol Junqueras era diputado europeo y portador por tanto de la inmunidad propia de quien ostenta esa condición y que, en consecuencia, el TS no podía dictar sentencia contra él sin solicitar previamente el suplicatorio al Parlamento. El tribunal corría el riesgo de que la sentencia acabara siendo nula de pleno derecho por haber sido dictada contra quien el Supremo no podía dictarla en ese momento.

Sobre este segundo fraude la sentencia del TJUE conocida este jueves no dice nada, pero tendrá que acabar diciendo algo, porque la defensa de Oriol Junqueras solicitará sin duda la nulidad al TS y, dependiendo de la respuesta de este, volverá al TJUE.

Esto se va a empezar a analizar en los cinco días que el TS ha dado de plazo a las partes para que se pronuncien sobre las consecuencias que se deben extraer de la sentencia del TJUE conocida este jueves.

Atentos.

(Artículo transcrito de “eldiario.es”, de 19/12/2019, para el blog “El Guardián del Areópago”, por su coordinador Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara) 

 

 

Comentario al artículo de Pérez Royo, (trascrito ayer en este blog)

El artículo tiene mucho que comentar. Y para que mi comentario resulte más fácil de entender y de seguir, y, al mismo tiempo más pedagógico, lo haré con metodología casi escolástica, exponiendo, en primer lugar, los puntos que pretendo explicar, y, después, desarrollar esa explicación.

1º) Meditación sobre un nacionalismo acrítico en infantil.                                

2º) La simpatía y la antipatía no son elementos jurídicos.

3º) Los tribunales españoles, como todos los de la UE (Unión Europea), están sometidos a las normas jurídicas de la misma UE.

4º) Los más altos tribunales también se pueden equivocar, sin querer, o, incluso, queriendo. 

1º) Meditación sobre un nacionalismo acrítico en infantil.

Opino que todos los nacionalismos adolecen de defectos y errores parecidos. En España se recrimina sobre manera los nacionalismos periféricos, y se admite de modo muy simple, y facilonamente, los que podríamos llamar nacionalismos centrales. Pongamos nombres: criticamos mucho, y hasta execramos, los nacionalismos vasco y catalán, y nos tragamos ingenua e infantilmente, el nacionalismo español. en mi opinión, de acuerdo con las declaraciones y proclamas de los dirigentes de VOX, el supremacismo del que se acusa al nacionalismo catalán, por ejemplo, está presente, y hasta puede perfectamente ser superado, por el mismo fenómeno supremacista, inaceptable en nuestro siglo XXI, de los próceres de VOX, y por muchos de su seguidores. EL patriotismo, convertido en patrioterismo, es un fenómeno peligroso, altamente contaminante y contagioso, y ha estado detrás de todas las grandes guerras que en el mundo han sido. Así, al nacionalismo alemán, italiano, y japonés, le respondieron puntualmente en la 2ª guerra mundial, la exacerbación nacionalista francesa, inglesa, norteamericana, etc. Si algo está intentando la Unión Europea, y parece que, poco a poco, y con muchas reticencias, justamente de los Estados más nacionalistas, va consiguiendo, es superar en Europa esa política de aldea y de tribu, de tiempos inmemoriales, de miopía social y política, cada uno aferrado a su rincón en el mundo, considerándose, además, el centro del universo.

El artículo del hoy jurista Javier Pérez Royo, como profesor y periodista del ramo, pero antes jurídico en ejercicio, como juez y magistrado, es un magnífico ensayo de superación de tendencias e inclinaciones falsamente nacionalistas, de tipo patriotismo de adhesión inquebrantable y dogmática, para alcanzar unas cuotas de predominio de la verdad, y de búsqueda de la auténtica justicia. He aquí dos conceptos que pueden, si no se afina muy bien en los conceptos, y en las argumentaciones, chocar y enredarse, y enredarnos, con la justicia práctica, la que hay que repartir equitativamente, al resolver judicialmente, los litigios entre personas, físicas, o jurídicas. En el artículo que comentamos queda meridianamente demostrado y claro,  que entre la persona física, Carlos Puigdemont, y la persona jurídica Tribunal Supremo del Reino de España, es la segunda la que no ha actuado según todos lo parámetros jurídicos y judiciales que hubiera debido respetar, incluyendo, como no hizo, los que se derivan del marco jurídico de la Unión Europea, y teniendo en cuenta solamente los de índole nacional. Cuando se actúa así, la Verdad y la Justicia, (las mayúsculas no son de adorno), quedan malparadas.

