En la era de la postverdad no es cuestión menor definir los términos de un debate, pues así evitaremos que se pretenda una resignificación que vacíe de contenido la crítica que podamos hacer[1]. Hemos definido la corrupción en otro lugar siguiendo a la Real Academia de la Lengua y a Transparencia Internacional como “el abuso de poder otorgado para obtener un beneficio privado” y “en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores” (La corrupción no se perdona, Madrid 2017, 23). Ampliando ahora esta definición para abundar en el sentido de bien común privatizado, nos acercamos a su etimología. Si analizamos la palabra en latín escorruptio, término compuesto de un prefijo, com, asimilado a cor, que significa conjunto, global, común; una raíz,rumpere, que significa destruir, hacer saltar o romper; y un sufijo, tio, que significa acción o efecto de. Si lo unimos todo, el significado preciso es la acción de romper lo común, o, en otros términos, la corrupción es la destrucción del bien común, por supuesto, en beneficio de un lucro privado.
Como vemos, la corrupción es, en esencia, la privatización o apropiación privada o privativa de los bienes comunes, sociales, colectivos o públicos. Esta apropiación se puede llevar a cabo de muchas maneras, ya sea mediante el robo, el fraude y la estafa, o mediante el soborno o el clientelismo. Pero, la forma sistémica con que se ha llevado a cabo por el neoliberalismo en las supuestas democracias liberales nos lleva a una estructura corrupta que ha puesto los bienes comunes al servicio del lucro privado de las élites, las corporaciones y las oligarquías, destruyendo a su paso las estructuras políticas y jurídicas que permitían hablar de bien común en las democracias liberales. No es casual, como reconoce Labaqui (2003: 2) que “durante los ’90 se produjo una verdadera irrupción de la corrupción. Tanto en países en desarrollo como industrializados…”. Sin embargo, este autor no saca las consecuencias del hecho de que los noventa sean los años de implementación del neoliberalismo y achaca la corrupción al subdesarrollo de la libertad económica. Por otra parte, Sui, Feng y Chang (2017) analizan la corrupción en 107 países entre 2002 y 2013 y llegan a la conclusión de que hay una correlación, un contagio dicen ellos, de la corrupción entre países que están en la misma zona geográfica e, incluso, que tienen el mismo PIB. Esto nos dice, claramente creemos, que la corrupción depende del modelo económico aplicado. La revisión de este trabajo citado nos permite ver que los países donde se extiende la corrupción coinciden en el modelo económico y difieren en cultura, tradición y costumbres. No podemos estar de acuerdo con el magnífico texto de Warren (2005), cuando afirma que la extensión de la democracia y el control de la sociedad civil son el antídoto contra la corrupción, que, según él, sería “el mal comportamiento de la política”. No es así, la corrupción depende de las estructuras ideadas por el neoliberalismo y que ha infiltrado la democracia. No puede ser la misma democracia quien elimine la corrupción cuando ella es corrupta. Los datos de España que aporta González Sanz (2013) apunta en la misma dirección que nosotros estamos proponiendo. La corrupción aumenta en España a partir de la aplicación de las políticas neoliberales más duras, es decir, desde 1996 en adelante, cuando España genera la burbuja de la construcción que debilitará las políticas sociales y creará en la ciudadanía el humus necesario para aceptar la corrupción como una forma natural de acción política y social. Ahora bien, debemos analizar cómo llegamos a esto.
