El Vaticano tacha de miope la sentencia de Estrasburgo contra el crucifijo en las aulas públicas

crucifijo en el aula webLa decisión de la Corte de Derechos Humanos de Estrasburgo, que condena al Estado italiano a pagar 5.000 euros a Lautsi por “daños morales”, ha originado una conmoción política. El Gobierno ha expresado su desacuerdo con la decisión y ha anunciado que la recurrirá.

Madrid, 4 de noviembre (Con información de agencias y del VIS).-  El presidente de la comisión para el Ecumenismo y el Diálogo de la Conferencia Episcopal italiana (CEI), monseñor Vincenzo Paglia, tildó  ayer de “irresponsable” y “miope” la sentencia con la que la Corte europea de los derechos del hombre de Estrasburgo (Francia) declara que la presencia de los crucifijos en las aulas supone una “violación” de la libertad religiosa.

“Frente al vacío ético, moral que a menudo vemos en nuestros jóvenes, pensar que se les ayuda haciendo ‘tabula rasa’ con todo me parece verdaderamente miope”, considera el obispo italiano en declaraciones a ‘Radio Vaticana’. A su juicio, detrás del crucifijo “hay una dimensión cultural y educativa que sería verdaderamente irresponsable intentar eliminar”.

El Gobierno de Silvio Berlusconi recurrirá la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  El juez Nicola Lettieri, quien defiende a Italia ante la Corte de Estrasburgo,  informó poco después de conocerse el fallo de que la decisión será recurrida por el Ejecutivo italiano, cuyos miembros hicieron público ayer martes su disconformidad con la sentencia.

Lla ministra de Educación, Mariastella Gelmini, a través de un comunicado ha divulgado un comunicado de prensa señaló que la presencia del crucifijo en las aulas “no significa adhesión al catolicismo, sino que es un símbolo de nuestra tradición”.

“La historia de Italia pasa también por los símbolos, y eliminando parte de ellos se elimina también una parte de nosotros mismos”, apunta Gelmini. “Nadie quiere imponer la religión católica y mucho menos se la quiere imponer a través de la presencia del crucifijo. Es igualmente verdad que nadie, ni siquiera una corte europea ideologizada, conseguirá borrar nuestra identidad”, agrega el comunicado.

Violación de la libertad religiosa

La sentencia,  que define la presencia del crucifijo en las escuelas públicas como una violación de la libertad religiosa de los alumnos “ha sido acogida en el Vaticano con sorpresa y pesar”. Así lo afirmó ayer el padre Federico Lombardi S.I., director de la Oficina de Información de la Santa Sede, en declaraciones a medios de comunicación con las que ha comentado la sentencia de condena europea al sistema vigente actualmente en Italia de la presencia del crucifijo en las aulas.

“El crucifijo siempre ha sido un signo de ofrenda de amor de Dios y de unión y acogida para toda la humanidad –considera el portavoz vaticano–. Es una pena que sea considerado como un signo de división, de exclusión o de limitación de la libertad. No es esto, y no lo es para el sentimiento común de nuestra gente”.

En particular, el padre Lombardi considera que “es grave marginar del mundo educativo un signo fundamental de la importancia de los valores religiosos en la historia y en al cultura italiana”.

Según el portavoz, “la religión ofrece una contribución preciosa a la formación y crecimiento moral de las personas, y es un componente esencial de nuestra civilización”. Por este motivo, “es equivocado y miope querer excluirla de la realidad educativa”.

“Sorprende, además, que un Tribunal europeo intervenga con tanto peso en una materia tan profundamente ligada a la identidad histórica, cultural, espiritual del pueblo italiano”, reconoce.

“Por este camino uno no se siente atraído a amar y compartir más profundamente esa idea europea, que como católicos italianos hemos apoyado fuertemente desde sus orígenes”.

“Parece que no se quiere reconocer el papel del cristianismo en la formación de la identidad europea, que sin embargo ha sido y sigue siendo esencial”, concluyó el portavoz vaticano.

Reacciones en España

En España, nada más conocerse la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, la asociación Europa Laica hizo público un comunicado en el que señaló que España también ha sido condenada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos por la presencia de crucifijos en los centros escolares públicos, y pidió -copmo viene haciendo habitualmente- la inmediata eliminación de los símbolos religios de todos los centros educativos públicos. 

La asociación denunció que el Estado español, al permitir la exhibición de crucifijos y demás símbolos religiosos católicos en un buen número de centros escolares públicos, “también vulnera la libertad de conciencia del alumnado y los derechos de los padres y las madres a educar a sus hijos según sus convicciones”. 

Y, por ello, pide al Gobierno “la inmediata eliminación de los símbolos religiosos de todos los centros escolares públicos sin necesidad de esperar a la aprobación de la ley de libertad de conciencia que actualmente prepara el Gobierno”. 

