Rodríguez Zapatero, partidario de mantener el actual marco jurídico en las relaciones con la Iglesia católica, aunque admite que hay un debate importante en el PSOE sobre la cuestión

zapatero.jpg  Yo siempre me he declarado agnóstico,  pero como demócrata sé lo que es un Estado de derecho, y mi obligación y mis  principios son defender que todo el mundo pueda tener y practicar sus ideas religiosas.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, considera que el actual marco jurídico que fija la Constitución, que establece un Estado aconfesional y mandata a los poderes públicos a mantener una relación singular con la Iglesia católica , es razonable y no es partidario de cambiarlo, aunque reconoce, en una amplia entrevista que ha concedido al diario El País y que éste publica en su edición de hoy, que existe un amplio debate en el PSOE en torno a esta cuestión. El cardenal Rouco, en su discurso de ingreso en la Academia de Doctores, que el lector puede leer en este mismo blog, también se mostró partidario  de no cambiar el actual marco jurídico de las relaciones Iglesia- Estado.

A continuación publicamos el extracto de la entrevista de El País, relacionado con las respuestas de Zapatero sobre las relaciones Iglesia- Estado, libertad religiosa y reforma de la Ley, Educación para la Ciudanía, COPE, y la directiva sobre inmigración que tanta polémica ha generado en diversos colectivos sociales, también en la Iglesia católica, entre otras.

P. ¿Cree que el velo puede ser discriminatorio?

 R. Cualquier manifestación o expresión que pueda ser atentatoria contra los derechos fundamentales o comportamiento puede ser discriminatorio. El velo normalmente no tiene por qué entenderse como discriminatorio, y afortunadamente en nuestra sociedad, donde ya hay un número importante de personas de origen musulmán, la convivencia, sitio a sitio, con reglas articuladas de forma local -y no hemos buscado una regulación nacional-, se ha conseguido bastante bien. Hay un equilibrio bastante positivo. 

P. Está hablando de una sociedad muy diferente de la de 1978, cuando se firmó el concordato con la Santa Sede. Hoy nos encontramos con más de un millón de musulmanes, cientos de miles de protestantes, budistas… La sociedad ha cambiado por completo, pero el concordato con la Iglesia no. ¿No cree que merece ya la pena situar la relación con la Iglesia a la altura de estos tiempos, de esta sociedad? 

R. Al igual que he dicho que en materia de defensa de la lengua lo mejor es la Constitución, en las relaciones con la Iglesia tenemos que ir a la Constitución, que establece un Estado aconfesional y mandata a los poderes públicos a mantener una relación singular con la Iglesia católica, porque en España hay una mayoría de personas de confesión católica. La interpretación que se ha hecho de ese precepto constitucional es que exista un marco de acuerdo, de colaboración; así ha sido en toda la democracia, y el marco ha funcionado razonablemente. La mejor prueba es que ningún gobierno lo ha querido cambiar ni anular, y en esto debemos ser respetuosos con lo que se ha producido. Cuestión distinta, que está fuera de los acuerdos y en otro terreno, es que quien legisla es el Parlamento de la nación, y eso lo hemos demostrado claramente. Yo tengo una visión laica de la sociedad, creo que los comportamientos y costumbres se rigen por reglas civiles que nos marcamos los ciudadanos en democracia desde el respeto a la libertad religiosa. Por tanto, tenemos un marco jurídico razonable, más allá de que las relaciones hayan sido mejores o peores. No soy partidario de cambiarlo.

 P. A pesar de que muchos miembros de su partido sí quieren cambiarlo. 

R. Es así, aquí le doy la razón; reconozco que es un debate que hay de verdad en mi partido.

 P. ¿Y cuál es su respuesta a esa demanda de cambios? 

R. La Ley de Libertad Religiosa tiene 30 años y la realidad en España ha cambiado, hay que favorecer el pluralismo; ya hay muchos más creyentes de otras religiones y hay que reforzar la libertad de conciencia. Vamos a modificar la ley.

 P. ¿Eso significa más religión?

R. Significa garantizar el derecho a todas las confesiones y a la libertad religiosa;ahí está también la grandeza de la democracia. Yo siempre me he declarado agnóstico, pero como demócrata sé lo que es un Estado de derecho, y mi obligación y mis principios son defender que todo el mundo pueda tener y practicar sus ideas religiosas.

 P. ¿De qué va a hablar con el presidente de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, en los próximos días, y en qué términos? 

