De la Vega: el carácter laico del Estado exige una mayor neutralidad del mismo ante el fenómeno religioso, para evitar situaciones de discriminación

maria_teresa_fernandez_vega.jpg  La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, comparecía ante la Comisión Constitucional del Senado el pasado 17 de junio para informar sobre las prioridades del Gobierno para la actual legislatura. Durante su comparecencia, y en su posterior intervención en respuesta a las distintas intervenciones de los Grupos Parlamentarios de la Cámara Alta, Fernández de la Vega señaló  algunas de las pautas por las que puede ir la futura reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Tras las declaraciones a El País de Rodríguez Zapatero que recogimos ayer en este blog, y las anteriores declaraciones en el Congreso de los Diputados de la vicepresidenta del Ejecutivo, también recogida en su día en este foro, creo que esta  comparecencia, junto con la postura de algunos de los senadores intervinientes, contribuye a clarificar un poco más lo que puede ser la política en materia religiosa y de creencias del Gobierno para esta legislatura.

Fernández de la Vega considera que la aconfesionalidad o la laicidad del Estado significan la no injerencia de ninguna religión en los asuntos públicos… Los asuntos públicos no se rigen por lo que aconseje o piense ninguna religión. Esa es la aconfesionalidad. Es un Estado neutral que no va contra las religiones pero tampoco asume ninguna posición de ninguna religión, respetando, como dice la Constitución, y manteniendo acuerdos con la religión mayoritaria, que es la católica…

Transcribimos a continuación, textualmente, la intervención de Fernández de la Vega y del resto de los Grupos sobre esta cuestión, recogido literalmente del Diario de Sesiones número 29 de la Cámara Alta, y al que puede accederse en la siguiente dirección en Internet:

http://www.senado.es/legis9/publicaciones/html/maestro/index_CS0029.html

  

Comisión Constitucional de la Cámara Alta, 17 de junio de 2008

…  Fernández de la Vega.-  “Desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978, nuestro país ha experimentado profundas transformaciones que también se han manifestado en el ámbito de los derechos y las libertades públicas. De hecho, uno de los objetivos más señalados del programa de Gobierno del presidente Zapatero, tanto en la pasada legislatura como en la que ahora comienza, es la de fortalecer una democracia de los ciudadanos, apoyada en un sistema consolidado de derechos y libertades. Una democracia que incorpore nuevos derechos vinculados a las necesidades de la ciudadanía de hoy y que actualice los tradicionales derechos y libertades fundamentales para dotarlos de una mayor eficacia y eficiencia. Una de esas libertades constitucionales clásicas es la libertad religiosa y de conciencia que, a día de hoy, como sus señorías conocen, se encuentra regulada en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa del año 1980. Se trata de una ley orgánica que, por razón del tiempo en que fue elaborada, desconoce no solo el derecho a la libertad de conciencia, cuya regulación sencillamente silencia, sino que, además, no contempla muchos de los avances introducidos por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con el contenido y las condiciones de ejercicio de este derecho en un Estado aconfesional.

 Indudablemente, el carácter laico del Estado exige una mayor neutralidad del mismo ante el fenómeno religioso, para evitar situaciones de discriminación de unas confesiones o creencias respecto a otras en una sociedad como la española que hoy es una sociedad plural. En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ya ha advertido acerca de los límites del derecho a la libertad religiosa en determinados contextos públicos en los que se desarrolla la vida en común, tales como los centros escolares, los hospitales públicos o los ámbitos de actuación de las Fuerzas Armadas. Otras veces, la jurisprudencia ha establecido las reglas para la resolución de conflictos entre la libertad religiosa y otros derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida, a la educación y el derecho al trabajo.

 Tal y como anuncié durante mi comparecencia en el Congreso de los Diputados, el Gobierno considera que es tiempo de reflexionar con las demás fuerzas políticas acerca de todas estas cuestiones para proceder, sin duda con el debido consenso que exige una ley orgánica de desarrollo constitucional, a las modificaciones necesarias de esta ley, adaptándola a la realidad de la España de hoy”.

