Tortura policial. Impunidad. Silencio.

CiutatMortaPatriAl fin he visto el documental Ciutat Morta. Cuenta algo extremadamente grave. No se entiende que este tema no haya abierto Telediarios, informativos y portadas. Bueno, sí se entiende conociendo el panorama mediático servil y antiperiodístico de nuestro país.

Hace un año y medio 800 personas ocuparon un cine abandonado en Barcelona para poder proyectar el documental. Le pusieron al edificio el nombre de una chica que se había suicidado dos años antes: Patricia Heras. Ella fue detenida por sus “pintas” junto a un amigo. Los dos acabaron en la cárcel sin haber hecho nada. Al igual que otros tres jóvenes ‘sudacas de mierda’ (como les gritaban los policías torturadores en comisaría), estuvieron privados de libertad durante dos años. Pasaban por allí y se les cruzó la porra policial. El mecanismo podrido de la justicia y la complicidad política del alcalde de Barcelona, Joan Clos, y su concejal de seguridad, Jordi Hereu, les acabaron de rematar.

Todo esto tiene que ver con un espeluznante caso de corrupción política y policial. Tiene que ver con los casos de torturas que, por desgracia, se producen de forma sistemática como han denunciado diversas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional. Racismo, mentiras, manipulación, obstrucción a la justicia, pruebas falsas, violaciones de derechos humanos… Impunidad policial.

Pero tiene que ver también con las estrategias de desmovilización ciudadana y la construcción mediática de ‘enemigos’ que permite criminalizar las luchas sociales y justificar abusos propios de dictaduras. Como explica en el documental Manuel Delgado, profesor de Antropología Social en la Universidad de Barcelona, el problema es que dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no se ha depurado aún la herencia franquista. Y dentro del poder judicial tampoco. Luego retomo esto, vamos a los hechos concretos.

Recojo el resumen que aparece en la propia web del documental:

“La noche del 4 de febrero de 2006 terminó con una carga policial en el centro de Barcelona. Fue en los alrededores de un antiguo teatro okupado en el que se estaba celebrando una fiesta. Entre los golpes de porra, empezaron a caer objetos desde la azotea de la casa okupada. Según relató por radio el alcalde de Barcelona pocas horas después, uno de los policías, que iba sin casco, quedó en coma por el impacto de una maceta. Las detenciones que vinieron inmediatamente después del trágico incidente nos relatan la crónica de una venganza.Tres jóvenes detenidos, de origen sudamericano, son gravemente torturados y privados de libertad durante dos años, a la espera de un juicio en el que poco importaba quién había hecho qué.

Poco importaba que el objeto que hirió al policía hubiera sido tirado desde una azotea mientras que los detenidos estaban a pie de calle. Otros dos detenidos aquella noche —Patricia y Alfredo— ni siquiera estaban presentes en el lugar de los hechos: fueron detenidos en un hospital cercano y hallados sospechosos por su forma de vestir. Poco importaba si había pruebas o evidencias que exculpaban a todos los acusados. En aquel juicio no se estaban juzgando a individuos sino a todo un colectivo. Se trataba de un enemigo genérico construido por la prensa y los políticos de la Barcelona modélica. Barcelona, la ciudad que acababa de estrenar su llamada “ordenanza de civismo”, una ley higienista, marco legal perfecto para los planes de gentrificación de algunos barrios céntricos, destinados al turismo. Los chicos detenidos aquella noche eran cabezas de turco que encajaban perfectamente, por su estética, con la imagen del disidente antisistema: el enemigo interno que la ciudad modélica había ido generando aquellos últimos tiempos.

Años después, dos policías son condenados a inhabilitación y penas de prisión de más de 2 años por haber torturado a un chico negro. La sentencia demuestra que los agentes mienten y manipulan pruebas durante el juicio. Para encubrir las torturas, acusan al joven de ser traficante de drogas, pero el juez descubre un montaje: el chico negro es en realidad, hijo de un diplomático: el embajador de Trinidad y Tobago en Noruega. Estos agentes resultan ser los mismos que habían torturado a los jóvenes detenidos aquella noche del 4 de febrero de 2006 y algunos de los testigos que declararon en su contra durante el juicio. El mismo modus operandi en ambos casos. La única diferencia: el origen social de las víctimas. La enésima historia de impunidad policial, acompañada por buenas dosis de racismo, clasismo y la vulneración de derechos fundamentales, todo ello amparado por un sistema judicial heredero del régimen franquista y unos políticos obsesionados con el negocio inmobiliario que brinda la Marca Barcelona a costa de sus ciudadanos.

Patricia es una joven estudiante de literatura, extremadamente sensible, que esconde sus inseguridades detrás de una estética excéntrica, alimentada por la cultura queer con la que se identifica. La experiencia que le atraviesa a partir de aquella mañana del 4 de febrero de 2006, cuando es detenida junto con su amigo Alfredo en un hospital, da un giro radical a su vida. Dos años de angustia a la espera del juicio, agotando todos los ahorros de su vida para pagar abogados. Tres años de condena en la cárcel. Patricia se suicida durante una salida de la cárcel, en abril del 2011. Esta película pretende ser un homenaje a ella”.

Estremece, y mucho, ver las dos horas de este trabajo de investigación que han hecho Xapo Ortega y Xavier Artigas (Metromuser) en colaboración con el semanario La Directa y la Comisión Audiovisual del 15M en Barcelona. Tras muchos silencios y censuras (pese a ser un documental premiado en varios festivales), parece que la presión popular ha hecho que TV3 se vea obligada a emitirlo en Cataluña.

