LA IRRACIONALIDAD DE LA LEY DE RACIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Jerónimo Aguado Martínez

A pesar del descontento generalizado por parte de los alcaldes y alcaldesas o presidentes y presidentas de las entidades locales menores, el Gobierno del PP sigue en sus treces de seguir adelante con su propuesta de ley de racionalización de la administración local. Sus pretensiones son conseguir que antes de finalizar el año se cumplan todos los trámites parlamentarios para que dicha ley quede aprobada definitivamente.

Para la inmensa mayoría de los municipios y entidades locales menores la aprobación de dicha ley supone el inicio de un camino sin retorno hacia su desaparición. El equilibrio presupuestario y la sostenibilidad económica de los ayuntamientos es justificación política que nos dan para mostrarnos que las instituciones más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas hay que cerrarlas, y que sólo les queda el camino de adherirse “libremente” a una unidad administrativa que nunca sea inferior a los 20.000 habitantes, desde donde se prestarán los servicios a los pueblos.

Los que nos oponemos a esta ley hemos demostrado que ninguna de las argumentaciones para defender el nuevo proyecto son justificables.

Nuestros pequeños ayuntamientos no están endeudados, cuando emprenden algún proyecto es porque saben que lo pueden pagar; tampoco son insostenibles, pues los trabajos que desarrollan las vecinas y los vecinos para abordar las necesidades de la comunidad en muchas ocasiones son aportaciones gratuitas, incluidas las horas prestadas por parte de nuestros representantes que asumen su responsabilidad política de manera desinteresada. Y nuestros servicios públicos dudamos que sean más caros que los que se prestan en las grandes ciudades, entre otras cosas, porque no disponemos ya de aquellos que tendrían que ser indispensables: transporte, servicios sociales y sanitarios, escuelas, etc..

Pero, cuál es la razón de fondo por la que desean cerrar nuestras pedanías, juntas locales menores y ayuntamientos, cuando de sobra saben que no somos ningún problema?. ¿Por qué nos quieren eliminar del mapa, sabiendo que la sociedad necesita pueblos vivos para gestionar las tierras, los bosques, el ganado, los alimentos, todo lo básico e imprescindible que necesita el ser humano?.

Tres objetivos se enmascaran detrás de este proyecto de ley: destruir la autonomía y la soberanía de nuestros pueblos, ejemplos muchos de ellos de participación y de democracia real; facilitar el acaparamiento de tierras y recursos forestales ( nuestros montes y tierras comunales) a ciertos grupos de poder; y, una vez que la gestión municipal este en manos de las nuevas entidades administrativas, privatizar la gestión de los servicios públicos, alejándoles de nuestras gentes y de nuestros pueblos.

Las consecuencias de estas medidas pueden ser irreparables para el mundo rural. Se acelera el proceso de abandono del campo, se cierran muchas oportunidades para la gente joven que desea volver a los pueblos y ven en los bienes comunales un recurso que les facilitaría este proceso, perdemos autonomía y nuestra capacidad de ser soberanos y ponemos nuestras riquezas en manos de especuladores, y se destruye una parte importante de nuestras culturas y diversos modelos de organización ( gestión comunitaria de los bienes comunes, las huebras,…) que han demostrado durante siglos dar respuestas a los problemas de la comunidad, además de ser sustentables a lo largo del tiempo.

La propuesta de ley de racionalización de la administración local encubre una nueva desamortización de la tierra, dando cauce legal a un nuevo robo y saqueo hacia el medio rural, quitando la tierra a los pueblos para entregársela a sociedades anónimas que sin escrúpulo alguno ven en nuestros territorios un nuevo negocio de futuro, sin importarles para nada la presencia de las gentes que han mantenido vivos los pueblos.

OCTUBRE 2013

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