 Senador Jordi Casas i Bedós, de CiU.-    “Ha mencionado usted algunos temas que son complicados y muy sensibles, como la ley de libertad religiosa. Es verdad que España durante los últimos años ha hecho una evolución social francamente importante por la afluencia de inmigración, que provoca que en algunas zonas convivan multiplicidad de religiones y razas, lo cual me parece muy bien. Pero esto hay que administrarlo con mucho tino, calma y tranquilidad, porque a veces se confunde religión con tradiciones que forman parte de nuestra memoria colectiva, y tendríamos que ser muy cuidadosos y no dejar diluir en el concepto de multiculturalidad, que puede ser muy discutible, la esencia de lo que es nuestro acervo cultural, que, aunque pueda tener alguna connotación religiosa, no siempre quiere decir que sea confesional. Es una pequeña reflexión sobre cuestiones que requieren pocas declaraciones, mucho trabajo y mucho esfuerzo para dialogar”.

 Senador del Grupo Popular José Ferrández Otaño.- ” En este mismo apartado de derechos fundamentales, nos ha puesto de manifiesto también la voluntad del Gobierno de revisar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, con el objetivo de seguir avanzando y alcanzar la condición de laicidad que la Constitución otorga a nuestro Estado. En relación con esta cuestión debo decirle que el artículo 16.3 de nuestra Constitución establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Y el apartado 1 de este mismo artículo dice que se garantiza la libertad ideológica y religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, sin más limitaciones en sus manifestaciones que la ley para el mantenimiento del orden publico protegido. Es decir, del citado artículo 16 se desprende que no solamente se reconoce la libertad religiosa, sino que se contempla la libertad religiosa de España.

 Desde nuestro punto de vista, lo de Estado aconfesional quiere decir que éste no fomenta, no promociona, no persigue, no alienta, no recomienda, no ataca ninguna religión, y que los ciudadanos no sufrirán ningún tipo de discriminación por razón de sus creencias. Sin embargo, el Estado laicista sí toma partido contra la religión al promover que ésta desaparezca de la vida pública y, si fuera posible, también de la vida privada, lo que evidentemente no dice la Constitución. Y en este sentido, el Tribunal Constitucional, que usted ha mencionado, desmonta esta visión laicista, en la sentencia 42/2001, cuando afirma que la dimensión externa de la libertad religiosa se traduce además en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso relativas, entre otros particulares, a los actos de culto, enseñanza religiosa, reunión o manifestación pública con fines religiosos y asociación para el desarrollo comunitario y de este tipo de actividades. Por tanto, la libertad religiosa no tiene por qué ser relevada a la esfera privada.

 En definitiva, y para terminar este tema, si lo que el Gobierno se propone con la revisión que nos ha anunciado de la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa es avanzar para garantizar la libertad religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitaciones en su manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley o para garantizar que los ciudadanos no sufrirán ningún tipo de discriminación por razón de sus creencias, el Grupo Popular estará de acuerdo, a salvo de conocer el contenido concreto de la reforma. Pero, si por el contrario, lo que se propone es avanzar en la línea que algunos vienen reclamando de que el Estado tome partido contra la religión y de promover que la religión desaparezca de la vida pública, el Grupo Popular se mostrará claramente en contra por ser contrario a nuestra Constitución”.

 Fernández de la Vega.- ” En cuanto a la libertad religiosa, ya me habrán oído decir que la España de 2008 no es la España de 1980 y, por tanto, la percepción ciudadana del fenómeno religioso y de la libertad de creencias, sobre todo en el espacio de lo público, sin que vayamos a suprimir su presencia, ha experimentado cambios significativos en razón de la propia experiencia democrática; La Ley Orgánica de Libertad Religiosa es del año 1980 y ni siquiera recoge los acuerdos con las confesiones religiosas, es decir, se quedó muy corta, aunque es una ley muy buena; no se trata de poner en cuestión lo que desarrolla actualmente la ley sino de mejorar y completar su contenido mediante cuestiones que ya han sido desarrolladas por el Tribunal Constitucional; en ningún caso vamos a ir contra el artículo 16 de la Constitución Española.