R. Las conversaciones son siempre correctas. Las discrepancias vienen después en forma de manifiestos. Pero en el diálogo personal, las relaciones son correctas, y -esto no sé si forma parte de la diplomacia vaticana, que en la corta distancia siempre la practica muy bien- seguramente será una conversación respetuosa, por supuesto, y agradable. Veremos si las relaciones con la Conferencia Episcopal son adecuadas, las relaciones con el Vaticano; veremos cuáles son los planes en relación a las actividades del Vaticano y del Gobierno. En fin, las cosas que corresponden.

 P. Tras la última exhibición de fuerza de los obispos contra el Gobierno, en diciembre éste anunció que haría frente a su ofensiva con firmeza. ¿A qué se refería? ¿Cómo le ha hecho frente? 

R. A decirles que no tenían razón y a denunciar lo que fue una afirmación absolutamente injusta e injustificada en lo que afectaba al terrorismo. Y así lo hemos hecho saber en todos los ámbitos.

 P. ¿Por qué no avanzar más en la cuestión del aborto, como prometió en 2004 y sus bases le están pidiendo? ¿Por qué se opone ahora a la ley de plazos, que cerraría los huecos legales por los que se ha colado la persecución a las mujeres que abortan? 

R. Aquí también puede usted tener algo de razón. Tenemos un compromiso electoral, y es que vamos a iniciar una reflexión sobre el resultado de una ley que está en vigor desde hace 20 años. Y mientras tanto vamos a aprobar un decreto para reforzar la seguridad jurídica y el derecho a la intimidad de las mujeres que deciden abortar y de los profesionales que practican el aborto. Lo haremos en un plazo razonable de tiempo. Paralelamente, emprenderemos una reflexión sobre la ley. Ésta es una de las leyes sobre un tema sensible para la sociedad española que ha pervivido con un consenso tácito. La aprobó el Gobierno de Felipe González y no la modificó el Gobierno del PP, que pudo hacerlo durante ocho años. Por tanto, hemos de aproximarnos a la ley desde esa perspectiva. Sería deseable que cualquier modificación de la ley pudiera tener consenso. A ver si con este nuevo PP que dicen que hay, esto es posible.

 P. El PP ha hecho suya la objeción a Educación para la Ciudadanía, es decir, el incumplimiento de la ley. ¿Cómo van a contestar a esto? ¿Van a suspender o hacer repetir a los niños? ¿O van a sentarse a negociar con el PP y la Iglesia? 

R. Tendrá que aplicarse la ley. No sé si es fruto del PP de la legislatura pasada, pero es una de las cosas más poco comprensibles de la actitud del PP y de la derecha más integrista de este país. Estamos hablando de Educación para Ciudadanía, una asignatura que nace para forjar y trasladar valores de convivencia democrática, constitucionales, de respeto a derechos fundamentales y tolerancia. En definitiva, es una asignatura para reforzar la Constitución. Aquellos que he visto abrazar la Constitución hasta apretarla y ponerla en difíciles circunstancias, me sorprende que cuando incorporamos a nuestro sistema educativo una asignatura como ésta, puedan plantear esta reacción. La ley se tendrá que aplicar.

 P. ¿Qué opinión le merece la condena a un locutor de la cadena Cope por injurias al alcalde de Madrid? 

R. Respeto a la decisión judicial, y prudencia porque hay recurso. No vaya a ser que lo que digamos hoy…

 P. ¿Cree que el PP estaba ideológicamente condicionado o secuestrado por esta emisora? 

R No lo sé, sinceramente. Ese mundo de relaciones lo desconozco, no lo sé.

 P. Estamos viendo cómo se forman guetos de inmigrantes en colegios públicos mientras casi no entran en los concertados con dinero público. ¿Qué opina de las cuotas de máximos de inmigrantes que quiere imponer Cataluña? 

R. Puede tener dificultades de articulación. El método más razonable en los países que han conocido un proceso intenso de inmigración es que todo el sistema educativo, tanto los colegios públicos como los concertados privados, tenga el nivel de responsabilidad y de compromiso suficiente con la integración de niños inmigrantes. Es un problema al que el Gobierno ha tratado de dar respuesta en la LOE, pero las autonomías tienen una parte importante de competencias de gestión en la educación. Allí donde se deja deteriorar la educación pública se están sentando las bases para una sociedad que articula peor la convivencia, que pierde fibra ciudadana, fibra legal desde el punto de vista democrático, y tengo una preocupación profunda sobre lo que pasa en la Comunidad de Madrid con la educación pública, por ejemplo. Pero tenemos el sistema constitucional que tenemos, y son los ciudadanos de cada comunidad los que tienen que juzgar.

En relación con la nueva directiva comunitaria sobre inmigración, recogemos la respuesta del presidente del Gobierno publicada en el capítulo de política internacional de la entrevista de El País. 

