I Congreso de Juristas Católicos en la ACdP sobre la familia, la vida, la ideología de género, la objeción de conciencia y la relación entre la Ley Positiva y el Derecho Natural

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La ACdP y el CEU plantean una reflexión jurídica en temas como la vida, la objeción de conciencia o la ideología de género en el I Congreso de Juristas Católicos que se esta desarrollando este fin de semana en Madrid.

Madrid, 19 sep (Fuente: gabinete de comunicación CEU).-  El I Congreso de Juristas Católicos organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP)  y la Universidad CEU San Pablo, fue clausurado hoy tras dos jornadas de trabajo en torno al “Derecho y la Moral”.

El encuentro se planteó con la intención de suscitar una reflexión desde la perspectiva del Derecho sobre las grandes cuestiones morales que se deliberan en la actualidad y su plasmación en el corpus jurídico. 

Así, asuntos como la Familia, la Vida, la relación entre Ley positiva y Derecho Natural, la articulación de la Objeción de Conciencia o el posicionamiento jurídico ante la Ideología de Género han sido analizados por juristas como el académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Andrés Ollero, el abogado del Estado, José Ramón Recuero, el catedrático de Filosofía del Derecho, Ignacio Sánchez Cámara, el abogado del Estado, Jesús Trillo-Figueroa, el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, o el académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Rafael Navarro-Valls, entre otros.

Durante el acto de inauguración del Congreso celebrado ayer, el  director del Servicio Jurídico Civil de la Conferencia Episcopal Española, Silverio Nieto, que estuvo  acompañado por el presidente de la ACdP y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfredo Dagnino Guerra, afirmó que: “que la justicia va más allá de la coyuntural mayoría política” y reivindicó la dignidad del no nacido.

“Ante el positivismo jurídico imperante, aquél que sólo reconoce el fundamento de la ley positiva, cabe proclamar la existencia de unos derechos innatos y de una dignidad propia del ser humano que son preexistentes a cualquier legislación”, dijo el director del Servicio Jurídico Civil de la CEE.

Según explicó Nieto, la existencia de una mayoría parlamentaria no es en sí fuente absoluta de legitimidad, pues “la justicia va más allá de mayorías coyunturales. La justicia –ha añadido- exige respeto a la dignidad de la persona, con independencia de la fase de su vida en que se encuentre, desde su misma concepción hasta su muerte natural”. Asimismo,  apeló a la necesaria vinculación del Derecho a la Ley Natural, lo que ha de servir para distinguir los “verdaderos derechos” de lo que denominó “reivindicaciones subjetivas”.

En esta misma línea, el presidente de la ACdP y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfredo Dagnino, denunció las violaciones de los derechos fundamentales de la persona que se producen “también en nuestras modernas y progresistas democracias”. Esto sucede aún cuando “en apariencia se busque su defensa mediante la creación de nuevos derechos”. 

Se llega por este camino a una “desnaturalización de las instituciones”. Una situación que “lleva a muchos de nuestros contemporáneos a no respetar o subestimar el derecho a la vida, como si fuese algo disponible”. Ejemplo de ello es, para Dagnino, el que el aborto haya obtenido reconocimiento jurídico, un hecho que, a su juicio, se consuma “en nombre de la autonomía de la decisión del más fuerte sobre el más débil”. 

La sentencia de 1985 

El catedrático de Filosofía del Derecho y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Andrés Ollero, también apeló a la necesaria referencia a un derecho natural que esté por encima y marque los límites de la acción legislativa. “Ganar unas elecciones –subrayó- no da derecho a cambiar el código moral de una sociedad. Quien gana unas elecciones no puede aprovecharse de ello para adoctrinar a la sociedad, sobre todo a los menores”. 

Por esta primacía del Derecho Natural y la dignidad del hombre que de él emerge, Ollero defendió el ejercicio de la objeción de conciencia más allá de que esté previsto o no en la ley correspondiente, aun más cuando “el derecho a la objeción de conciencia viene vinculado a la libertad religiosa e ideológica, consagrada en el artículo 16 de la Constitución”, apostilló. 

Asimismo, Ollero aprovechó su intervención para recordar la vigencia de la sentencia emitida por el Tribunal Supremos en 1985 al respecto de la consideración del no nacido, y recalcó al respecto que la sentencia dejaba claro que “en ningún caso la vida del no nacido puede subordinarse a la decisión autónoma de la mujer”.

Críticas al Gobierno

El matrimonio, la familia, la paternidad y la maternidad son los grandes enemigos a los que pretende destruir una ideología, la de género, que informa gran parte de las acciones legislativas del actual Gobierno. Ésta es la advertencia que ha dejado el abogado del Estado, Jesús Trillo-Figueroa, durante su intervención en el Congreso.

A partir de la premisa “de que el sexo genital no es más que un dato que no condiciona el género, ya que éste es un constructo social”, la ideología de género, explicóp el ponente, persigue el ideal de la neutralidad sexual. Para ello –ha incidido- busca “acabar con cualquier alienación que induzca a la diferenciación sexual”. Esto es, con instituciones como el matrimonio o la familia, edificadas a partir de esta diferenciación, aseveró Trillo-Figueroa.