2º) La simpatía y la antipatía no son elementos jurídicos.

El señor Puigdemont, no sólo como persona privada, que también merecería todas las atenciones debidas al respeto y a las normas y derechos humanos fundamentales, sino, sobre todo, por su condición institucional, cuando comenzaron los hechos, de ostentar el más alto escalón de la política en la comunidad autónoma de Cataluña, como presidente de la Generalitat, título de la Institución de Gobierno de la Autonomía catalana, debe de ser considerado en estas dos vertientes, superando así, en el grado de consideración y aprobación ciudadanas, la posible antipatía que hechos de su biografía podrían provocar en los observadores no demasiado, ni siquiera mucho ni poco, adictos a sus tesis políticas actuales. Como afirmaba jocosamente un profesor de mi época de estudios teológicos, “yo no tengo culpa de que no me gusten los tomates”, como tampoco tengo ningún atisbo de culpa ni de responsabilidad en que alguien me caiga antipático. Pero en estos dos rechazos, de gusto y aceptación, hay una gran diferencia: así como los tomates no son sujetos de derechos, y puedo comerlos, o dejarlos de lado, las personas, y esto nunca lo podemos, ni debemos olvidar, sí son sujetos de derecho, y con respecto a la justicia, los tengo que tratar del mismo modo, tanto si me caen simpáticos como antipáticos.  La antipatía que en muchos de los ciudadanos españoles ha provocado, por sus palabras y actuaciones, el Señor Puigdemont, ha provocado que en registro patrio de agravios, lo hayamos considerado, tanto los ciudadanos de a pie, como muchos periodistas, e, incluso, y esto es mucho más grave, algunos miembros de los tribunales españoles, como un huido de nuestra justicia. Pues bien, para quien haya leído, y si no lo ha hecho, lo puede todavía hacer en esta publicación, el artículo del doctor Pérez Royo, “Aunque pueda parecer muy raro, es así“, que transcribí ayer para mi blog, queda palmariamente demostrado que no solo este señor no es un huido de la Justicia, sino que, probablemente por estar muy bien aconsejado jurídicamente, su comportamiento judicial ha sido impecable. (Si buscamos la verdad, y la justicia, dejemos, pues, nuestras antipatías fuera.

3º) Los tribunales españoles, como todos los de la Unión Europea, están sometidos las normas jurídicas de la Unión.

Este enunciado es menos evidente de lo que podría parecer. Este jueves, día 19, el tribunal de Bruselas se pronunciará sobre la inmunidad del señor Oriol Junqueras i Vies , como diputado electo de la Euro-Cámara. Pues bien, ya se oyen voces, y se leen textos, de periodistas metidos a juristas, pero que demuestran sus lagunas legales, asegurando que, una vez pronunciada sentencia, aunque le hubiera faltado al Tribunal Supremo español la necesaria habilitación del permiso de la Euro-Cámara para incoar cualquier proceso legal a un eurodiputado electo, el reproche, o reprimenda, del tribunal europeo pertinente, podrá afear el comportamiento del Supremo español, pero sin llegar al límite de anular todo el proceso. El jurista, Javier Pérez Royo, cuyo artículo estamos disecando, afirma que lo probable es que, por una especie de cortesía judicial entre tribunales, la cosa se deje como está, después de un aviso legal al tribunal español. Pero esos comunicadores obvian la posibilidad de que el tribunal de Bruselas haga uso de sus jurisdicción, se base en la situación objetiva de déficit jurídico de cualquier tribunal para juzgar a un eurodiputado sin el placet del Parlamento europeo, y decida, como medida ejemplarizante, tanto para el tribunal español, como para todos los países de la Unión europea, declarar la nulidad de todo el proceso. Lo más probable es que no lo haga, pero tienen toda la legitimidad jurídica para hacerlo. No nos podemos aferrar a las legislaciones nacionales, olvidando que, en caso de conflicto, prevalece la legislación comunitaria. Todavía, hace unos días, exactamente el martes de esta semana, día 17 de diciembre, escuché, a un famoso periodista, fundador y director de su actual periódico, recordar, como obstáculo insuperable para la adquisición de la condición de eurodiputado de Junqueras, la falta del juramento o promesa de cumplir la Constitución española, algo que no ocurrió por la negación de permiso del tribunal Supremo Español, para salir de la cárcel para cumplir con ese requisito. Condición que aunque  para nuestra legislación sea necesaria, no lo es para la legislación europea. Otra laguna que es preciso que España corrija, para no fomentar casos obtusos sin aparente solución.

