La CEE considera que el proyecto de ley Reguladora de los Derechos de la persona ante el proceso final de la vida, podría suponer una legalización encubierta de prácticas eutanásicas

Coimisión Permanente CEEPor su parte, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, ha recordado a la Conferencia Episcopal Española que no hay nada más humanitario y caritativo que mitigar el dolor y el sufrimiento de una persona en los últimos días de su vida.

Madrid, 24 de junio de 2011 (Por Trastevere).-  La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en su reunión del 21 y 22 de junio, ha aprobado una declaración sobre el Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la persona ante el proceso final de la vida (Muerte digna), documento que se dará a conocer íntegramente el próximo lunes día 27, en el  transcurso de una rueda de prensa.

En una nota resumen de los trabajos de la Comisión Permanente, los obispos   recuerdan las numerosas ocasiones en las que la Conferencia Episcopal Española ha hecho oír su voz para anunciar el Evangelio de la Vida, según el cual “la vida de cada persona es sagrada, también cuando es débil, sufriente o se encuentra al final de su tiempo en la tierra” y que “las leyes han de proteger siempre su dignidad y garantizar su cuidado”.

En la  Declaración, los prelados reconocen la “intención laudable” del Proyecto que, según se explicita en el propio texto legal, es la de proteger la dignidad de la persona en el final de la vida sin despenalizar la eutanasia. Sin embargo, los obispos señalan que “una concepción de la autonomía de la persona, como prácticamente absoluta, y el peso que se le da a tal autonomía en el desarrollo de la Ley acaban por desvirtuar la intención declarada y por sobrepasar el límite propuesto de no dar cabida a la eutanasia”.

El propio concepto de dignidad humana -añaden- queda negativamente afectado, “puesto que parece sostenerse implícitamente que una vida humana podría carecer de dignidad tutelable en el momento en el que así lo dispusiera autónomamente la parte interesada e incluso eventualmente un tercero”. El texto aprobado por los obispos señala también que el Proyecto de Ley emplea una definición reductiva del concepto de eutanasia, con la que se deja la puerta abierta a ciertas omisiones voluntarias que pueden causar la muerte o que buscan de modo directo su aceleración.  Se señalan algunas conductas eutanásicas a las que se daría cobertura legal como, por ejemplo, la posible sedación inadecuada, el abandono terapéutico o la omisión de los cuidados debidos.

La Declaración episcopal se muestra crítica con el trato que recibe en el proyecto de ley el derecho humano fundamental de libertad religiosa, con el hecho de que los profesionales de la sanidad queden prácticamente reducidos a ejecutores de la voluntad de los pacientes y con que no les sea reconocido el derecho a la objeción de conciencia.

Por último, el texto vuelve a proponer un modelo de Testamento Vital, acorde con la Doctrina Católica, que es una redacción actualizada del que ya ofreció en su momento la Conferencia Episcopal Española.

Respuesta de la ministra de Sanidad

leire-pajin-entrevistaEn relación con esta declaracion de la CEE, la ministra de Sanidad,  Política Social e Igualdad, Leire Pajín, -que ha insistido en varias ocasiones en que el anteproyecto no legaliza la eutanasia ni el suicidio asistido-  ha recordado a la Conferencia Episcopal que “no hay nada más humanitario y caritativo que mitigar el dolor y sufrimiento de una persona en los últimos días de su vida”.

En declaraciones a los periodistas el pasado día 23 en Alicante, Pajín ha recordado también a los obispos que se trata de “la misma ley que cuando dijeron lo contrario”, en referencia -informó la Agencia EFE– a unas palabras del cardenal Antonio María Rouco Varela del pasado 26 de mayo sobre que el proyecto de Muerte Digna “no es una ley de eutanasia”.

“La ley no ha cambiado sino que, en todo caso, ha sido mejorada porque en este trámite hemos incorporado algunas sugerencias que eran importantes del sector profesional, de los médicos, donde esta ley tiene un gran consenso”, ha  insistido la titular de Sanidad.

Informe del Gobierno sobre el proyecto de ley

Tras la reunión del Consejo de Ministros del pasado 10 de junio, en la que se aprobó el anteproyecto de ley, el Gobierno facilitó el siguiente INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LA LEY REGULADORA DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA ANTE EL PROCESO FINAL DE LA VIDA:

“El Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad sobre el Anteproyecto de la Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida. Esta Ley fue anunciada por el Gobierno en noviembre del año pasado y sus objetivos básicos son la protección de la dignidad de las personas cuando se encuentran enfermas en fase terminal o en situación de agonía y la garantía del pleno respeto de su libre voluntad en la toma de las decisiones sanitarias que afecten a dicho proceso.

