El miedo al extranjero condiciona las políticas hacia los refugiados

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Tras una década de medidas cada vez más draconianas para hacer frente a la inmigración forzada, no sólo no se ha reducido el número de refugiados en el mundo, sino que se ha intensificado el sufrimiento de los más vulnerables. Cerrar los ojos a la realidad de los refugiados compromete los principios de justicia y solidaridad que cimientan las sociedades libres. Al abrir nuestros corazones a su sufrimiento nos obligamos a acoger al extranjero.

“Es extremadamente preocupante que los estados más ricos del mundo sigan eludiendo sus responsabilidades con respecto a los refugiados. En lugar de dar la bienvenida a las personas que huyen de sus hogares por la extrema pobreza y la violencia, les cierran la puerta. Esta manera de actuar hace insostenible el sistema mundial de protección internacional”, dice el director internacional del JRS (Servicio Jesuita al Refugiado), Peter Balleis SJ. 

Con motivo de celebrarse hoy el Día Mundial del Refugiado, el JRS ha hecho un llamamiento a los gobiernos para que respeten sus compromisos con los derechos humanos y creen un entorno propicio para la integración de refugiados e inmigrantes.

El JRS recuerda a los ciudadanos su fortaleza, ya que los gobiernos dependen de su consentimiento para actuar. Haciendo suyo el clamor de los desplazados, los ciudadanos propiciarán mejores políticas gubernamentales. 

Los países desarrollados marcan las pautas de la aplicación de políticas y leyes que impiden a los refugiados entrar y permanecer en sus territorios. A modo de ejemplos, el gobierno italiano deporta ilegalmente a los inmigrantes indocumentados a Libia sin ni siquiera tratar de determinar si necesitan o no protección; las autoridades de los EE.UU. impiden, indiscriminadamente, la llegada  de los barcos que transportan a los haitianos que huyen de la pobreza y de las graves violaciones a los derechos humanos; y, en Grecia, las condiciones para los solicitantes de asilo son tan deplorables, que algunos estados de la UE ya no lo consideran un país seguro donde buscar refugio. 

Los políticos y los medios de comunicación muestran al extranjero que llega como una amenaza tanto para la seguridad pública como para la identidad cultural. A menudo obvian las contribuciones positivas hechas por los refugiados y los inmigrantes al desarrollo económico y cultural de las naciones de acogida. Se olvidan de que los refugiados son personas desplazadas por la fuerza, que se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

Por ello, los países en desarrollo tienen que responsabilizarse de acoger al 80 por ciento de la población mundial de refugiados. “La que alguna vez fue política de puertas abiertas de los países en desarrollo se está cerrando rápidamente. El mensaje – no hay lugar en la posada – se ha recibido de forma clara en muchos países en desarrollo – Camboya, Kenia, Panamá, Tanzania, Tailandia – que adoptan políticas cada vez más restrictivas hacia las poblaciones desplazadas.

Esas naciones ven que los países desarrollados, empujados por el temor a los extranjeros, ya no están interesados en compartir la responsabilidad global de la protección internacional”, afirma P. Balleis. 

Sin embargo, algunos países han demostrado que es posible aceptar más refugiados dentro de sus fronteras. El pasado mes de marzo, el gobierno ecuatoriano inició un proceso de regularización de la situación de más de 50.000 refugiados colombianos no reconocidos hasta ahora.

Un mes después, Sudáfrica anunció la adopción de procedimientos para ofrecer protección temporal a más de un millón de zimbabuenses que han huido de sus hogares. 

Tras una década de medidas cada vez más draconianas para hacer frente a la inmigración forzada, no sólo no se ha reducido el número de refugiados en el mundo, sino que se ha intensificado el sufrimiento de los más vulnerables.

Cerrar los ojos a la realidad de los refugiados compromete los principios de justicia y solidaridad que cimientan las sociedades libres. Al abrir nuestros corazones a su sufrimiento nos obligamos a acoger al extranjero.   

El JRS trabaja en más de 50 países de todo el mundo. Cuenta con más de 1.000 empleados entre laicos, jesuitas y otros religiosos y religiosas para dar respuesta a, entre otras, las necesidades de educación, salud y prestaciones sociales de 500.000 refugiados y desplazados, de los cuales más de la mitad son mujeres. Ofrece sus servicios a los refugiados independientemente de su raza, origen étnico o confesión religiosa.

 

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