(Notas: 1ª) estoy escribiendo hoy, día 19 de Diciembre, jueves, y acaba de hacerse pública la nota en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, declara que el político catalán había adquirido plenamente su condición de eurodiputado, solo con la proclamación del suceso por la justicia electoral europea. No hace falta ningún protocolo más. Pero hay políticos que no aprenden, o no quieren aprender. Por ejemplo, el diputado Espinosa de los Monteros, diputado por VOX, ya ha afirmado que ese fallo de la justicia europea sobre Junqueras “es un ataque a nuestra soberanía”.  Ante lo que solo cabe decir que la Democracia es el gobierno del pueblo, por mayorías, y que los gustos minoritarios del señor Espinosa, y su grupo, no tiene capacidad para negar las implicaciones jurídicas de nuestra pertenencia, beneficios. ¡gracias a Dios!, a la Unión europea.

2ª) Pueden comprobar que me falta por acometer la reflexión-explicación del punto. Y como quiero publicar este artículo ya por la mañana, lo procuraré terminar por la tarde, por que he sido reclamado urgentemente para un servicio que no se puede retrasar.  Gracias por vuestra comprensión). Ahora sigo concluyo el artículo

4º) Los más altos tribunales también se pueden equivocar, sin querer, o, incluso, queriendo. 

Yo nunca he sido partidario de sacralizar los tribunales de justicia. Evidentemente, se pueden equivocar, e, incluso, pueden ser injustos voluntariamente. Las páginas de las historias de procesos judiciales, y de las sentencias que ellos han provocado, está lleno del delito de “prevaricación”. Generalmente, los tribunales de regímenes dictatoriales, como los del régimen franquista en nuestro país, difícilmente podían regirse por principios de objetividad y seguridad jurídica. Y eso sucedía porque en esos modelos políticos las justicia estaba totalmente supeditada a los intereses del gobernante-tirano, es decir, los procesos llamados judiciales eran, realmente, procesos políticos. Esto no lo podemos aplicar al 100%, y ni siquiera, en gran medida, a nuestro Tribunal Supremo, pero las quejas que escuchamos todos los días, provenientes de todos los frentes, de que los problemas y situaciones políticas debería intentarse que fueran resueltas políticamente, y no, judicialmente, alcanzan, de alguna manera, a la situación creada por la sentencia del TJUE, (Tribunal de Justicia de la Unión Europea), que en su reproche-observación, (llamémoslo así) a nuestro Tribunal Supremo ha dejado ver algún fallo significativo en el cometido por éste en el llamado process. El gran jurista Pérez Royo, que nos está ayudando en la comprensión de las consecuencias del actual enfrentamiento jurídico Tribunal Supremo español- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se refiere a dos comportamientos procesales fraudulentos, por parte de nuestro Tribunal: 1º), el jurista andaluz afirma, explícitamente, que el TJUE “sanciona” (sic) al Tribunal por un primer fraude procesal: permitir al ciudadano “Oriol Junqueras participar en unas elecciones, pero no aceptar el resultado de las mismas”.  Y el 2º), “elevar la cuestión prejudicial al TJUE y no esperar la respuesta de este para dictar sentencia”. Y parece que esa prisa por sentenciar antes de conocer el auténtico estado procesal de Junqueras se debió a que el Tribunal supremo temió que si el Tribunal Europeo de Justicia confirmaba la condición de diputado del político condenado a prisión condicional,  al pedir el suplicatorio podría encontrar dificultades no previstas, como que el delito de sedición no contara en los presupuestos de la justicia europea para conceder el permiso de procesamiento. Es decir, siempre según el reputado jurídico ex magistrado del Constitucional español, la conclusión que se desprende de la sentencia europea es que el Supremo español no actuó con toda la limpieza de buena fe que siempre tiene que conducir a los tribunales actuar en beneficio de los procesados. Por eso nuestro jurista se inclina por la tremenda y enrevesada conclusión: si el tribunal sentenciador no está habilitado para procesar y dictar sentencia contra alguien, y en el caso que nos ocupa, para tener esa habilitación,  era “conditio sine qua non”, el proceso y la sentencia son nulos. Y ésta parece ser la conclusión lógica y jurídica del pronunciamiento del TJUE.

