La diputada Rosa Díez pide que el profesor tenga la condición de autoridad pública

rosadiez1g.gifLa diputada del Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados, Rosa Díez, ha presentado una proposición de ley destinada a dotar al profesorado de los centros educativos privados, públicos y concertados de una mayor autoridad, para poder desarrollar en mejores condiciones su función docente.
En la exposición de motivos, la diputada propone la reforma de la La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, y recuerda que ésta  proclama en su preámbulo «la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo, así como el reconocimiento, apoyo y valoración social de la función docente». A pesar de esa plausible intención, con la redacción actual, el profesorado sigue sin contar con la protección y las atribuciones precisas para poder desarrollar, en condiciones adecuadas, su función docente en interés de los alumnos, de los padres y tutores y en general de la sociedad, agrega la diputada.
Para conseguir que en los centros educativos y en las aulas se reconozca la autoridad del profesor y se proteja debidamente el derecho a aprender de los alumnos, sin que se consienta el comportamiento de aquellos que tratan de limitarlo con una conducta improcedente, la Administración ha de dotarle de la condición de autoridad pública, expone Rosa Díez para añadir que así, se transmite a la sociedad la importancia que para el sistema educativo tiene la figura del profesor, ya que sin él no podría desarrollarse el derecho fundamental a la educación establecido en el artículo 27 de la Constitución; además de mejorarse su protección legal frente a los malos comportamientos y agresiones, tanto alumnos como de padres o tutores.
Tras recordar la diputada que la ley Orgánica de Educación reconoce al director del centro (privado, público o concertado) la capacidad disciplinaria, afirma que esta atribución desconoce que para una adecuada solución de los problemas de disciplina es preferible someterse a dos principios: el de inmediación, que permite un mejor conocimiento del problema y es garantía de acierto, y el de celeridad en la reacción, que potencia la eficacia para alcanzar los fines de la sanción.
No es el director, sino el profesor quien conoce con inmediación la conducta de un alumno que esté impidiendo o dificultando la función docente y alterando la convivencia en clase y quien puede adoptar rápidamente una medida disciplinaria que corrija inmediatamente a aquel alumno en asuntos leves o las medidas cautelares necesarias si el asunto es grave. De ahí que, en esta reforma, se proponga que el profesor pueda imponer medidas disciplinarias directamente a los alumnos en asuntos leves y adoptar las medidas cautelares necesarias en asuntos graves, siempre que acontezcan hechos que impidan o dificulten la función docente o la actividad complementaria en la que el profesor esté participando, y conforme a lo indicado en las leyes.

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