Confesiones de un médico

Un grupo de médicos de los Colegios de Tarragona, Barcelona y Lérida ha enviado sendos requerimientos administrativos al Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) y al Consell de Col.legis de Metges de Catalunya. En ellos se solicita la anulación de los acuerdos y comunicados corporativos emitidos por dichas instituciones sobre el referéndum del 1 de octubre de 2017 en esa comunidad autónoma, la actuación de las Fuerzas de seguridad del Estado en esa fecha y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Resulta obvio -y las leyes así lo señalan- que una Corporación Profesional, al ser de afiliación obligatoria, ha de ceñirse a la materia profesional que le es propia, y no puede ni debe adscribirse a una orientación ideológica concreta. Con sus actuaciones el COMB y el Consell presentaron su doctrina ideológica como si fuera la de todos, adoptando una decisión partidista. Tomaron acuerdos y emitieron comunicados sin contar con la opinión de los colegiados, vulnerando así derechos fundamentales como son la libertad individual de conciencia, pensamiento y expresión. Usurparon opiniones y decisiones que en modo alguno les habían sido conferidas ni delegadas. Con ello no hicieron sino seguir el camino marcado por los golpistas, que durante todo el proceso desdeñaron, ignoraron y violaron los derechos y libertades de aquella parte de la ciudadanía que no suscribía sus postulados ideológicos, de una manera que ninguna sociedad civilizada puede tolerar.

Desgraciadamente, esta actitud no ha sido exclusiva de los Colegios de Médicos, también otros colectivos profesionales han tenido que exigir a sus responsables neutralidad política. En el caso concreto de los Abogados y Arquitectos los Tribunales de Justicia han dado la razón a los colegiados que reclamaron neutralidad. En la misma línea los colegiados que realizan el requerimiento (primeramente administrativo, entiendo que si se ignora esta vía irán a la judicial), han tomado esta iniciativa. Este grupo de médicos que ejercen en Cataluña reivindica así sus derechos vulnerados por los colegios de médicos catalanes, dada la dejación de funciones que el Estado ha realizado -antes y después del 155- en esa parte de España. Es triste que los ciudadanos debamos pelear por derechos fundamentales constitucionales y los responsables políticos miren para otro lado. Por demasiado tiempo se han consentido y se siguen consintiendo este tipo de desmanes, y no debiera sobrevivir políticamente un Gobierno que ha actuado tarde y mal y que no ha puesto coto suficiente a una rebelión violenta -porque la vulneración sistemática de derechos realizada desde las instituciones y los medios de comunicación catalanes es una forma no menos execrable de violencia-, fiándolo casi todo a la acción de la justicia.

Esta es una semana triste para nuestro país: persiste el desafío secesionista en un contexto de respuesta tibia por parte del Gobierno y los comunicados de la banda terrorista ETA nos reavivan los recuerdos de una época llena de sangre y de dolor. Una época en que matar y torturar se aceptó por muchos como un medio adecuado para conseguir un fin político (no sólo por los que perpetraban los crímenes, también por quienes les jaleaban o admitían, y por quien luego accedió a pactar con ellos). La sociedad que acepta que la violencia -de todo tipo, como he explicado antes- forme parte de las reglas del juego se está condenando a sí misma, como le ocurrió a Caín. No es casualidad que estas dos realidades se recojan y reflejen juntas en los diarios y en mi entrada de hoy: son diferentes cabezas de la misma hidra, que pretendió y pretende destruir un país que entre todos hemos construido a base de esfuerzo, de lágrimas y de sudor. En lo que a mí concierne, no voy a aceptar este hecho sin pelear, como no lo aceptan estos colegiados, que defienden sus derechos vulnerados.

Recen por los enfermos y por quienes le cuidamos.

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