Una de las cosas que más me han impactado del documental es la falta de garantías y confianza en el sistema judicial que van experimentando los detenidos a medida que avanza el proceso. Uno de ellos, Rodrigo Lanza, explica que se sentía aliviado cuando, después de los golpes y torturas, le llevan al hospital por la gravedad de las lesiones. Pensaba que por fin alguien se daría cuenta de lo que le estaba pasando. El médico ni le mira a los ojos. El policía está presente. Otro de los torturados cuenta cómo a pesar de que el profesional médico indica que es necesario operar la mano, el policía ordena que le escayolen porque se tienen que ir y el médico obedece.

Posteriormente, cuando tiene que prestar declaración ante la jueza instructora, Carmen García Martínez, a Rodrigo le pasa igual. Pensaba que por fin podría contar lo que le estaba sucediendo, pero a la jueza no le interesa nada de lo que él tiene que decir. Porque ya tiene la versión policial. “Aunque vengan mil más como usted, yo voy a creer a la Policía”.

El abogado Gonzalo Boye también interviene en el documental: “En ese juicio todos sabíamos que los policías estaban mintiendo. Y cuando digo todos, me refiero a todos los que llevábamos toga”. Imaginemos lo que va a pasar en este país con la Ley Mordaza, la ley de “inseguridad” ciudadana, la ley que prioriza la palabra de un policía ante la de un ciudadano, la ley que impide grabar o fotografiar a los polis cuando cometen abusos. La indefensión ciudadana ante el abuso policial es brutal. Escribí en este blog hace tiempo sobre el tema.

Tenemos un ejemplo reciente. Hace unos días la Audiencia Nacional condenaba al activista vallecano Alfonso Fernández a cuatro años de prisión porque, según la versión policial, portaba en su mochila material explosivo el día de la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Algo que él ha negado. Pese a las contradicciones en las versiones policiales y pese a que no hay ninguna prueba (las declaraciones de la Policía son la única prueba), Alfon irá a la cárcel. Aunque numerosos colectivos sociales han denunciado este caso y pedido la libertad de Alfon, no trasciende mucho más. Ya se sabe: “Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista…”. Y cuando vinieron a por mí ya era tarde.

En el caso que narra Ciutat Morta, el silencio está relacionado con esa idea de “vinieron a por los otros”. Los “otros” son inmigrantes o jóvenes con “pinta” de antisistema. Y si se los ha llevado la Policía, “por algo será”.

Hace poco vi también el polémico documental Asier ETA biok de Aitor Merino. El actor habla del conflicto político vasco con una naturalidad y frescura inusual. Plantea cuestiones que nunca se han querido abordar en este país. Y relata lo que le pasó a él mismo, cuenta el episodio de violencia policial que sufrió en su propio cuerpo sin que mediara una palabra, sin entender nada de lo que estaba sucediendo cuando fue detenido “por error”.

Recuerdo la primera vez que me hablaron, en persona, de las torturas policiales en el País Vasco. Yo era estudiante de periodismo y hacía prácticas un verano en el diario Alerta de Cantabria. Buena parte de mis compañeros eran vascos, cántabros y navarros. Estudiantes de periodismo, como yo. Y contaban historias cercanas, de amigos o familiares que habían participado en una manifestación y habían acabado en un calabozo golpeados. No eran terroristas. Después del “susto” o el “aviso” fueron liberados. Pero la imagen que yo recibía en los grandes medios era que cualquier persona independentista que se manifestara en el País Vasco era peligrosa, violenta, etarra. Una técnica muy utilizada para desacreditar, también últimamente, aunque ETA ya no existe. Lo hemos visto con Ada Colau llamada filoetarra e incluso con Pablo Iglesias.

Es habitual encontrarse con muros de piedra cada vez que se intenta hablar del tema de las torturas en las cárceles o comisarías. Es como si eso no existiera o, más bien, se trata de no querer verlo con esa idea de “si no lo nombramos, no existe”. En el caso del País Vasco, más difícil aún, porque hablar de ello te convertía poco más o menos en simpatizante de ETA. Así que sólo se podía hablar del terrorismo de ETA. Bien, de eso ya hablaban todos los medios, y así debía ser por la importancia que tenía. Pero yo me preguntaba qué pasaba con esa otra realidad oculta de terrorismo de Estado consentido por los poderes públicos, pagado con el dinero de nuestros impuestos.

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) son otro ejemplo de la vulneración sistemática de derechos humanos. Hice un reportaje en la revista 21 sobre estos agujeros negros de nuestro Estado de Derecho. Las denuncias por abusos policiales, malos tratos y vejaciones son numerosas. Víctor, que llegó a España desde Camerún, me contaba cómo la Policía le golpeó en una sala del aeropuerto de Barajas. De nuevo, las organizaciones de defensa de los derechos humanos con las que hablé confirmaban que el caso de Víctor no era un caso aislado.

Es muy grave que un sistema político y judicial no sólo consienta sino que impida que se investigue y se condene a los responsables. Que ponga trabas, que perpetúe la impunidad. Eso no pasa en una democracia. Eso pasa en sistemas dictatoriales. Eso pasa cuando la casta franquista sigue estando en las instituciones. Sienten desprecio hacia la ciudadanía y hacia la libertad, por tanto van a seguir haciendo todo lo posible por frenar cualquier intento de cambio. Lo que pasa es que el cambio ya se nos viene, quieran o no.

Habrá que estar alerta. Habrá que mirar (y querer ver), oír (y querer escuchar). Pero sobre todo, habrá que querer contar, denunciar, visibilizar. Y eso es lo que han hecho los realizadores de Ciutat Morta. Informar de lo que nadie quiere hablar.

12 Responses to “Tortura policial. Impunidad. Silencio.”

  1. ¿Dónde puedo verlo?

    Gracias

  2. Sobran los adjetivos pero me parece estremecedor que pase algo así y los medios de comunicación no informen. Quisiera destacar que cobra más crueldad por el hecho de afectar a inmigrantes y el racismo sobre ellos pero quiero puntualizar que es igual de grave. Es decir que ningún ser humano ni extranjero ni nacional debe sufrir abusos o torturas por parte de la policía ni en Barcelona ni en Madrid ni en España ni en otros lugares.