Según recoge el texto autorizado hoy por el Consejo de Ministros, se entiende por situación terminal aquella en la que el paciente presenta una enfermedad avanzada, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico con un pronóstico de vida limitado a semanas o meses y en el que pueden concurrir síntomas que requieren una asistencia paliativa especializada.

Por otra parte, se entiende por situación de agonía la fase gradual que precede a la muerte y que se manifiesta clínicamente por un deterioro físico grave, debilidad extrema, trastornos cognitivos y de consciencia, dificultad de relación y de ingesta y pronóstico vital de pocos días.

Derechos

La futura Ley establece que las personas que se encuentren en estado terminal o de agonía tendrán garantizados una serie de derechos como:

  • Derecho a la información asistencial: las personas que se encuentran en el proceso final de la vida tienen derecho a recibir de forma clara y comprensible toda la información disponible sobre su estado real de salud, sus expectativas de vida y de calidad de la misma, y las medidas terapéuticas y paliativas que le resultarían aplicables. Las personas vinculadas al paciente serán informadas únicamente en la medida en que éste lo permita. Además, todas las personas tienen derecho a rechazar la oferta de esta información y a que esta decisión sea respetada.
  •  Derecho a la toma de decisiones: las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tienen derecho a que se respete su decisión sobre la atención sanitaria que se les dispense y podrán rechazar las intervenciones y los tratamientos propuestos por los profesionales sanitarios. La decisión sobre la atención sanitaria se expresará mediante el consentimiento informado del paciente, libremente revocable, y el rechazo a la intervención propuesta, así como la revocación del consentimiento informado previamente emitido deberán ser expresos, constar por escrito e incorporarse a la historia clínica. Cuando el paciente no pudiera firmar por incapacidad física para dejar constancia de su voluntad lo hará en su lugar otra persona que actuará como testigo a petición suya.
  • Derecho al tratamiento del dolor: todas las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tienen derecho a recibir la atención idónea para prevenir y aliviar el dolor, lo que incluye, además del tratamiento analgésico específico, la sedación. Las personas que precisen este tipo de atención también tendrán derecho a la asistencia domiciliaria en los cuidados paliativos que precisen.
  • Derecho al acompañamiento: los pacientes en el proceso final de su vida tendrán derecho a que se les permita el acompañamiento en los centros e instituciones sanitarias, siempre que ello resulte compatible con las medidas sanitarias necesarias para ofrecer una atención de calidad. Estos pacientes podrán recibir también el auxilio espiritual que soliciten conforme a sus convicciones y creencias.
  • Derecho a la intimidad personal y familiar: los centros e instituciones sanitarias garantizarán a los pacientes hospitalizados la preservación de su intimidad personal y familiar para lo que deberán facilitar a las personas que deban ser atendidas en régimen de hospitalización una habitación de uso individual durante su estancia. Asimismo, las personas en el proceso final de su vida tienen derecho a la protección de todos los datos relacionados con su atención sanitaria, historia clínica e instrucciones previas.

Pacientes en situación de incapacidad

Cuando la persona que se halle bajo atención médica esté en situación de incapacidad de hecho, tanto la recepción de la información asistencial como la prestación del consentimiento corresponderán, por este orden:

1.A la persona designada como representante en las instrucciones previas.

2.A quien ostente su representación legal.

3.Al cónyuge o persona vinculada por análoga relación de afectividad.

4.A los parientes de grado más próximo y, dentro del mismo grado, al de mayor edad.

Las situaciones de incapacidad no serán obstáculo para que los pacientes sean informados y participen en el proceso de toma de decisiones. La determinación de la situación de incapacidad de hecho se realizará a criterio del personal médico responsable del paciente, para lo que recabará la opinión de, al menos, otro profesional implicado directamente en la atención del paciente y consultará a su entorno familiar.

Instrucciones previas

La Ley también establece que toda persona mayor de edad y con plena capacidad de obrar tiene derecho a manifestar anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir en el proceso final de su vida. Esta manifestación de voluntad podrá realizarse mediante documento público o en documento otorgado conforme a lo dispuesto en la normativa autonómica aplicable. En este último caso, el documento deberá ser inscrito en el Registro Nacional de Instrucciones Previstas.

En las instrucciones previas se podrá designar un representante y determinar sus funciones, a las que éste deberá atenerse. El representante velará para que, en las situaciones clínicas descritas en la declaración, se cumplan las instrucciones que haya dejado establecidas la persona a la que represente y actuará siempre buscando el mayor beneficio y el respeto a la dignidad de la misma.

Las instrucciones previas podrán ser modificadas o revocadas mediante cualquiera de los medios previstos para su otorgamiento. En todo caso, cuando la persona que se encuentre en el proceso final de la vida conserve su capacidad, la voluntad manifestada durante este proceso prevalecerá sobre cualquier otra previa.