Se configura así un contexto jurídico en el que, dado que el género no aparece vinculado al sexo, es el deseo quien acaba por determinarlo, convirtiéndose así “en categoría ética y jurídica, en fuente de legitimidad”. El principio de generalidad de la ley se ve sustituido, observó el jurista, por “la ley de que lo que vale es lo que apetezca. Sobre ello se construye la aberración de decir que se tiene derecho a un hijo. ¿Acaso un hijo puede ser objeto de derecho?”, se lamentó.

Son estas las líneas generales que definen una ideología que, tal como ha advertido Trillo-Figueroa, “se está imponiendo en España de manera inadvertida a través del Derecho”. En este sentido, aludió no sólo a la última ‘Ley de Aborto’ y a otras como la que regula el matrimonio homosexual, sino también a la jurisprudencia emanada en los últimos años del Tribunal Constitucional, cuestión ésta última que le resulta “la más inquietante” y que, de seguir en la misma línea, podría “cambiar las cosas de verdad”.

En lo que respecta particularmente a la denominada ‘Ley del Aborto’, Trillo Figueroa recalcó que supone el intento de construir “un derecho que es la meta fundamental de la ideología de género” Y ésta no sería otra que alcanzar lo que el abogado denominó “dictadura de la mujer “–en analogía con la dictadura del proletariado marxista. Un estado en el que la mujer tendría “jurisdicción absoluta y dictatorial sobre la reproducción” y que supondría la definitiva ruptura de la subordinación con respecto al hombre derivada del hecho de la maternidad. Lo que hay –concluyó- es “un ataque frontal contra la maternidad”.

Ayudas a la embarazada

La promoción del efectivo cumplimiento de la voluntad de la embarazada requeriría que, además de la posibilidad de abortar, las autoridades públicas pusieran a su disposición una serie de prestaciones que ayudaran a la mujer a completar su proceso de gestación. Esta es la propuesta que ha lanzado el catedrático de Derecho Eclesiástico y académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Rafael Navarro Valls, durante su intervención el I Congreso de Juristas Católicos.

Con la articulación de esta serie de ayudas, que, según ha expuesto hoy, en la segunda jornada, el profesor Navarro Valls, podrían canalizarse a través de la Seguridad Social, “el legislador demostraría que su intención no es masacrar miles de fetos al año, sino cumplir realmente con la voluntad de la madre”.

El jurista también valoró la denominada ‘Ley del Aborto’, a la que considera “anticonstitucional”, ya que, tal como se regula el caso, no se presenta como un conflicto de intereses, sino “como la imposición de una voluntad”. Asimismo, a juicio del catedrático, la ley quiebra el principio de que la vida del nasciturus es algo merecedor de tutela, algo que se consagraba en la sentencia que el Tribunal Constitucional dictó al respecto en 1985.

En lo que se refiere a la Objeción de Conciencia, tema central de su exposición, Navarro Valls criticó las últimas interpretaciones que el Tribunal Supremo ha emitido sobre el tema. “Se le ha metido en la cabeza a alguna sala de Tribunal Supremo que para que una objeción de conciencia sea efectiva es necesario que haya una ley que expresamente la reconozca”, ha dicho. 

Clausura del Congreso

En el acto de clausura del Congreso, celebrado hoy, han participado el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfredo Dagnino, el director del Congreso Católicos y Vida Pública y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, José Francisco Serrano Oceja, la secretaria general de la Universidad CEU USP, Marta Villar Ezcurra, el decano de la Facultad de Derecho de la CEU USP, Juan Manuel Blanch Nougués, y el coordinador del I Congreso de Juristas Católicos Carlos Romero Caramelo.

En el acto se ha puesto de manifiesto  que el Congreso de Juristas Católicos nace “con el íntimo deseo de agrupar y reunir a los juristas católicos no sólo para la puesta en común de nuestras inquietudes, sino para fomentar la creación de foros de debate que favorezcan la discusión”, asegura Blanch Nougués, quien ha  realizado una síntesis del evento.

En ésta ha repasado los temas abordados y ha citado algunas conclusiones como el  rechazo de la misión laicista del mundo actual, que pretende confinar la religión al ámbito individual; las implicaciones  en la concepción del ser humano; la  reivindicación  del valor de una antropología metafísica; y la importancia del valor de la familia, el matrimonio, la paternidad y la maternidad. 

En conclusión, ha afirmado Nougués, “consideramos valioso el cristianismo por su misión enriquecedora del mundo, no como una teoría, sino como la renovación que produce en el cristiano el encuentro con Cristo”. Y es que “la exigencia del cristiano opera como garantía del bien común”.

El I Congreso de Juristas Católicos es la plasmación primera de la iniciativa de la ACdP y el CEU de organizar sucesivos congresos de Profesionales Católicos, “una nueva obra de la Asociación Católica de Propgandistas”,  tal como los ha definido el propio Alfredo Dagnino.

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