  3. Hola Rafa. Yo lo pude ver en filmin, pero creo que ya lo han quitado. Parece que la televisión pública catalana TV3 va a emitirlo el sábado 17 de enero a las 22:25 gracias a la presión popular.

  4. El llamado caso 4F es un cúmulo de escándalos y de vulneraciones de derechos que, encima, termina de una manera bien trágica: el suicidio de una mujer joven, Patricia Heras, que no podía soportar la condena por unos hechos que no había cometido. Esto denuncia el documental ‘Ciudad Muerta’, que tras meses de polémica se ha conseguido que finalmente emita Televisión de Cataluña. Será mañana , sabado, como dice la autora del articulo, a las 22.25 en el Canal 33 y ya se ha hecho un llamamiento para que la gente se reúna en los bares de Catalunya a verlo. El filme, que ha sido galardonado en una decena de festivales, es también un homenaje a Heras, retratada a través de sus poemas y amistades.Todo el mundo tiende a pensar que esto es un caso aislado, pero esto es un modus operandi determinado de nuestros cuerpos policiales, amparados por jueces y políticos. Hablamos de un mal sistémico que sale a la luz cuando se equivocan de persona.

    -En El caso del Yuri, que es el chico negro que apalearon ese mismo año, era el hijo de un diplomático. Tenía recursos y se podía defender. La pregunta es: ¿cuántos negros han tenido que torturar para encontrarse con un negro que sea hijo de un diplomático? En el caso de los chicos del 4-F, no tenían recursos, pero sí tenían un entorno social muy potente que enseguida puso en marcha mecanismos para denunciar lo que pasaba. Pero lo que pone los pelos de punta es pensar cuánta gente hay en situación vulnerable y que es susceptible de ser maltratada o torturada y que no tiene manera de denunciarlo, ya sea porque no tiene los papeles en regla o porque hace algún oficio ilegal, tales como ejercer la prostitución.

    Venimos de una dictadura fascista y la transición que hemos hecho hacia la democracia hh asido una transicion trampa. Ha habido un cambio de caras políticas, pero a la Guardia Urbana de Barcelona, por ejemplo, no ha habido ninguna modificación destacable desde la dictadura; los manuales que usan y los responsables son los mismos que había entonces. En el sistema judicial, más de lo mismo, no ha habido ningún gran transición. Por eso es normal que aún nos encontramos con tics típicos del fascismo.

    Se intentaron poner cámaras en las comisarías de policía, algo totalmente básica en un país democrático, y las retiraron porque decían que vulneraban el derecho de la intimidad de la policía a la hora de hacer su trabajo. Esto es muy grave.

    Sobre El caso 4-F, los acusados siempre negaron los hechos y acabaron condenados y pasando años en prisión. Como se llega hasta aquí? Todo viene de un tiesto que impacta contra un agente de policía.
    Ellos No son acusados de haber tirado el tiesto sino de haber tirado una piedra. La versión inicial del tiesto exculpaba directamente todos los detenidos, que no estaban arriba en la azotea. Pero esta versión inicial, que es la que dio el alcalde y todos los testigos, se cambió al cabo de algunos días en el atestado policial. El tiesto y los objetos que caen de la azotea desaparecen del relato y pasan a ser unas piedras que habían lanzado las personas detenidas. Los policías habían tenido una actuación tan ejemplar que habían cogido justamente sólo aquellas personas que habían lanzado piedras contra el policía que terminó en coma. Todas las pruebas los exculpaban y la versión oficial sólo se sostiene por el testimonio de dos policías. Esto es lo único que el juez tiene en cuenta para aceptar la versión que acaba convirtiéndose en el oficial. No hay nada más que este testigo. El forense da la razón a los acusados, todos los testigos dan la razón a los acusados, toda la lógica del relato de los hechos les da la razón. Pero hay dos policías que dicen lo contrario y el juez se basa sólo en eso.

    Patricia Heras, que ni siquiera se encontraba en los disturbios, había tenido un accidente de bicicleta en otro lugar de la ciudad. Fue conducida en ambulancia al Hospital del Mar y mientras esperaba ser atendida, un grupo de policías que acompañaban a los detenidos del 4-F para hacer el informe médico por las torturas se cruzó con ella. Vieron que sangraba y que tenía un peinado curioso, una especie de cuadros en un lado de la cabeza rapada, que se había hecho en homenaje a Cyndi Lauper. Según su atestado, vieron que era una ‘antisistema’ y dijeron que la habían reconocido por el peinado como una de las personas que había estado en la calle San Pedro Más Bajo participando en el ataque contra la policía. La acusaron de intento de homicidio. Patricia ni siquiera había sido aquella noche allí.

  5. Hoy es el día que la TV pública TV3 emitirá el documental al fin tras dos años de censura. A las 22:25 CANAL 33, también online. Pero para mí lo más emocionante es que colectivos sociales, asociaciones, bares, ateneos, centros culturales se han organizado para emitirlo. ¡Que corra la voz! ¡Baja al bar a verlo! No todo el mundo tiene internet y redes sociales por eso admira la movilización que está habiendo para que todo el mundo pueda verlo y sepa.
    Ojalá Joan Clos a partir de esta noche no pueda pasear por la ciudad cuando pise BCN sin sentir vergüenza cuando se cruce con las miradas de los ciudadanos por la calle.
    #BaixaAlBar
    #CuitatMorta

  6. Me gustaria añadir que un juzgado de Barcelona a instancias de la policía ha obligado a censurar estos cinco minutos del documental como es propio de las pseudodemocracias, es decir, se ha emitido sí en el Canal 33 pero sin ese trozo que dañaba el honor.
    Moltes gràcies por el espacio. https://www.youtube.com/watch?v=amXytLLPAOs