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara

 

 

 

  

Aunque pueda parecer muy raro, es así

(Transcribo el presente artículo, de “eldiario.es“, por el indudable interés, y la autoridad jurídica que posee, indiscutiblemente, su autor. En días posteriores, lo comentaré).

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En el pulso que vienen librando desde finales de 2017 Carles Puigdemont y el Tribunal Supremo, es el primero y no el segundo el que ha mantenido una conducta jurídicamente intachable.

Javier Pérez Royo

15/12/2019 – 13:28h

Esta próxima semana empieza con la vista en Bruselas, el lunes 16, sobre la orden de detención y entrega dictada por el juez Pablo Llarena contra Carles Puigdemont y Toni Comín. Y continúa el jueves 19, con la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la cuestión prejudicial relativa a la inmunidad de Oriol Junqueras. Se trata, por tanto, de una semana decisiva para conocer cuál va a ser el estatus jurídico de todos ellos. En el artículo voy a referirme solamente a Carles Puigdemont.

Aunque no conozco el resultado de ninguna encuesta, doy por supuesto que entre los ciudadanos españoles en general, con la excepción de los que residen en Catalunya y posiblemente en el País Vasco, es abrumadora la mayoría de los que piensan que la actuación del Tribunal Supremo (TS) tiene una cobertura jurídica inobjetable, mientras que la de Carles Puigdemont carece de ella. Y, sin embargo, no es así. La conducta jurídicamente irreprochable, desde que decidió situar su residencia en Bélgica a finales de 2017, es la de Puigdemont. Quien no ha respetado ni la Constitución ni el derecho de la Unión Europea ha sido el TS. Veamos por qué.

En el momento en que Carles Puigdemont decide salir de España e instalarse en Bélgica, es un ciudadano español en pleno uso de sus derechos constitucionales. No se ha activado una querella por parte del Ministerio Fiscal, ni existe orden de detención contra él dictada por ningún juez. Carles Puigdemont hace uso del derecho reconocido en el artículo 19 de la Constitución a entrar y salir libremente del territorio del Estado y se traslada a Bélgica.

Con posterioridad (el tiempo es importante en el mundo del derecho), se activa la querella y la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional en un primer momento y posteriormente el juez Pablo Llarena del TS dictan una orden europea de detención y entrega contra él.

Carles Puigdemont “no huyó” de la Justicia española, como se viene diciendo, sino que hizo uso de un derecho constitucional antes de que hubiera ninguna actuación de los tribunales contra él.

Una vez instalado en Bélgica, no ha habido ni un solo momento en que se pueda entender que su conducta ha sido la de alguien que “huye” de la Justicia. Carles Puigdemont se puso a disposición de las autoridades belgas que tenían que tramitar la orden de detención y entrega cursada por la Justicia española, y se limitó a hacer uso del derecho que le reconoce la normativa europea que regula la orden de detención y entrega a oponerse a la extradición que reclamaba la Justicia española. Carles Puigdemont ha estado permanentemente a disposición de la Justicia. Simplemente ha ejercido su derecho a ser extraditado en los términos que decida el juez europeo que tenga que resolver la orden de detención y entrega dictada por el juez español.

La normativa europea que regula la orden de detención y entrega establece que se le pregunte al ciudadano contra el que va dirigida la orden si acepta ser extraditado o no. En el caso de que conteste que no, se abre un proceso en el país europeo en el que está residiendo, con la finalidad de que sea un juez o tribunal el que tome la decisión que corresponda: conceder la extradición en los términos en que se solicita por el juez de origen, en este caso español, concederla pero no en los mismos términos en que ha sido solicitada o denegarla.

Carles Puigdemont estuvo a disposición de la Justicia belga, que adoptó incluso medidas cautelares contra él, aunque no le impusiera la prisión provisional. La Justicia española acabó anulando la primera orden de detención y entrega, reactivándola con posterioridad.

