Los jesuitas prefieren que sea la justicia salvadoreña la que resuelva sobre el asesinato de Ellacuría y otros cinco religiosos en 1989
Dos organizaciones de defensa de los derechos humanos han denuncido ante la Audiencia Nacional española al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y a catorce miembros de su Ejército por su presunta implicación en el asesinato de seis jesuitas y dos de sus empleadas en la UCA.
La Compañía de Jesús en El Salvador ha insistido en que la justicia por el asesinato de seis de sus sacerdotes en 1989 debe provenir de instancias nacionales, aunque respeta las gestiones con ese objetivo ante los tribunales internacionales.
El jesuita español José María Tojeira, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), declaró en rueda de prensa el pasado día 13, que “respetan” la demanda presentada por el caso ante la Audiencia Nacional de España contra el ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani (1989-1994) y 14 militares.
Sin embargo, agregó que “desde hace años la Compañía de Jesús en Centroamérica y la UCA han tomado la decisión de actuar en el caso de los jesuitas fallecidos exclusivamente con los instrumentos legales propios de El Salvador”.
Explicó que la congregación no participará “en aquellas actividades judiciales que trasciendan el marco legal salvadoreño o las obligaciones internacionales derivadas de pactos o tratados firmados por El Salvador”, informa la Agencia Efe.
Denuncian a Cristiani y a catorce militares por el asesinato
El pasado jueves, dos organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron ante la Audiencia Nacional española al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y a catorce miembros de su Ejército por su presunta implicación en el asesinato de seis jesuitas y dos de sus empleadas en 1989.
La querella, presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco (EEUU), se apoya -según la información facilitada por Efe- en el principio de Justicia Universal, que permitió en 1998 el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Baltasar Garzón.
El juez Eloy Velasco, titular del juzgado central de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, será el encargado del seguimiento de la querella, que inmediatamente será traslada al ministerio fiscal para que informe sobre si España tiene jurisdicción y sobre si los hechos revisten indicios de delitos.
El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el español Ignacio Ellacuría; los sacerdotes de la misma nacionalidad Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, así como el salvadoreño Joaquín López y López. Junto a los jesuitas fueron asesinadas la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Celina, de 16 años.
Al ex presidente Cristiani, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas salvadoreñas en 1989, se le acusa de ser “cómplice” por “encubrir” el crimen, y a catorce miembros del Ejército salvadoreño de ser “los responsables” del mismo.
Se trata de los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, además de los coroneles Inocente Orlando y Francisco Elena Fuentes.
La demanda se hace extensa también a los tenientes Carlos Camilo Hernández, José Ricardo Espinoza y Gonzalo Guevara. Asimismo están acusados los sargentos Antonio Ramiro Avalos y Tomás Zárpate, así como el cabo Ángel Pérez y los soldados Oscar Mariano Amaya y José Alberto Sierra.
Por los asesinatos de los jesuitas fueron llevados a juicio en El Salvador, en septiembre de 1991, catorce militares, pero sólo fueron condenados el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yussy Mendoza, quienes en marzo de 1992 quedaron en libertad tras la aprobación por la Asamblea Legislativa de una Ley de Amnistía.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos acusan a los demandados de “crímenes contra la humanidad” y de “terrorismo de Estado”. Entre las primeras medidas que piden los acusadores populares al juez es la de cursar una comisión rogatoria y que se notifique a la mayor brevedad la demanda a los quince acusados.
La querella, que se presentó en las vísperas de cumplirse los 19 años de la masacre, elige España, no sólo porque cinco de las ocho víctimas fueran españolas, sino porque es el país que marcó un hito en la Justicia Universal cuando hace diez años la Audiencia Nacional se declaró competente para juzgar el “caso Pinochet” y las desapariciones de españoles durante la dictadura argentina (1976-1983).
Conscientes de que este caso se tardará mucho tiempo en juzgar, la Asociación Pro Derechos Humanos y el Centro de Justicia y Responsabilidad desean sumarse a los esfuerzos de la Universidad Centroamericana de El Salvador, que ha presentado litigio por los asesinatos de los jesuitas tanto a nivel nacional como ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El arzobispo de El Salvador contrario al juicio en España
El arzobispo de El Salvador Fernando Sáenz Lacalle rechazó ayer domingo que se inicie una querella en España contra el ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y 14 jefes militares por el asesinato en 1989 de seis jesuitas y dos empleadas domésticas en El Salvador.
El prelado calificó el asesinato como “un crimen espantoso”, pero dijo que teme que “abrir este caso en los tribunales de otro país, no ayudará en el proceso de reconciliación interna”.
Sáenz Lacalle defendió también al ex mandatario salvadoreño porque, afirmó, “tengo la seguridad absoluta que el presidente Cristiani no estaba enterado, ni dio la orden de esto (del asesinato), es más, se hizo presente en el funeral de los padres jesuitas”, indicó.
Saénz Lacalle manifestó asimismo que respeta el derecho de la congregación jesuita de entablar cualquier proceso, pero sostuvo que, en todo caso, en su opinión ”las cosas de El Salvador deben de resolverse en El Salvador”.
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