Pregunta. Usted ha atribuido las críticas a la directiva europea sobre retorno de inmigrantes irregulares a “la ignorancia supina o la demagogia irresponsable”. En el Parlamento Europeo, cien diputados socialistas votaron contra esa norma, incluidos algunos compañeros suyos, como José Borrell o Raimon Obiols.

 Respuesta. Se puede votar o no la directiva, por supuesto, y es respetable. Lo que yo expresé es que lo que se estaba diciendo sólo podía ser por ignorancia o demagogia, porque la directiva no dice lo que se ha dicho que dice. ¿Y qué dice? Es un primer marco normativo común para la política de retorno [de inmigrantes irregulares a sus países de origen], que no existía, y que producía situaciones como que en nueve países [de la UE] no haya ningún límite de tiempo [al internamiento de indocumentados]. Si ahora tenemos una directiva que lo limita, será un avance en un sentido progresista. Si tenemos garantías jurisdiccionales para la gestión del retorno y la estancia en los centros de internamiento y antes no, [aunque] nosotros [sí] lo teníamos, pues eso significa un avance. Se puede estar de acuerdo o no, pero lo que no se puede decir es que se criminaliza la inmigración o atenta contra los derechos humanos. 

P. El hecho de que, por vez primera, se diga en un texto legal que alguien puede estar detenido hasta 18 meses sin haber cometido ningún delito, ¿no es un desastre para la tradición democrática europea?

 R. No es un desastre, es un avance. A mí me hubiera gustado que el límite de tiempo fuera menor, que hubiera más garantías jurisdiccionales, sí, claro, pero no puede decirse que sea un desastre. Al contrario. A quien más ha costado dar apoyo a esta directiva es a los países que han tenido una política de inmigración determinada…, porque a medida que hagamos más política común, la tendencia será [dar] más garantías. ¿Por qué me preocupa lo que se ha dicho? Porque deslegitima, hace daño, y lo que la UE está haciendo es ir ahormando, imponiéndose a los países que hacían [lo que querían] en materia de inmigración, porque era su soberanía y no una política comunitaria. Y no será la última directiva que vaya en favor de una política de inmigración razonable, equilibrada. Habrá más. Creo que los que han estado en una actitud crítica, han equivocado el debate. Hay muchos países que no querían que la UE tomara cartas, porque se abre un asunto de calado, y ahora se está ganando terreno para que se hable de integración y convivencia y por primera vez haya fondos europeos para esto. Cuando comunitarizamos políticas, y mucho más si afectan a derechos individuales, se producen avances. 

P. ¿No se está comunitarizando la política de inmigración en un momento en que Europa es de derechas, y eso se refleja en la directiva de retorno o en la que amplía la jornada laboral hasta 65 horas?

 R. Conociendo la dinámica europea, entrar en un planteamiento de batalla ideológica no es correcto. La directiva de inmigración es una iniciativa de aquellos que entendemos que la inmigración debe estar ordenada. Por el contrario, la directiva de tiempo de trabajo, que desde luego nosotros no hemos apoyado, responde a un modelo anglosajón de las relaciones laborales que se parece poco al continental. En el ámbito europeo es verdad que se nota el color de los gobiernos… En el debate sobre la subida de los precios del petróleo en el último Consejo Europeo había gobiernos que decían que no se podía hacer nada, ni ayudar a los pescadores ni nada, porque había que dejar que el mercado funcionara libremente. Pero no siempre hay una equivalencia. Grecia tiene un Gobierno conservador y apoyaba las ayudas a la pesca, porque tiene pescadores, claro.

 P. Aunque España no aplicará la directiva de retorno, porque su legislación es mucho más avanzada, a usted le tocará explicársela a los líderes latinoamericanos, que están muy irritados con ella.

 R. Ya lo hemos hecho. Los secretarios de Estado para Iberoamérica y la Unión Europea se reunieron el martes con los embajadores latinoamericanos, y cuando se les explicó la directiva, pues… calma absoluta. Desde luego, si algún líder latinoamericano me pregunta, se la explicaré y se quedará tranquilo, porque no cambia en nada su régimen jurídico, y allí donde haya ciudadanos latinoamericanos ilegales, y hasta ahora no tuvieran garantías, las van a tener. Lo peor es el vacío legal y el limbo jurídico.

One Response to “Rodríguez Zapatero, partidario de mantener el actual marco jurídico en las relaciones con la Iglesia católica, aunque admite que hay un debate importante en el PSOE sobre la cuestión”

  1. Pues entonces, si Rodriguez Zapatero dice que el actual marco está bien y el Presidente de la CEE dice que está bien también ¿para que estamos hablando? Gracias. Eva

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