 Señorías, la aconfesionalidad o la laicidad del Estado significan -creo que en eso estaremos absolutamente de acuerdo, porque lo dice el Diccionario de la Real Academia- la no injerencia de ninguna religión en los asuntos públicos. Esto es lo que significa, es decir, los asuntos públicos no se rigen por lo que aconseje o piense ninguna religión. Esa es la aconfesionalidad. Es un Estado neutral que no va contra las religiones pero tampoco asume ninguna posición de ninguna religión, respetando, como dice la Constitución, y manteniendo acuerdos con la religión mayoritaria, que es la católica; a partir de ese respeto, que es por lo que se han caracterizado las relaciones de este Gobierno con las confesiones religiosas a lo largo de esta legislatura, basado en el principio de aconfesionalidad, esto es, no intervención en los asuntos públicos de ninguna confesión religiosa, nuestras relaciones han sido de absoluto respeto al ámbito de cada uno, de cooperación, de diálogo, que ha dado como resultado acuerdos y desacuerdos, pero siempre, repito, desde el respeto más absoluto.

 ¿Qué vamos a hacer ahora? Seguir manteniendo esa política de respeto, de diálogo, de separación y autonomía de las funciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Desde esas premisas, respetando y exigiendo el mismo respeto , buscando el acuerdo, porque es bueno, a través del diálogo e incorporando elementos que están más desarrollados en nuestro Estado constitucional desde que en el año 1980 se estableciera esa ley, por ejemplo, la libertad de conciencia, que no está ni mencionada o, como he dicho en mi intervención, estableciendo determinados límites de actuación fijados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; no vamos a salirnos nunca de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ni de la Constitución.

 Por tanto, lo que vamos a hacer es mejorar, y siempre, por supuesto, desde el más absoluto consenso, de acuerdo con las fuerzas políticas, con las personas, con los grupos políticos, con las instituciones afectadas y con absoluta tranquilidad; es decir, no se trata de legislar contra nadie. Este Gobierno no ha legislado nunca contra nadie; ha legislado desarrollando derechos para proteger a quien no los tiene tan protegidos como otros, para que haya una sociedad más igualitaria”.

  

One Response to “De la Vega: el carácter laico del Estado exige una mayor neutralidad del mismo ante el fenómeno religioso, para evitar situaciones de discriminación”

  1. Sr. Trastevere:
    simplemente le voy a poner entre comillas, mi opinión a este prespecto que, por estar ya expuesta en las contestaciones que se les da a la vicepresidenta, me limitaré a entrecomillar. Graicas.

    Senador Jordi Casas i Bedós, de CiU.- ” a veces se confunde religión con tradiciones que forman parte de nuestra memoria colectiva”,
    Alguna vez aunque “pueda tener alguna connotación religiosa, no siempre quiere decir que sea confesional”.

    Por su parte coincido con la apreciación del Senador del Grupo Popular José Ferrández Otaño cuando recuerda la Constitución “que el artículo 16.3 de nuestra Constitución establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Y el apartado 1 de este mismo artículo dice que se garantiza la libertad ideológica y religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades, sin más limitaciones en sus manifestaciones que la ley para el mantenimiento del orden publico protegido. Es decir, del citado artículo 16 se desprende que no solamente se reconoce la libertad religiosa, sino que se contempla la libertad religiosa de España”.
    y me uno a la opinión de este señor cuando dice que: “Desde nuestro punto de vista, lo de Estado aconfesional quiere decir que éste no fomenta, no promociona, no persigue, no alienta, no recomienda, no ataca ninguna religión, y que los ciudadanos no sufrirán ningún tipo de discriminación por razón de sus creencias. Sin embargo, el Estado laicista sí toma partido contra la religión al promover que ésta desaparezca de la vida pública y, si fuera posible, también de la vida privada, lo que evidentemente no dice la Constitución.
    Con el afecto de siempre, Eva

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