Carles Puigdemont, haciendo uso de sus derechos como ciudadano español y, por tanto, europeo, se trasladó, creo recordar que a Dinamarca, para dar unas conferencias. En dicho país, sin que sepamos por qué, la Justicia española no reclamó a las autoridades que lo detuvieran y lo pusieran a disposición de la autoridad judicial que tendría que dar respuesta a la orden de detención y entrega. Sería en el viaje de regreso a Bélgica, en la frontera alemana, cuando el juez instructor español reclamó la actuación de las autoridades alemanas, que detuvieron a Carles Puigdemont y lo pusieron inmediatamente a disposición de la autoridad judicial competente, que, en este caso, era la del Land Schleswig-Holstein. El tribunal acordó su ingreso en prisión durante varios días.

El juicio para la extradición de Carles Puigdemont tuvo lugar ante el Tribunal Supremo del Land, que decidió acceder a la misma, pero no en los términos solicitados por el juez español. Excluyó la posibilidad de que pudiera ser juzgado en España por los delitos de rebelión y sedición, pero sí admitió que se le pudiera juzgar por el delito de malversación. La orden de detención y entrega fue tramitada y resuelta por el tribunal alemán de manera motivada y ajustada a derecho.

Es el TS el que en este momento “huye de la Justicia”, de la Justicia alemana, aunque tal vez habría que decir de la Justicia “europea”, ya que, en este caso, el juez alemán lo que hace es tomar una decisión sobre el contenido y alcance de un instrumento de cooperación judicial europeo. Formalmente es un juez nacional. Materialmente es un juez europeo.

El procedimiento que se siguió ante el Tribunal de Schleswig-Holstein para dar ejecución a la orden de detención y entrega fue impecable. La Justicia española, en todo caso, no interpuso ningún recurso contra dicha decisión, sino que acordó retirar definitivamente la orden de detención en territorio europeo, manteniendo simplemente la orden de detención en territorio español.

En mi opinión, esta manera de proceder es jurídicamente injustificable. Una orden de detención puede ser retirada antes de que se haya tomado una decisión por el órgano judicial competente del país en que se encuentra la persona contra la que va dirigida, pero no “después”. La decisión del tribunal alemán era vinculante tanto para Carles Puigdemont como para la Justicia española. Podía ser recurrida, pero no rechazada sin más. No ha ocurrido nunca antes.

Con este proceder, el TS vulneraba, además del derecho europeo, la Constitución española, concretamente el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24, ya que dicho derecho comporta no solo el acceso a los tribunales de Justicia españoles, sino también el derecho de acceso a los tribunales de Justicia de los países de la Unión Europea, siempre que el derecho español entre en contacto con el derecho de la Unión Europea. Desde que el Tribunal de Schleswig-Holstein dictó sentencia, Carles Puigdemont tenía “el derecho” a no ser extraditado a España para ser juzgado por los delitos de rebelión o sedición. Únicamente podía ser extraditado para ser juzgado por malversación. Me imagino que hará valer este “derecho” ante la Justicia belga y ante el TJUE, llegado el caso.

El TS volvió a activar la orden de detención y entrega europea contra Carles Puigdemont tras haber dictado sentencia en el caso procés, el 14 de octubre de 2019. Pero ahora no podía hacerlo porque Carles Puigdemont fue elegido diputado europeo el 26 de mayo y fue proclamado diputado electo por la Junta Electoral Central de manera provisional el mismo 26 de mayo, y de manera definitiva 20 días más tarde. A partir de ese momento, Carles Puigdemont era portador de inmunidad y no podía ser detenido ni procesado sin que previamente se solicitara el suplicatorio al Parlamento Europeo y se obtuviera la respuesta afirmativa de este. Al activar la orden de detención, se vulneraban los derechos reconocidos en los artículos 17 (libertad personal) y 23 (derecho de sufragio pasivo) de la Constitución.

Esto es lo que va a ser examinado de manera directa por la Justicia belga el día 16 y, de manera indirecta para Carles Puigdemont, por el TJUE en su decisión sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.

Ya veremos cuáles son las decisiones que se toman. Pero hasta el momento, lo único que está claro es que la conducta de Carles Puigdemont ha sido jurídicamente irreprochable, mientras que la del TS ha sido jurídicamente disparatada.

Puede parecer muy raro, pero es así.