  7. La emisión del documental ‘Ciudad Muerta’ en TVC, sobre el llamado caso 4-F, no sólo consiguió captar la atención de más de medio millón de espectadores el sábado por la noche.( record en Canal 33) También ha abierto una polémica política en el Ayuntamiento de Barcelona, donde los grupos de ICV y ERC ya han pedido que se vuelva a abrir la investigación.Sobre todo despues de que los dos policias que dentificaron a Patri esten en la carcel por falso testitomonio y torturar a Yuri, y se les haya concedido una falsa invalidez con derecho a 1800 euros mensuales de por vida dela SS,

    El presidente del grupo municipal de ICV-EUiA, Ricard Gomà, ha dicho en Twitter: ‘Hay una investigación a fondo y con transparencia.’ Asimismo ha reconocido que su grupo, que en el momento de los hechos formaba parte del gobierno de la ciudad junto con el PSC y ERC cometió la equivocación de no ser lo suficientemente activo en la exigencia de esclarecerlos.

    Gomà tuvo ayer un debate intenso en Twitter con el periodista de la Directa Albert Martínez:

    Es urgente reabrir el caso que denuncia Ciudad Muerta. Hay una investigación a fondo y con transparencia.
    – Ricard BCNxViure (ricardgoma) January 18, 2015

    . @ ricardgoma exactamente eso es lo que te pedí en 2007, pero no vas mover un dedo, desde entonces perdiste todo mi respeto
    – Albert Martínez (albertmartnez) January 18, 2015

    Cometimos el error de no ser lo suficientemente activos en la exigencia de esclarecer los hechos, a la luz de lo que denuncia Ciudad Muerta.
    – Ricard BCNxViure (ricardgoma) January 18, 2015

    . @ ricardgoma no fue error, fue cálculo, me dijiste: “no podemos apretar tanto el PSC, sólo controlamos nuestra área, así son equilibrios”
    – Albert Martínez (albertmartnez) January 18, 2015

    ERC y Ganamos, también a favor de reabrir el caso

    También el candidato de ERC a la alcaldía, Alfred Bosch, ha expresado la urgencia de ir a fondo para esclarecer los hechos y actuar.

    Asimismo, la coalición Ganamos dijo que era uno de los hechos más graves de corrupción política y policial que había vivido la ciudad de Barcelona y ha pedido al alcalde Xavier Trias que se reuniera con las víctimas y familiares perjudicados y, que abriera inmediatamente una investigación interna para depurar responsabilidades y que retirara las pensiones vitalicias otorgadas a los agentes de la guardia urbana implicados en estos hechos y condenados por un caso de torturas.

    Ganamos pide también la comparecencia pública del ex-alcalde Joan Clos, el ex-alcalde y ex-concejal de Seguridad y Movilidad Jordi Hereu, el ex concejal de Ciutat Vella Carles Martí y el ex-consejera de Interior Montserrat Tura, además de los partidos que gobernaban en ese momento, PSC, ICV y ERC, ‘para dar explicaciones y pedir perdón a las víctimas’.
    Despues de la emision centenaresde personas se manifestaron en la plaza del ayuntamiento de Barcelona al grito de “Patrii,ni olvido ni perdon” y “la policia tortura y asesina”

  8. PUBLICADO HOY EN EL DIARIO “LADIRECTA” POR EL PERIODISTA JESUS RODRIGUEZ

    Muy Sra. mía, soy Mariana Huidobro, madre de Rodrigo Lanza … “, así empezaba una carta, con fecha de 19 de diciembre de 2011, dirigida a la Fiscalía Provincial de Barcelona. Hace más de tres años que Huidobro, mediante esta misiva, informó al máximo órgano fiscal de las irregularidades del caso 4F que quedarían reflejadas unos meses más tarde en el documental Ciudad Muerta. El hecho de que los agentes Bakari Samyang y Víctor Bayona -pieza clave testifical del caso 4F- hubieran sido condenados por torturas graves y simulación de delitos en otro caso podía haber dado un giro a todo el proceso. Hay que recordar que los cinco años de prisión de Lanza y los tres años y tres meses de Juan Pintos, Alex Cisternas y Patricia Heras sólo estaban soportados por las palabras de Samyang y Bayona. Ninguna prueba más. Por el contrario, el resto de pruebas, testimonios, indicios y periciales apuntaban a la versión del tiesto que cayó desde la azotea, una versión que exculpaba los encausados.

    A pesar de las esperanzas depositadas por Huidobro, la Fiscalía optó por el silencio y nunca se dignó a dar respuesta a la carta. Sólo de manera verbal, la fiscal del caso 4F -que casualmente fue la misma fiscal del caso Yuri Jardine le dijo a la madre de Lanza, según ella misma explicó, que con una única coincidencia no podía hacer nada y que sólo en caso de que se encontraran más coincidencias con otros casos de tortura y simulación de delitos “quizás” se podría plantear la revisión del caso. Este fue el último intento de la Mariana. A partir de entonces se vertió en su particular venganza: el documental que el sábado golpeó duramente la cabeza y el corazón de 569.000 catalanas.

    La actitud de pasividad de la fiscal dibujó una hilera más del muro que el poder político, mediático, judicial y policial ha construido a lo largo de estos nueve años en relación al caso 4F. Un muro infranqueable en palabras de Huidobro la noche del sábado, entre lágrimas y emocionada, a las puertas del consistorio barcelonés, poco después de que finalizara el pase del Canal 33. Todo este desorden no ha sido fruto de un cúmulo de coincidencias desafortunadas: aquí ha habido una deliberada actuación, en algunos aspectos, y un mirar hacia otro lado, en otros. Repaso algunos de fundamentales para entender qué ha pasado.