Profesionales sanitarios

Los profesionales sanitarios estarán obligados a respetar la voluntad y las convicciones y creencias manifestadas por el paciente sobre los cuidados y el tratamiento asistencial que desea recibir en el proceso final de su vida, en los términos establecidos por la Ley.

En todo caso, el personal médico deberá consultar el Registro Nacional de Instrucciones Previas y dejar constancia de dicha consulta en la historia clínica. En caso de que existe una contradicción entre los manifestado por el paciente y por su representante, prevalecerá siempre la voluntad del paciente. El cumplimiento de la voluntad del paciente excluirá cualquier exigencia de responsabilidad por las correspondientes actuaciones de los profesionales sanitarios.

La Ley también establece que, antes de proponer una intervención a un paciente en el proceso final de su vida, el médico responsable deberá asegurarse de que responde a la “lex artis” y que está clínicamente indicada, basándose para ello en la evidencia científica disponible, en su saber profesional, su experiencia y en el estado, gravedad y pronóstico del paciente.

En este sentido, el personal sanitario adecuará el esfuerzo terapéutico de modo proporcional a la situación del paciente y evitará la adopción o mantenimiento de intervenciones de soporte vital carentes de utilidad clínica sin menoscabo del bienestar del paciente. En todo caso, la adecuación del esfuerzo terapéutico requerirá del juicio coincidente de, al menos, otro médico que participe en la atención sanitaria y se adoptará tras informar al paciente o a su representante y teniendo en cuenta su voluntad y el criterio profesional del personal de enfermería responsable de los cuidados.

Obligaciones de las administraciones sanitarias

En lo que respecta a las obligaciones de las Administraciones sanitarias, la Ley señala que éstas garantizarán:

  • El respeto a la voluntad expresada por el paciente sobre el proceso final de su vida y a los restantes derechos reconocidos en la Ley.
  • La información a los ciudadanos sobre la posibilidad de otorgar instrucciones previas, así como las formalidades necesarias para su otorgamiento y de los requisitos para su registro.
  • El acceso de los profesionales sanitarios a los registros de instrucciones previas.
  • La confidencialidad, seguridad e integridad de los datos inscritos en dichos registros de instrucciones previas.
  • La promoción de iniciativas formativas de calidad para los profesionales en el ámbito de la prestación de cuidados paliativos.
  • El derecho de los ciudadanos y de los profesionales a recibir información sobre los cuidados paliativos.

Del mismo modo, las Administraciones promoverán en sus respectivos ámbitos de competencia la existencia de comités de ética asistencial con funciones, entre otras, de impulsar protocolos de actuación para garantizar la aplicación de la Ley.

3 Responses to “La CEE considera que el proyecto de ley Reguladora de los Derechos de la persona ante el proceso final de la vida, podría suponer una legalización encubierta de prácticas eutanásicas”

  1. […] Más información en este blog: http://blogs.21rs.es/trastevere/2011/06/24/la-cee-considera-que-el-proyecto-de-ley-reguladora-de-los… […]

  2. Es sorprendente el cambio de actitud del cardenal Rouco: “”Yo no he leído el texto del anteproyecto de ley. Lo han leído algunos colaboradores, y el juicio primero es que no es una ley de eutanasia. No tengo opinión sobre los detalles”.

    Esta afirmación la hizo Rouco el pasado día 26, durante una conferencia sobre la JMJ en el foro Nueva Sociedad en uno de los hoteles más emblemáticos de la capital.
    Si un gallego como Rouco -prudente y ladino hasta la médula- se atrevió entonces a hacer esta afirmación ante multitud de oyentes y de periodistas que seguían su conferencia, está claro que entonces lo tenía muy claro y que no quería abrir una línea de confrontación contra el Gobierno ante la proximidad de la JMJ.
    Si ahora cambia sólo cabe pensar, y hay muchos argumentos para ello junto a declaraciones de determinados colectivos sociales de la Iglesia católica, es que la “caverna” de la Iglesia en España ha presionado para ello junto a algunos obispos que todavía anhelan una Iglesia que imponga su moral al Estado.
    Buen cambio, y el Gobierno de Zapatero seguirá volcado en el evento de agosto, Así nos va a todos en esta España que sigue siendo la de la pandereta en algunas cuestiones.

  3. Extrañado, no puedo más que estar de acuerdo contigo, la “caverna”, como tu dices, se sigue rearmando y presionando por todos los medios para que este país siga anclado en el pasado y sigan mandando los mismos con iguales privilegios que en el pasado. Rouco no pudo cometer ese error, está claro quien manda en la Iglesia español: la ultraderecha católica

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