Para Europa Laica se trata de “poner fin a un anacronismo, treinta años después de la proclamación de una constitución democrática”, y añadió que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho honor a su nombre, al defender la libertad de conciencia de los individuos por encima de la imposición de símbolos y costumbres por parte de determinadas confesiones religiosas al conjunto de la ciudadanía”.

Durante el día de hoy miércoles, han seguido las reacciones en España favorables a las tesis de la Corte de Estrasburgo. Y así se han pronunciado a favor de la retirada de los crucifijos de los colegios públicos las Juventudes Socialistas, Ezquerra Republicana de Catalunya y la Consejera de Educación de la Junta de Andalucía.

Por su parte,  las organizaciones de padres CONCAPA y COFAPA han coincido hoy en denunciar la “intolerancia” que supone imponer la supresión del crucifijo en las escuelas.

El caso que motiva la sentencia

El caso sobre el que ha fallado el Tribunal de Estrasburgo fue presentado por una ciudadana italiana de origen finlandés.  Soile Lautsi, una madre italiana residente en Abano Terme, con dos hijos de 11 y 13 años, respectivamente, que en el curso 2001-2002 asistieron a clase en el instituto público “Vittorino da Feltre”, de esa localidad (noreste de Italia), reclamó ante el Tribunal europeo tras sucesivas reclamaciones ante las instancias judiciales italianas.

Lautsi vio que las aulas tenían un crucifijo y estimó que eso era contrario al principio de secularidad en el que pretendía que se educara a sus hijos; presentó una reclamación pero la dirección de la escuela no accedió a su petición.

Posteriormente, reclamó ante las autoridades regionales, que llevaron el asunto al Tribunal Constitucional italiano, ante el cual el Gobierno defendió que la exhibición del crucifijo era “natural” porque no sólo es un símbolo religioso sino la “enseña” de la única iglesia citada en la Constitución italiana (la Iglesia Católica).

El Constitucional italiano se pronunció posteriormente, el 15 de diciembre de 2004, y consideró que no tenía jurisdicción sobre el asunto al estar relacionado con normas estatutarias y no legislativas.

Un tribunal administrativo se pronunció en marzo de 2005 y falló en contra de la demandante al considerar que el crucifijo es tanto un símbolo de la “historia y la cultura” italianas, “y, consecuentemente, de la identidad italiana”, así como de los principios de “igualdad, libertad y tolerancia”, según un comunicado del Tribunal de Estrasburgo.

Posteriormente, el 13 de febrero de 2006, el Consiglio di Stato rechazó la demanda porque consideró por su parte que el crucifijo se había convertido “en uno de los valores seculares de la Constitución italiana y representaba los valores de la vida civil”.

El asunto fue después llevado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ahora estima que la presencia del crucifijo -la Corte precisa que se trata de su exhibición obligatoria en instituciones públicas- “podría interpretarse fácilmente por alumnos de todas las edades como un signo religioso”.

La sentencia

La exhibición obligatoria de crucifijos en las aulas es contraria al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus creencias y al de libertad de religión de los alumnos,  estimó ayer  el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo,  de manera unánime,  a propósito de la reclamación de la ciudadana italiana.

El tribunal consideró que “la exhibición obligatoria del símbolo de una determinada confesión en instalaciones utilizadas por las autoridades públicas, y especialmente en aulas” restringe los derechos paternos a educar a sus hijos “en conformidad con sus convicciones”. El fallo agrega que esa exhibición del símbolo cristiano también limita “el derecho de los niños a creer o no creer”.

Aunque el Tribunal estima que esa exhibición “puede ser alentadora para los alumnos religiosos”, añade que también puede ser “molesta” para los que practiquen otras religiones o sean ateos.

“El Estado debía de abstenerse de imponer creencias en lugares de los que dependen las personas. En concreto, se debía observar una neutralidad confesional en el contexto de la educación pública”, precisa el Tribunal en su decisión sobre el caso entre Lautsi y el Estado italiano.

En el fallo se agrega que este caso afecta a la educación pública, “donde la asistencia a clase era obligatoria independientemente de la religión, y donde el objetivo debería ser estimular el pensamiento crítico de los alumnos”.

El Tribunal asegura que no pudo llegar a determinar cómo la exhibición en aulas de escuelas públicas del crucifijo, un símbolo que “podría asociarse de manera razonable con el catolicismo (…) podría servir al pluralismo educativo que es esencial para proteger a una ‘sociedad democrática'”.

En su fallo, explica que, de manera unánime, el Tribunal consideró que, en el caso presentado por la demandante, se produjo una violación de los artículos 2 y 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

Dos vías

El recurso del Gobierno italiano  abre ahora dos vías. Si la Corte lo acepta,  el caso será revisado por la Gran Cámara, el órgano superior del tribunal. Si no fuera admitido, la sentencia será ejecutiva en tres meses, y el Comité de Ministros del Consejo de Europa deberá, en seis meses más, decidir qué acciones debe tomar el Gobierno italiano para no incurrir en nuevas violaciones ligadas a la presencia de los crucifijos en las escuelas públicas.

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