    Un problema a la Guardia Urbana

    La noche del 4F, los agentes Samyang y Bayona actuaron desde las vísceras, pero también desde la profunda convicción de que todo lo ilegal o irregular que hicieran sería encubierto y protegido por sus mandos. Conciencia de impunidad, certeza de manto protector. Sólo hace falta que busque en internet las palabras “Julian Delgado” y “Guardia Urbana” para saber de dónde venimos. Hoy es oportuno que todos conozca quien era hasta hace tres meses el máximo responsable de la UNOC (Unidad Nocturna Operativa Centralizada), unidad donde estaban adscritos los dos agentes ahora encarcelados en el módulo de alta seguridad del centro penitenciario de Quatre Camins. Se trata del inspector jefe Agustín Hernando, más conocido como Cuchi, recientemente suspendido de empleo y sueldo a raíz de una investigación del juzgado de instrucción 10 de Barcelona que le acusa de graves delitos, como dar la instrucción de ocultar dentro de un atestado los golpes que un guardia urbano propinó a un peatón detenido, así como de la apropiación de grandes cantidades de latas de cerveza incautadas en aplicación de la ordenanza del civismo. ¿Si un mando tiene comportamientos como los descritos, que podemos esperar de sus subalternos?

    Estas prácticas se han hecho más y más comunes desde 2007, año en que las ordenanzas del civismo y la persecución a la venta ambulante justificaron una “guerra de baja intensidad” de la UNOC contra personas con “estética alternativa” que gozan de la fiesta en el centro de la ciudad, así como hacia inmigrantes y trabajadoras sexuales. Son decenas los casos de abusos que estos años hemos localizado, pese a no poder investigar a fondo, protagonizados por agentes de esta brigada policial donde trabajan unos 200 efectivos. Todas aquellas con algún “estigma” han sido víctimas potenciales de esta cruzada. Identificaciones, insultos, empujones y humillaciones son a la orden del día, y las palizas y episodios más graves ocurren con más frecuencia de lo que podríamos imaginar. En el último año los vendedores de “top manta” han pasado a ser los principales damnificados de esta política securitaria. La sede de las UNOC y las UPAS (antidisturbios nocturnos y diurnos) es en la comisaría de la Zona Franca. Este edificio quedó segregado del resto de dependencias del cuerpo después de una carga de las UPAS -ahora hace doce años- contra agentes de comisarías de distrito que querían acceder a la Casa Grande del consistorio en el marco de una jornada de huelga para la mejora de sus condiciones laborales. En la Zona Franca, donde también se ha ubicado estratégicamente la sede del CIE, los antidisturbios comparten comisaría con el Servicio de Información y Documentación, dirigido hasta hace un par de años por el inspector Víctor Gibanel. Fue destituido con la llegada de Xavier Trias en el consistorio, cuando Joan Delort asumió las tareas de coordinación del cuerpo. Un subalterno de Gibanel se dirigió a mí un día de enero de 2011, poco después del estallido del caso Macedonia, y me dijo literalmente: “Te vamos a cortar el cuello”, con el añadido de simular la amenaza con la mano. Esta farol, en mi caso, no se ha llegado a materializar nunca más allá de una rueda de la bicicleta reventón con una navaja a manos de un policía de paisano.

    La prensa y la versión de oficiales

    ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación? Grande, muy grande. El muro con que tropezaba la Mariana se hacía más alto cuando a pesar de las clamorosas informaciones que iban trascendiendo se le cerraban las puertas de la gran mayoría de los medios de comunicación. Aparte del conjunto de webs y publicaciones de la prensa alternativa -papel destacado del Masala- y de la Directa, sólo un medio, Vilaweb, y cinco periodistas, Helena López, Gregorio Morán, Mònica Terribas, Jordi Mumbrú y Silvia Barroso, desobedecieron la mordaza. Cito los nombres y no los medios por los que trabajaban, porque se ajusta más a la realidad. También hubo teletipos de agencia de algunos buenos profesionales del periodismo, que no tienen firma, y que desgraciadamente tuvieron poco reflejo en los medios. Clamaba al cielo que medios de Chile y Argentina desplazaran recursos humanos y materiales en avión hasta Barcelona y la gran familia de periodistas de Interior no dedicara ni una coma a las contradicciones del caso hasta que ha aparecido el documental Ciudad Muerta. Versión oficial, versión de oficiales. Las puertas giratorias entre los gabinetes de prensa policiales y las secciones de sucesos de diarios, radios y TV tienen una gran responsabilidad. La máxima es clara: no le hagas un feo a quien te da cada día de comer, al que gracias a las filtraciones te hace un lugar dentro del cada vez más competitivo mundo de la exclusiva. Cada uno con su conciencia. Pero también hubo una censura editorial. Recuerdo especialmente dos medios que vetaron que sus periodistas informaran de las irregularidades durante los primeros años del caso, y lo sé porque ellos mismos me lo contaron. No diré sus nombres, pero si el de las cabeceras para las que trabajaban: El Periódico y El País.

    Mínimo interés en la clase política

    Han sido años de picar la puerta de despachos oficiales. Montserrat Tura (PSC) cuando era consejera de Justicia recibió Huidobro, la escuchó, pero no hubo ninguna actuación concreta, ningún alivio, ni por ella ni por las familiares de ninguna de las encarceladas. Ricard Gomà, concejal de ICV-EUiA en el consistorio barcelonés, alegó el poco margen de maniobra que tenía en relación a sus socios de Gobierno: “no podemos apretar tanto el PSC, sólo controlamos nuestra área, así son los equilibrios “. Joan Herrera (ICV) visitó Mariana Huidobro durante la huelga de hambre y Joan Tardà (ERC) se entrevistó con Rodrigo Lanza cuando salió de prisión. Aquí se acaba el listado. Perdón, me olvidaba: David Fernández, obviamente, siempre estuvo presente, dejándose la piel como miembro de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, junto a las familias y los encarcelados.