(Artículo de Javier Pérez Royo, (15/12/19 en el eldiario.es), catedrático de Derecho Constitucional, y ex magistrado del Tribunal Constitucional, transcrito para el blog “El guardián del Areópago”, por Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara)

 

Diferente vara de medir del PP en el Congreso

Ayer tuvimos una Sesión Constitutiva de las Cortes divertida, y bastante tranquila, a pesar de los comentarios de ciertos periodistas que dan más importancia a los puntos de un reglamento, por mucho que sea el del Congreso, que a disposiciones concretas de la Constitución, y no digamos, que al propio espíritu constitucional. Comenzando por la presidencia por edad de la Mesa de las Cortes, que correspondió, como en la anterior sesión constitutiva al diputado del PSOE por Burgos, Agustín Javier Zamarrón Moreno, y siguiendo, “¡con reparos!”, por los demás miembros de la mesa, y acabando por los diputados jurantes, o prometedores de la Constitución , no ocurrió nada de sorprendente, excepto la pretensión, ineficaz, de las derechas, de enlodar y poner barro a la actuación de la joven presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, tan solo porque ella es de otro partido, el PSOE, al que las derechas, ¿con un gran sentido? democrático, no hacen otra cosa que intentar deslegitimar. Y aborrecen al presidente en funciones, D. Pedro Sánchez Castejón, secretario general del PSOE, partido que ha ganado, seguidas, las siguientes elecciones: dos generales, la autonómica y municipal y las europeas. Así, que desde este líneas, yo acuso al PP, a Ciudadanos, y a VOX, de poco espíritu democrático, por negar el principio básico del derecho que tienen los ciudadanos de elegir a quienes quieran como sus representantes.

Hoy eldiario.es titula un artículo así: Ana Pastor anuncia que el PP llevará al Constitucional el “bochornoso” acatamiento de los diputados. La señora Pastor se había ganado la fama de moderada y ecuánime, pero de hecho  como el que comento se desprende que solo cuando su Partido gobierna hace gala de esos atributos. Es interesante, pero bastante lógico, porque lo hacen casi siempre, y nada extraño, por tanto,  que haga este anuncio quien presidió una sesión como la de ayer en que se oyeron todo tipo fórmulas  imaginativas, hasta “por la republica catalana”, como recordaron y visualizaron ayer en la propia televisión. Y nadie de la izquierda protestó entonces, porque esa es la profunda diferencia entre la derecha española vocinglera y contrariada con todas la opiniones divergentes, a las que rechazan, y más, denigran, dando la impresión de que solo ellos tienen legitimidad para gobernar, porque son los dueños del Estado.

Y otra diferencia, ésta ridícula y folklórica, es la distición entre el “juro”, y el “prometo”. Dicen que los del PP y VOX, -en Ciudadanos me parece que no es tan convergente la fórmula-, pronuncian el “juro”, porque tienen una visión y proyección más creyente, o más católica, como se prefiera. Pues bien, a los que así se comportan hay que recordarles que es exactamente lo contrario: alguien que valora a Jesucristo, y ha oído su Palabra, en nuestro caso ésta: “Habéis oído también que se dijo a los antepasados: No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo digo que no juréis en modo alguno: ni por el Cielo , porque es el trono de Dios, ni por la Tierra, porque es el escabel de sus pies; ni por Jerusalén , porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje: “Sí, sí”; “no, no”: que lo que pasa de aquí viene del Maligno” (Mt 5, 33-37). Así que afirmar que se usa la fórmula del juramento por motivos religiosos, en el caso de los cristianos, es una auténtica contradicción. Pero sucede, con frecuencia, que los llamados católicos tienen un profundo desconocimiento sobre qué consiste su catolicismo, y todavía mucho mayor, en qué consiste su “Cristianismo”, que es lo que más importa.

Otra intervención que merece un comentario es la de la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, que parece usar de una pedagogía, más enojosa que agradable y dulce, tal vez más para amedrentar, que para convencer, o, por lo menos, seducir. Después de la pocas veces que hemos presenciado sus intervenciones como portavoz del Partido Popular, generalmente con un tono más altivo que el necesario, no es de extrañar que algunos de los llamados “barones del PP”, es decir, los que por sus puestos de gestión y administración en Comunidades Autónomas, han alcanzado un grado notable de madurez y sensatez, desaconsejaran, en su día, al presidente de su partido, Pablo Casado, ese nombramiento. Su mantenimiento en el puesto asegura más de un sobresalto en la familia pepera. ¡Tiempo al tiempo!

Jesús Mª Urío Ruiz de Vergara    

 

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