Irlanda aprueba la ley que sanciona el delito de blasfemia, en medio de un acalorado debate

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El ministro de Justicia se ha defendido de quienes argumentan que la nueva normativa puede limitar la libertad de expresión. De hecho, como explicó el ministro Ahern, la reforma no se traduce en un endurecimiento de las penas, sino más bien en precisar algo que recoge la Constitución. Para suprimir este punto hubiera sido necesaria una reforma constitucional, que al menos de momento se intenta evitar. Además, el castigo no afectará a los trabajos literarios, artísticos, políticos, científicos o académicos que “una persona razonable” considere válidos.

Dublín (Irlanda), 30 Jul.  (AICA) .- Tras los numerosos ataques laicistas, el Parlamento irlandés aprobó la reforma legal que incluye la sanción a quien ultraje de forma abusiva por blasfemia a los creyentes.

El Parlamento de la República de Irlanda aprobó la semana pasada la reforma de la Ley de difamación de 1961, a través de la cual se ha introducido una nueva ley sobre la blasfemia, defendida por el ministro de Justicia irlandés, Dermont Ahern.

La nueva normativa entiende por blasfemia el uso de “términos abusivos o insultos sobre asuntos considerados sagrados por cualquier religión y que causen ultraje a un número sustancial de seguidores de esa fe”, y contempla multas de hasta 25.000 euros para quienes la infrinjan.

Frente a las voces y a los medios de comunicación que intentaron calificar a esta reforma, desde una clara perspectiva de ataque laicista, como un anacronismo o un intento de imponer la religión a la libertad de expresión, hay que recordar que el tema de la blasfemia no es nada nuevo en Irlanda. Ya está contemplado en su Constitución. El problema es que, según esta Constitución, la blasfemia será castigada según la ley, pero ésta definía de una forma tan difusa el concepto que impedía en la práctica un fallo judicial al respecto. Esto se comprobó en 1999, cuando en un sonado caso se denunció a un periódico por publicar el chiste de un dibujante riéndose de la Iglesia Católica, y el juez que dirimió el caso resolvió que no podía haber procesamiento, al no existir una definición legal de en qué consistía una blasfemia.

Con ello, hasta este momento hubo un vacío legal que es lo que se ha intentado llenar con esta reforma. Ahora la definición de blasfemia existe y cabe acogerse a ella a la hora de aplicar la ley.

Pero la reforma no se ha librado de los ataques laicistas. Los medios que lo representan aprovechan la mínima oportunidad para hacer sangre con ciertos temas, como éste, sacados totalmente de contexto. Curiosamente, estas voces no aportan el texto legal completo, sino meros extractos de la propuesta de ley sacándolos del contexto original. Además, en ningún sitio aparece publicada la explicación del ministro de Justicia que se da en esta noticia, con la que se podrá estar más o menos de acuerdo, pero que explica el porqué de esta ley.

De esta forma, se intentó revestir la reforma a los ojos de la opinión pública como una ley anacrónica y fuera de lugar, sacada de la galera en un país que, hoy por hoy, es de los únicos europeos que se oponen al Tratado de Lisboa por temas que hieren las convicciones de la mayoría católica del país, como el aborto, aun siendo este un tema al que se oponen al margen de sus confesiones religiosas, pero acorde con ellas.

Los detractores de la ley piden que el concepto se borre de la Constitución irlandesa, lo que según establecen las normas del país, requiere someter el cambio a consulta popular. Irlanda ha fijado la celebración de un segundo referendo sobre el tratado de Lisboa para el 2 de octubre. Quienes abogan por la abolición piden que el tema se incluya en la cita con las urnas, pero las autoridades no parecen estar de acuerdo. Algo demasiado costoso, y más en tiempos de crisis, argumenta el Gobierno.

La medida ha suscitado un acalorado debate en Dublín. Desde el laicismo se ha arremetido duramente contra la nueva ley. “Es estúpida y peligrosa”, afirma en el diario The Irish Times el escritor e impulsor del movimiento ateo en Irlanda, Michael Nugent. También el senador Dan Boyle, presidente del Partido Verde, aun formando parte de la coalición de Gobierno, se ha opuesto a la reforma, por entender que “el concepto de blasfemia es algo que tenemos que desterrar de nuestro sistema político lo antes posible”.

El ministro de Justicia se ha defendido de quienes argumentan que la nueva normativa puede limitar la libertad de expresión. De hecho, como explicó el ministro Ahern, la reforma no se traduce en un endurecimiento de las penas, sino más bien en precisar algo que recoge la Constitución. Para suprimir este punto hubiera sido necesaria una reforma constitucional, que al menos de momento se intenta evitar. Además, el castigo no afectará a los trabajos literarios, artísticos, políticos, científicos o académicos que “una persona razonable” considere válidos. Así, la norma tiene la excusa abierta para que determinados actos blasfemos realizados mediante obras de teatro o la pintura, por ejemplo, podrían justificarse en caso de que alguien las denunciase, por su “valor artístico”.

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