    Por el contrario, una agrupación del PSC de la Federación de Barcelona y los delegados sindicales de UGT y SAPOL a la Guardia Urbana se movieron mucho para defender Víctor Bayona y Bakari Samyang, los policías condenados por torturas. Se reunieron con altas instancias de diversas administraciones catalanas para intentar conseguir un apoyo a la petición de indulto, aunque finalmente este fue denegado. La última muestra de esta cerrada defensa corporativa la tenemos en el desafortunado tuit del community manager del Sindicato de Mossos: “Buenas noches para ir al cine. Aunque si os gusta la fantasía con C33 tiene suficiente “.

    En resumen. La jueza Carmen García Martínez (que ayer no fue a trabajar) renunció a investigar porque ya le iba bien que la sentencia condenatoria estuviera previamente dictada. La Fiscalía no quiso saber nada de pruebas, testigos o indicios que dejaran el caso sin culpables. Los políticos miraron a otro lado y no movieron un dedo para cuatro “recogidos” que ni siquiera aparecían en los grandes medios. Más fructífero fue cerrar filas en torno a los guardias urbanos, que en su mayoría formaban parte de la claque sociata que por aquellas fechas controlaba la ciudad. Si ocupas cuota de pantalla o garantizas un puñado de votos tendrás quien se quiera hacer la foto, si no es así te podriràs rejas. Y la dejadez y el sometimiento a las redacciones hizo el resto y cerró el círculo de la perversa ecuación. Nadie volverá la vida en la Patri. Nadie volverá los años de juventud a Rodrigo, Alex y Juan. Nadie hará justicia ahora desde la Fiscalía, los tribunales o las portadas de los diarios. Ya no se puede hacer justicia, se tenía que hacer hace nueve años.

  9. Muchísimas gracias Juan Rodríguez por tus interesantísimas aportaciones. Cuanto más sé de este caso más me avergüenzo. Ojalá se haga justicia. De la de verdad. Bravo por todas las personas que han batallado desde el principio sin tirar la toalla, contra viento y marea. Son un ejemplo de dignidad.
    Por cierto, ya está en abierto el documental completo. Se puede ver aquí:
    https://www.youtube.com/watch?v=A-Kx8cXrP3Q&feature=youtu.be&app=desktop

  10. La proxima semana comienza el juicio contra 11 detenidas
    por los sucesos de Can Vies, el centro social ocupado del barrio de Sants de Barcelona, que el ayuntamiento intento derribar y la lucha vecinal detuvo.

    Los hechos se saldaron con 200 heridas y 84 detenidas, de las cuales once se enfrentan a ocho juicios la próxima semana. Las vistas orales tendrán lugar los días 27, 28, 29 y 30 de enero. Las penas oscilan entre dos y cinco años y diez meses de prisión por cargos como desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.

    En una rueda de prensa, la Asamblea barrio de Sants junto con la Red de Familiares de Detenidas y la Asamblea de encausada y Solidarias, anunció una semana de actividades en apoyo a los procesos judiciales a los que se enfrentan. Esta semana culminará el domingo 25 de enero con una Jornada Solidaria donde habrá Pasacalle-Manifestación, comida popular y concierto. Además, han denunciado el trato recibido por parte de los cuerpos de seguridad, durante las detenciones y posteriormente en dependencias policiales alertando de agresiones a las detenidas.

    El no cuestionamiento de la versión policial

    Anaïs Franquesa, abogada de algunas de las represaliadas -recordemos que hay 84 entre las que se encuentra, por ejemplo, una fotoperiodista- ha explicado que en la mayoría de casos la versión recogida en el atestado policial es la única prueba de cargo, haciendo un paralelismo con los casos del filme documental Ciudad Muerta. También ha alertado de la aleatoriedad de las detenciones durante los días en que se produjeron los hechos. Asimismo, ha hecho un llamamiento a los vecinos que tengan videos donde se vean detenciones o abusos a ponerse en contacto para conseguir pruebas de descargo.
    Han denunciado el trato recibido por parte de los cuerpos de seguridad, durante las detenciones y posteriormente en dependencias policiales

    Franquesa ha afirmado que “los casos relacionados con la persecución de la protesta contrastan brutalmente con casos de corrupción o denuncias por maltrato policial, donde las investigaciones no se investigan o directamente archivan”. En este sentido se han presentado tres querellas: una para el caso de los jóvenes golpeados reiteradamente por agentes de la Brimo ( Brigada Movil de los mossos d’esquadra)dentro de un portal en el barrio de Sants, otra por el joven que iba en bicicleta golpeado en la oreja, que hubo numerosas pruebas gráficas, el caso fue archivado y finalmente otra querella criminal por cuatro chicos que fueron agredidos mientras eran detenidos.

    Recordemos que el primer juicio por los hechos de Can Vies fue el del casteller de Barcelona Sergi Rubia, que fue absuelto en septiembre pasado después de pasar 22 días en la cárcel de Can Brians I y enfrentarse a una petición de pena de cinco años de prisión.

    Apoyo mutuo entre familiares

    La Red de familiares de detenidas surge en diciembre cuando varios familiares de personas represaliadas por el efecto Can Vies se pone en contacto y se organiza para hacer frente a los procesos judiciales. Actualmente, la Red ya aglutina familiares más allá del efecto Can Vies: se ha convertido en una plataforma que aglutina familiares de víctimas de todo tipo de represión policial. La Red cuestiona la voluntad de gestionar una sociedad que acepte la diversidad y denuncia que “la disidencia es un peligro y no una oportunidad de cambio hacia una sociedad más justa”. Asimismo hacen un llamamiento a que se sumen más familias.

  11. Ciudad Muerta’ pone de relieve un proceso social que ha distinguido la Transición desde 1978 hasta ahora: la cobertura política, policial, judicial y mediática -con excepciones honrosas- de la tortura.

    Miramos atrás:en Catalunya hay casos tan sucios como el de la Operación Garzón ‘antes de los Juegos Olímpicos de 1992, o el Caso Dixan (‘ Operación Lago ‘) contra vecinos del Raval en 2010. Se nos hace evidente un paisaje rebosante de ‘arbitrariedades policiales, judiciales y políticas que, juntas, han amparado un montón de situaciones sencillamente inaceptables en cualquier sociedad civilizada. A menos que tengamos que concluir que esta civilización, finalmente, no es más que eso: un sistema torturador. Pedro Álvarez, en 1992, asesinado de un disparo por un agente de la policía española en Hospitalet en una discusión de tráfico; Jorge Bolancel, suicidado en una vía de tren en Cornellà en 1997 tras ser detenido dos veces; Toni Cordero, muerto en una comisaría de la policía española después de que le negaran la medicación para el asma que padecía; Mireia, torturada bajo la aplicación de la Ley antiterrorista como castigo por ser fotógrafa de los movimientos populares de su ciudad; Jonathan Carrillo, fallecido al momento de ser detenido por la policía local de Terrassa … o Juan Andrés Benítez, al que varios mossos d’ esquadra de la comisaría del Raval de Barcelona le aplicaron el protocolo de detención hasta matarlo.. Los muertos bajo custodia policial son docenas: Yassir el Younoussi, muerto mientras estaba detenido por los mossos en 2013 en El Vendrell; Mustapha El Marrack, muerte bajo custodia de los mozos de escuadra en 2011 en Manresa; Sergio E., muerto a raíz de su detención por 14 agentes de los mossos a la vez en 2012 también en Manresa.

    Observamos brevemente el caso de Sergio -archivado hace unos meses-, si bien cualquiera de los ejemplos mencionados puede dar cuenta de la brutalidad presente en cada una de las situaciones que convocamos. Unas horas antes de morir, la mañana del 1 de enero de 2012, sus familiares denunciaron que los mossos le golpearon con mucha dureza, lo que le había conducido a un estado de coma. Los relatos mediáticos enfatizaron que Sergio acumulaba 13 órdenes de detención, que media dos metros y que era muy corpulento y fuerte. La construcción del relato inducía a establecer una asociación entre su situación legal, la constitución física y la muerte. La versión oficial sostenía que el hombre agredió cinco mossos, que intentó robar a los mismos una pistola y que, debido al sobreesfuerzo, sufrió una parada cardiorrespiratoria fatal. Una parte de la prensa informó que la compañera del hombre muerto fue testigo de la detención y que presentó una denuncia contra los mossos, en la que afirmaba que el hombre no ofreció resistencia y que, una vez esposado por las muñecas y por los pies, fue golpeado una y otra vez. ‘Lo han matado los mossos, que ahora intentan tapar lo que hicieron’, recogía por boca de uno de los familiares la agencia EFE.

    El entonces conseller de Interior Felip Puig (CiU)calificó la actuación de los mossos , por enésima vez, como ‘impecable’. Es el mismo consejero que al principio de su mandato afirmó, en una rueda de prensa: ‘Llegaremos hasta donde permite la ley y un poco más allá.’ El conseller anterior, Joan Saura (ICV), no dijo eso, pero bajo su mandato miembros de la Brigada Móvil de los mossos utilizaron armamento ilegal, rodearon y secuestraron manifestaciones enteras y nada, nada en los informes anuales sobre los malos tratos y la tortura, cambió. Tampoco ha cambiado bajo el mandato del actual consejero Espadaler (CiU) porque la red de apoyo mutuo y el encubrimiento llevado a cabo por la misma policía, los dirigentes políticos y el sistema judicial desde la instrucción de la causa ,es la que decide la sentencia, con la participación de unos medios de comunicación públicos herederos de una cultura política franquista que no tienen ningún interés en enfrentarse al sistema que los subvenciona. Hay que recordar que TV3 emitió ‘Ciudad Muerta’ debido a la intervención parlamentaria de David Fernández, y despues de meses de discusion con la direccion, y al final acepto darlo por la segunda cadena de la television de Catalunya (Canal 33)

    Sergio G. tras una concentración frente a una sede del PP,a favor de los ‘tres de Gracia’ en la Estación del Norte -detenidos por la guardia urbana en 2005 tras una manifestación-, el periodista Santos del año pasado … y aquel y aquella y el otro y la de más allá, y gente que pierde un ojo y huesos rotos y bazos reventados. Comisarías, prisiones, CIE, en las calles … Sabemos que no todos los agentes policiales son iguales, que hay una mayoría que tratan de hacer su trabajo honestamente. El problema son los cientos de denuncias anuales de torturas que se acumulan en Catalunya topando contra muros impenetrables hechos de pensiones vitalicias, archivos de denuncias, condecoraciones, absoluciones y una cortina de silencio denso.

    En diciembre de 2010 The Guardian informaba de que entre 1999 y el fin del 2010 habían muerto en el Reino Unido 333 personas bajo custodia policial, y se añadía que ningún policía había sido procesado. En España, entre 2001 y 2014, superan el millar de muertos. Cuántas de estas muertes son hijas de lo que hace 30 años el centro, la derecha y la supuesta izquierda de este país y del país vecino decidieron llamar consenso, una losa pesada que con el tiempo sólo ha cambiado de nombre? Todo el mundo que ha luchado por la justicia en el caso 4-F son conscientes de que es justamente la perseverancia en la lucha lo que quizás acaba de empezar a marcar un nuevo punto de inflexión en la superación de la Transición.

    Clos, Hereu, Vallugera -concejal de Mujer y Derechos Civiles en 2006 por ERC, que tiene la virtud de no aparecer nunca en la foto-, y Mayol, Gomà, Portabella, que estaban en el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona entonces, antes y después … . Da miedo, sí. Buenas personas, gente correcta, educada. Un político profesional no debería poder construir equilibrios metiendo en un lado de la balanza la sangre de los otros, los años de prisión vividos por los demás, las vidas truncadas de los demás. ¿Qué castigo merecen los equilibrios erigidos sobre el sufrimiento ajeno? ‘Ciudad Muerta’ nos ayuda a comprender que en la tortura, el encarcelamiento y la muerte no hay equilibrios, sino dolor, crimen, náusea, vergüenza y mentira. Y que el lugar de la mierda debe ser el cubo de la basura y no las instituciones públicas.

  12. De los tres juicios previstos esta mañana contra jóvenes detenidos en el marco del efecto Can Vies sólo se han celebrado dos. La primera vista oral ha quedado suspendida por incomparecencia del acusado y el juez ha decretado la busca y captura para garantizar su presencia ante la sala en una próxima fecha. Las otras dos vistas se han hecho con más de una hora de retraso. En la sala han podido acceder seis familiares y una quincena de periodistas, el resto han tenido que esperar en el pasillo por el argumento forzoso de la falta de sillas. En el exterior de la Ciudad de la Justicia sesenta manifestantes les han mostrado apoyo a lo largo de toda la mañana. Hoy la presencia policial en el edificio era más grande de lo habitual, fruto de la coincidencia en un mismo día y hora de los juicios de Can Vies y la declaración como imputado de Jordi Pujol Soley. Cordones de antidisturbios, vallas y guardaespaldas protegían del ex presidente, al tiempo que el servicio de prensa del TSJC recordaba la prohibición de hacer fotos dentro del edificio. Paradójicamente, sin embargo, sí se ha permitido grabar imágenes y fotografiar uno de los encausados de Can Vies cuando caminaba por el pasillo de la primera planta.

    Seis años de cárcel por lanzar una botella

    Lo que más llamaba la atención de los juicios de hoy, que se han celebrado en el juzgado penal 28, era la desproporción de las penas. Un chico de 19 años afronta una petición fiscal de seis años y medio de prisión por los presuntos delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. La acusan de haber lanzado una botella de vidrio -según el fiscal, si hubiera sido de plástico, no se habría juzgado- contra el escudo de un agente de la Brigada Móvil, a pesar de reconocer que el impacto no provocó ninguna herida ni daño, dado que el vidrio se rompió cuando colisionó con el suelo. El testimonio de dos agentes de paisano adscritos a la unidad de seguridad ciudadana de la comisaría de Sants es la única prueba de cargo contra el muchacho, ya que han declarado “no lo perdimos de vista en ningún momento hasta que lo pudimos detener “.

    Un chico de 19 años se enfrenta a la petición del fiscal de seis años y medio de prisión por presuntamente haber lanzado una botella de vidrio contra el escudo de un agente de la Brigada Móvil

    Los policías, sin embargo, han reconocido que la zona estaba oscura y que no recordaban de qué color era la bufanda que supuestamente se tapaba la cara. También han añadido que no recogieron ninguna prueba material de la agresión, ningún resto del objeto lanzado ni el testimonio del antidisturbios que sostenía el escudo. Por el contrario, tres chicas han atestiguado a favor del joven, explicando que a la hora de los hechos se encontraba en casa de ellas cenando y haciendo unas cervezas. La fiscalía ha finalizado el juicio reafirmando la petición de pena y la defensa ha reclamado la libre absolución.
    Concentración de apoyo a las personas encausadas esta mañana en la Ciudad de la Justicia / Sergi Rugrand

    Retiran la acusación por desórdenes públicos

    En el segundo juicio se acusaba -en un primer momento- a un chico de desórdenes públicos y resistencia a la autoridad. El primer ilícito, sin embargo, ha quedado desnudo cuando un sargento, un cabo y un agente de la Brigada Móvil han reconocido que el chico no participaba de ningún altercado y que simplemente lo persiguieron para que corría, la noche del 28 de mayo de 2014 en la confluencia de la rambla de Badal y la calle Constitución. La acusación, a partir de entonces, ha quedado circunscrita a la refriega entre los agentes y el chico, y al hecho concreto que según los antidisturbios el chico se negó a identificarse. De hecho, cuando el acusado ha declarado reconoció que había salido corriendo “por miedo a ser agredido por los agentes”, una descripción de los hechos que encajaba, incluso en los matices, con la realizada por una vecina de un entresuelo del calle Begur, que presenció la detención desde la ventana de su casa, a tres o cuatro metros de distancia. Según esta mujer, el chico resbaló cuando le perseguían los agentes. “No vi que agrediera a nadie, estaba rodeado, no se podía mover”, sentenció este testigo que, espontáneamente, en el momento de los hechos comenzó a llamar por considerar que los agentes estaban excediendo con su contundencia.

    A preguntas de la defensa, el sargento de los Mossos ha minimizado los hechos diciendo “me dio dos o tres veces en el pecho, pero no con la voluntad de agredir, sino con la voluntad de evadir la identificación”. En las conclusiones del juicio la fiscalía ha retirado la acusación de desórdenes públicos y ha mantenido de resistencia. La defensa, por el contrario, exigió la absolución y ha anunciado la presentación de una querella contra los antidisturbios por los presuntos delitos de falso testimonio y falsificación de atestado. El letrado Andrés García ha manifestado que la querella no la quieren impulsar sólo para el caso concreto del chico, sino “por la voluntad de impedir que agentes de la policía puedan mentir y llevar gente inocente en la cárcel, como ha ocurrido más de una vez en esta ciudad “. La vista se ha acabado a media de la tarde, con una Ciudad de la Justicia vacía y medio a oscuras. La sentencia de ambos juicios se conocerá en un plazo de tres semanas.

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